Luis Carlos Reyes, el actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), fue requerido para que explique ante al Procuraduría General el trámite que se adelantó para la adjudicación del millonario contrato que tenía como objetivo la chatarrización de los vehículos adscritos a la entidad y que ya habían cumplido su vida útil.
En el documento, el organismo de control disciplinario le pide a Reyes que, en su calidad de director de la DIAN, envíe un detallado informe con “los análisis en torno a la posible violación a los principios de selección objetiva, transparencia y economía, al permitir el resurgimiento de etapas agotadas en el proceso de selección, cuando las mismas son preclusivas y perentorias”.
Igualmente, deberá entregar información “del estado actual del proceso de selección y la publicación del informe definitivo de evaluación de los proponentes, las actas de las sesiones de audiencia pública de subasta y las ofertas económicas iniciales de los habilitados, en garantía del debido proceso administrativo”.
Finalmente, deberá enviar copia del manual de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso de selección de la referencia. “La petición de estos documentos se hace en el marco de una alerta por irregularidades en el proceso de licitación y contratación que se adelantó hace algunas semanas”.
En este caso, se señala que el pliego de condiciones, que es clave para el objeto del contrato y la citación al proceso de licitación, habría presentado irregularidades. Hecho por el cual es necesario contar con la declaración del funcionario para que entregue sus explicaciones.
“El pliego de condiciones definitivo es el documento que contienen de forma clara y completa las reglas aplicables al proceso de selección, con el detalle de etapas, plazos y actuaciones; las exigencias para participar; los requisitos de capacidad requeridos para obtener habilitación, entre otros aspectos”, precisa uno de los apartes del documento de la Procuraduría.
En agosto pasado, la Red de Veedurías de Colombia advirtió que la Unión Temporal Rym S.A.S, sería la primera beneficiada del contrato que tenía un valor de 720 mil millones de pesos. La empresa, que sería propiedad de uno de los involucrados en el denominado cartel de la chatarrización que se presentó hace una década, sería la única que cumplía con los requisitos de experiencia fijados en el pliego de condiciones.
“Llama la atención la participación como oferente de la UNION TEMPORAL RYM SAS, de propiedad de Rafael Naranjo, la cual lidera el mercado de las empresas desintegradoras habilitadas y certificadas por los ministerios de Transporte y de Ambiente, para la chatarrización de los vehículos de carga, pese a hallarse ilegalmente habilitada, como quiera que no es persona jurídica y por tanto carece del certificado de existencia y representación legal”, precisó la Red por medio de un comunicado.
En este sentido se aclaró que todo el proceso de licitación estaría viciado puesto que la mencionada Unión Temporal no está representada por una persona jurídica, como se exige para este tipo de trámites. ¿En qué consiste la ilegalidad? Lo ilegal, asombroso y grave es que sin cumplir el requisito mínimo habilitante, atrás mencionado, de ser persona jurídica -pues según la ley y la jurisprudencia “las unión temporal no es una persona jurídica”- se han pagado irregularmente incentivos por chatarrización más de 720 mil millones de pesos, por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la UNION TEMPORAL RYM SAS”.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, indicó que “tales pagos irregulares se han efectuado, entre muchos otros, dentro del programa de Modernización del parque automotor de carga auspiciado por el Gobierno Nacional, y a través del Fondo de Reposición Vehicular. La Unión temporal RYM SAS ha venido siendo contratada indistintamente de manera continua en estado de abierta ilegalidad continua por más de siete años, desde su creación en febrero de 2016″.
¿Qué dice la Dian?
Frente a este requerimiento, la Dian reseñó que el requerimiento hecho por el organismo de control disciplinario se hace en el marco de sus funciones de vigilancia preventiva frente a este contrato. Tras realizar una mesa de trabajo el 18 de septiembre de 2023 se analizaron las recomendaciones y sugerencias que se presentaron durante el proceso de licitación.
Tras el análisis se blindó todo el proceso previo de licitación con el fin de evitar cualquier tipo de irregularidades y lograr los objetivos contractuales del mencionado contrato. “El proceso de subasta que adelanta la DIAN busca encontrar el proponente que le pague al Estado el precio más alto por kilogramo de material chatarrizado”.
Frente a la figura de Unión Temporal se advirtió que está avalada y protegida por la ley, hecho por el cual -pese a los cuestionamientos hechos por la Red de Veedurías- se buscó la mejor oferta. “El contratista seleccionado en subasta pública pagará a la entidad el valor ofertado por kilogramo de material ferros”.