Este lunes fue radicada la primera denuncia en contra de los directivos de la aerolínea Viva Air por la decisión que tomaron el pasado 27 de febrero de suspender, de manera sorpresiva, todas las operaciones, situación que afectó a miles de viajeros que cuando llegaron a las diferentes terminales aéreas recibieron la información que todo estaba suspendido, generando así un caos sin precedentes.
En la denuncia, presentada por el exfiscal general Mario Iguarán, se advierte que la decisión tomada por Viva Air lesionó la seguridad pública, el patrimonio económico y el orden económico y social puesto que los viajeros nunca recibieron una solución ni una ayuda para recuperar lo que ya habían pagado por los tiquetes y equipaje de bodega.
Según Iguarán, para finales de febrero, la aerolínea vendió cinco mil pasajes hacia diferentes trayectos. Sin embargo, la mayoría de estos no se hicieron efectivos debido a que la empresa se encontraba en una grave crisis económica y no podía reactivar las operaciones aéreas.
“Han generado un verdadero caos al interior del mercado aéreo nacional, derivando en consecuencias nefastas para el mercado del turismo que está directamente ligado a los viajes aerotransportados”. El exfiscal general calificó como “una verdadera vergüenza nacional” lo que se presentó, puesto que los directivos tenían la capacidad para entender las afectaciones que se iban a presentar con la suspensión de actividades y no tomaron las medidas para mitigar el impacto en sus usuarios.
Por esto, no dudó en señalar que hubo “mala fe” de los directivos “sin contemplar el bienestar, la vida o la salud de los viajeros”. Por estos hechos pidió que se investigue a los directivos de Viva Air y a un grupo de personas por determinar por los delitos de pánico económico; perturbación en servicio de transporte; estafa y ofrecimiento engañoso de productos.
El exfiscal general advirtió que pese a que ya se había tomado la decisión de suspender las operaciones se siguieron vendiendo tiquetes en la página web de la aerolínea, situación que se tradujo en “en un lucro para VIVA AIR”, pero al mismo tiempo “en la tragedia de miles de pasajeros y familias colombianas, además de generar así un evidente caos al interior del mercado aéreo nacional”.
Las quejas y reclamos de los usuarios nunca fueron atendidas por los canales que tenía la aerolínea, aumentando así la incertidumbre y el daño. “Las reservas aéreas ascendían a más de 450.000, según la Superintendencia de Transporte. Nada se les dijo a quienes habían reservado, para que pudieran tomar acción y cancelar las reservas a tiempo (para ese momento siquiera se tiene conocimiento de la implementación de un canal de comunicación de emergencia tipo hotline para conjurar la situación de crisis)”.
Las directivas -concluye la denuncia- no contemplaron “ningún mecanismo de devolución ágil del dinero, ni de compensación a los viajeros, mucho menos mecanismos de emergencia para atender a los viajeros en circunstancias extraordinarias a nivel clínico, o en condición de discapacidad vulnerabilidad”.
“Es posible y por ello se solicita la mayor celeridad posible a esta investigación a cargo de la Fiscalía, que las directivas de esta aerolínea ya estuvieran evaluando o ya conocieran las probables repercusiones de esta decisión, que posiblemente estaba bajo análisis o discusión desde un momento anterior, y aún así, ese mismo 27 de febrero, día que comenzó la crisis gestada a partir de una decisión arbitraria), se vendieron más de 5.000 pasajes a ciudadanos a lo largo y ancho del país sin advertirles la posibilidad de esa ocurrencia dramática para los usuarios. Se constituye, por tanto, una probable mala fe de las directivas. (…) Peor aún, para esa fecha, las reservas ascendían a 450.000 según la Superintendencia de Transporte y nada se les dijo a quienes habían reservado”, indica la denuncia.