En medio del múltiple crimen de niños indígenas en el departamento de Putumayo, que despertó la indignación en el país, las disidencias de las Farc, encabezadas por ‘Iván Mordisco’, se atribuyeron la responsabilidad. Su cinismo quedó plasmado en un comunicado que trascendió en las últimas horas y en el que aseguraron que sus víctimas fueron tres.
“Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (no fueron cuatro) que fueron ajusticiados, quienes tienen la edad que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes, que en nuestro caso es de manera voluntaria”, se lee en el texto.
Además, aseguraron abiertamente que los menores no habían sido reclutados a la fuerza. “Por el contrario, denunciamos que el enemigo busca aprovecharse de la vulnerabilidad de los pueblos originarios para hacer infiltración con el fin de desmoralizar y cooptar militantes al interior de los campamentos para violar nuestros estatutos, induciéndolos a cometer delitos”.
Esa estructura al margen de la ley afirmó que aceptaba su “responsabilidad, reconociendo los errores cometidos y asumiendo compromisos claros para la reparación con las comunidades”. En este punto, no entregaron mayores detalles sobre cómo se intentarán ‘resarcir’ los daños ocasionados.
Este domingo, 21 de mayo, la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de los menores y detalló en un comunicado que los “cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui” fueron ejecutados “luego de haber desertado” del frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes de las FARC que se adhirió a un cese al fuego bilateral planteado por el Gobierno.
“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que genera es el rechazo social y la desconfianza hacia los grupos armados que dicen tener intenciones de dialogar con el Gobierno de cara a un proceso de negociación”, apuntó la Defensoría.
Ese organismo instó al Gobierno a entregar con celeridad acompañamiento y protección a las familias de las víctimas en el Putumayo, y advirtió sobre el temor en el que estas se encuentran de que el grupo criminal pueda tomar represalias también contra estas. El llamado llegó al manifestar que los menores habrían sido reclutados en contra de su voluntad por parte de la Disidencia Frente 1 Carolina Ramírez de las Farc.
Suspensión del cese al fuego
Estos hechos llevaron a que el gobierno de Gustavo Petro suspendiera parcialmente la tregua con el denominado Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidentes de la guerrilla Farc. “Se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, escribió el mandatario en un comunicado difundido a través de Twitter.
El jefe de Estado condenó lo sucedido y lo calificó de “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”. En 2021 el centro de estudios independiente Indepaz, citado por AFP, estimaba que el EMC contaba con aproximadamente 1.700 combatientes.
En abril la facción liderada por ‘Iván Mordisco’ aseguró estar lista para comenzar las conversaciones el mes siguiente; sin embargo, no se llegó a concretar la instalación de una mesa de diálogos. Según el gobierno, la intención de una solución diplomática a las hostilidades se mantiene, pero aclaró que “si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”.