Un estruendo sacude a la oposición venezolana. La investigación de Armando.info, website venezolano especializado en periodismo investigativo, destapó cómo diputados opositores al gobierno de Nicolás Maduro, en su mayoría de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, se prestaron para lavarles la cara a empresarios cercanos al propio Maduro como el colombiano Alex Saab, sancionado en julio por el Departamento del Tesoro y considerado en Estados Unidos testaferro del líder chavista.
El reportaje, publicado el primero de diciembre, desató una tormenta política en la oposición, encabezada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la república desde el 23 de enero. Con nombres, apellidos e identificación partidista, el trabajo describe a los parlamentarios que, actuando a nombre de la Asamblea Nacional y de la propia Comisión de Contraloría, se prestaron para limpiar el historial del colombiano y su vasta red empresarial, así como negar la existencia de cualquier investigación administrativa en su contra. Todo ello justo en el momento en el que varias jurisdicciones del mundo indagaban sobre sus oscuros negocios con el chavismo.
El reportaje de Armando.info desató un escándalo en la oposición al revelar la complacencia de sus miembros con empresarios del entorno más cercano de Maduro.El 9 de octubre los diputados José Brito y Adolfo Superlano entregaron en Bogotá en la Fiscalía General de la Nación una carta en defensa de Carlos Lizcano. Este empresario colombiano opera en Venezuela varios de los negocios del barranquillero Alex Saab.
Todo comenzó en 2018. Desde entonces el diputado Luis Parra, del partido Primero Justicia, inició contactos con Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario colombiano que opera en Venezuela negocios de Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas. A partir de allí tejieron una trama que involucró otros ocho diputados de varios partidos de una cada vez más fragmentada oposición. Se trata de José Brito y Conrado Pérez, también de Primero Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular –el partido de Guaidó-, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo, y Adolfo Superlano, hasta hace poco de la novel agrupación Cambiemos.
Los diputados llegaron con su gestión, incluso, a instancias internacionales. La más reciente ocurrió el 9 de octubre cuando los diputados José Brito y Adolfo Superlano consignaron una carta ante la subdirección de gestión documental de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Allí favorecían a Carlos Lizcano, nacido en Cúcuta pero nacionalizado venezolano recientemente, y su compañía Salva Foods, responsable de las Tiendas Clap: “Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, dice la carta fechada el 20 de septiembre de 2019 y obtenida en exclusiva por Armando.info. Carlos Lizcano y su empresa Salva Foods son apenas dos de los eslabones de la compleja red empresarial que Saab y Pulido idearon para controlar el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) desde su inicio en 2016. Esta involucra a sociedades en Colombia, Hong Kong, México y más recientemente en Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Carlos Lizcano también desempeña un papel clave en la estructura de Saab para explotar y comercializar el oro venezolano.
La carta suscrita por varios diputados de oposición confirma que estos intentaron limpiar el historial de los oscuros negocios de Alex Saab con el chavismo. Esa gestión del 9 de octubre ante la Fiscalía de Colombia resulta asombrosa, si se tiene en cuenta que esa entidad también ha investigado los negocios de Alex Saab y este año le imputó varios cargos en el denominado caso Shatex. Pero oficios como el que entregaron los diputados de oposición en Bogotá pudieron llegar, incluso, hasta el Departamento del Tesoro, quizás donde vigilan a Saab con más ahínco desde hace años.
Los jefes de los partidos políticos pronto apartaron de sus filas a los involucrados en el escándalo. El propio Guaidó anunció, horas después de salir el informe de Armando.info, que asumiría el asunto la Comisión de Contraloría, así como una “comisión especial” para conocer exactamente lo que pasó y determinar responsabilidades. La tormenta apenas se iniciaba. Los diputados involucrados en el escándalo primero atacaron a los periodistas. Luego pasaron a dar versiones contradictorias para explicar lo sucedido en la Comisión de Contraloría. Después afirmaron que alguien había falsificado sus firmas en esas certificaciones en favor de Alex Saab y Carlos Lizcano. Y lo peor llegó cuando algunos de ellos lanzaron descalificaciones y acusaciones contra los jefes de los partidos y hasta contra el propio Guaidó, en un claro intento por desviar la atención del escándalo inicial. Ahora el tiempo corre contra Juan Guaidó y la oposición venezolana. El presidente encargado le dio a la “comisión especial” un plazo de 15 días para presentar los resultados. Ya han interrogado al personal técnico y administrativo que labora en la Comisión de Contraloría. Esta semana les llegará el turno a los diputados involucrados. Sin embargo, en el horizonte ya aparece el 5 de enero, día en que la Asamblea Nacional debe elegir a su presidente para el último año de un periodo legislativo que comenzó en enero de 2016, pero que el chavismo ha logrado anular por la vía de los hechos y maniobras judiciales. En el aire está la propia continuidad de Juan Guaidó al frente del parlamento.
En medio de la tormenta desatada sobre los diputados de la Comisión de Contraloría, surgieron las voces de otros diputados de oposición que alertan del plan del chavismo para comprarlos. Varios de ellos reconocen públicamente haber recibido ofrecimientos de hasta un millón de dólares para votar contra la continuidad de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional en enero.
La mayoría de los diputados involucrados en este caso pertenecen a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el único órgano de control de Venezuela que no está en manos del chavismo.