Este martes 22 de noviembre, la Asamblea Departamental de Cundinamarca realizará un debate de control político a la Secretaría de Educación, a los operadores del PAE del departamento y al interventor por una serie de denuncias alrededor de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar.
El citante al debate de control político fue el diputado Wilson Flórez, del partido Centro Democrático. Las denuncias de posibles irregularidades en el PAE van desde la entrega y calidad de alimentos, los faltantes en los pedidos, la carencia de canales de comunicación asertivos de los operadores y las inconsistencias alrededor de la falta de pago de personal, motivo por el cual recientemente hubo un paro.
“No puede ser que los niños de Cundinamarca, especialmente los que se encuentran en zonas rurales, estén en riesgo por un programa que le cuesta más de 100,000 millones de pesos al departamento y es completamente ineficaz y no responde sus necesidades”, afirmó el diputado.
El informe de la Defensoría del Pueblo determina que las remisiones llegaron incompletas y hay días que el mercado no llega y no pueden cumplir con la demanda de los estudiantes. Existe un aumento sustancial en los reportes: Mientras que en 2021 se reportaron 184 reportes, en lo que va del año 2022 se han reportado 879 reportes.
Los municipios más afectados con las posibles irregularidades son: Arbeláez, Choachí, San Juan de Ríoseco, Granada, Villa Gómez, Bituima, Girardot, Villa Pinzón, El Rosal, Pandi, Cabrera, Guaduas, Pasca y Pacho.
Según lo señaló Flórez, esta situación con el PAE ha puesto en discusión la alimentación de más de 206 mil menores de edad de las clases sociales más vulnerables. “Es urgente hacer un control político para que las entidades respondan ante la sociedad, se ponga a la luz de la opinión pública qué ocurre en el manejo del PAE de Cundinamarca y así se pueda encontrar una solución inmediata. El bienestar de los niños no da espera”, sintetizó.
Procuraduría abrió indagación
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa a las entidades incursas en el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el departamento de Cundinamarca, por las presuntas irregularidades en la falta de pagos, pagos atrasados y pago por menor valor, sin inclusión de los aportes de prestaciones sociales en los contratos de las manipuladoras de alimentos del PAE.
La situación, denunciada por varios ciudadanos, produjo que el que 18 de octubre de 2022 el personal no se prestara el servicio y se declarara en cese de actividades en los municipios de Bituima, Villa Pinzón, Tausa, Sopó, Pacho y Bojacá, situación que afectó a más de 1.000 niñas, niños y adolescentes beneficiarios de la iniciativa.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca indagará las razones por las que, al parecer, los diferentes actores han incumplido de alguna manera con sus obligaciones dentro del programa, dando origen a este cese de actividades.
La Entidad ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria.
Llamado a nivel nacional
Después de la advertencia que hizo la Procuraduría General de la Nación sobre serias inconsistencias de 36 entidades territoriales, en los reportes de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el ente de control ha decidido tomar medidas más estrictas.
Como medida preventiva, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado a los alcaldes y gobernadores del país un informe detallado sobre las condiciones de sanidad y salud en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, esto con el fin de velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En el documento, el Ministerio Público aseguró que les “requirió a los 32 gobernadores y a los 64 alcaldes inscritos y municipios certificados un informe de sus obligaciones para garantizar la calidad de los alimentos servidos a los beneficiarios del PAE”.
Esta medida adoptada por la Procuraduría tiene el propósito que las entidades territoriales se anticipen a los hechos que afecten el buen funcionamiento y las garantías del programa.