“Uno también tiene que defender lo que es de uno. Ojalá, no le prendan tanto fuego al chocolate hasta que se derrame”, dice un ganadero del Cesar que desde hace más de un año vive con la frustración al ver que de un momento a otro llegaron campesinos a invadirle la hacienda por la que, según él, su familia trabajó toda la vida. Carga con el certificado de libertad y tradición para arriba y para abajo, como prueba de que las haciendas El Silencio y San Martín, en Tamalameque, tienen dueño. Y que el ganado que está muriendo en la carretera era suyo, antes de que le invadieran sus predios.
A quienes llaman invasores argumentan tener derecho a un terreno para vivir y trabajar; se autoproclaman recuperadores de tierras, pues según ellos, y las organizaciones sociales que los respaldan, “los terratenientes” adquirieron esos predios y otros de la región de manera corrupta, engañando a sus ancestros y logrando que les escrituraran la tierra a bajos precios o con amenazas. Ellos también aseguran que están dispuestos a todo con tal de tener lo que consideran suyo.
Se paran de manera desafiante con palos y machetes, atraviesan motos en la vía, porque nadie entra ni sale del territorio sin su autorización. El equipo periodístico de SEMANA lo comprobó cuando se acercó al portón de la Hacienda Matarredonda, en zona rural de Tamalameque ―a más de 231 kilómetros de distancia de Valledupar―, y la noche empezaba a caer. Manifiestan que la actitud obedece a la desconfianza que tienen de todas las entidades, que, para ellos, solo buscan sacarlos del lugar; autoridades locales, nacionales, Policía, Ejército, medios de comunicación y todos aquellos que piensen diferente al proyecto que lideran, porque están convencidos de que eso motiva asesinatos selectivos de lideres, por haberles puesto el título de invasores.
En menos de 10 meses, cuatro personas que formaban parte de esos procesos fueron asesinados. El primero finalizando el 2021, Alber Mejía, quien formaba parte de la invasión de la hacienda El Silencio. La primera hipótesis en la línea de investigación habla de que el crimen sucedió en medio del robo de una moto. Sus compañeros sospechan que puede estar relacionado con la actividad social que desempeñaba, teniendo en cuenta que meses después, el 22 de febrero en el municipio de San Martín, Cesar, se registraron otros dos homicidios de los voceros nacionales, Teófilo Acuña y Jorge Tafur, mientras estaban en la casa de la pareja sentimental de uno de ellos. En hechos similares, el pasado 2 de agosto, asesinaron a José Luis Quiñones, mientras tomaba una siesta, llegaron hombres con arma de fuego y acabaron con su vida. El alcalde de Tamalameque, Luis Lascarro, advierte que líneas del Gobierno nacional no son contundentes ni claras sobre la defensa de la propiedad privada, lo que puede generar tragedias. “Va a colapsar Colombia. Nos va a enfrentar a pobres, a ricos y a todo el mundo en este país”, dijo el alcalde al sentirse maniatado sobre cómo actuar frente al problema de invasión de tierras.
Los ganaderos de la región piden acelerar las investigaciones de los homicidios porque aseguran que, a diferencia de lo que están diciendo en el país, ellos no son el renacer de grupos paramilitares ni pretenden solucionar la problemática por su propia cuenta y de manera despiadada. Hay supuestos dueños de haciendas que también han sido asesinados como el caso de Aníbal Lozano, conocido como el Tigre del Catatumbo. Aseguraba ser el dueño de la Hacienda Calandaima, que tiene más de 1.200 hectáreas ubicadas en tres municipios (Pailitas, Chimichagua y Tamalameque), allí, 150 familias de campesinos se apropiaron de los terrenos que aparecen a nombre del Fondo Ganadero de Santander y del que, según Lozano, tenían una promesa de compraventa a su nombre.
Cuando él empezó a reclamar el terreno, los campesinos que en agosto completaron un año de haber invadido aseguran que hombres armados ingresaron al predio, dispararon y lanzaron granadas en su contra. Días después se dio un desalojo que a las pocas horas fue infructuoso, porque la comunidad volvió al terreno que hoy en día tiene cientos de hectáreas sembradas de plátano, maíz, yuca, cacao y otros productos de pan coger. Es la manera de demostrar que un terreno, que presenta incluso deudas con el pago de impuestos y servicios públicos está siendo aprovechado por los campesinos. Siguiendo el consejo que un pool de abogados que los asesora les dio. Pero ahora los campesinos invasores quieren dejar claro que no estuvieron detrás del secuestro y homicidio del Tigre del Catatumbo, asesinado al parecer a manos del ELN.
La muerte de Lozano ha generado amenazas en la región incluso a los alcaldes, dijo Carlos Toro, mandatario de Pailitas, quién está preocupado por la violencia que genera la invasión de tierras. En su municipio, por ejemplo, no solo aplica para predios privados, sino también públicos. En Pailitas, los mismos invasores ya están peleando entre ellos, pues al parecer entre los más necesitados se están camuflando ‘avivatos’ que sacan provecho económico de los terrenos. Cesar es el segundo departamento con más invasiones y el problema social que trae la disputa por las tierras, crece como la espuma del chocolate que en cualquier momento se puede derramar.
En video, la historia de una de las invasiones en Pailitas, Cesar: