En menos de una semana, dos departamentos del suroeste colombiano sintieron la sevicia criminal con la que se imponen las nuevas bandas delincuenciales que buscan controlar rutas mafiosas, apoderarse de las ganancias locales del microtráfico o sencillamente sembrar terror. Y todo parece indicar que para lograrlo están usando técnicas tan macabras como las ejecutadas por los temidos capos mexicanos o en las peores épocas de la guerra mafiosa entre los carteles de Cali y Medellín. El alcalde de Candelaria (Valle) denunció la existencia de una banda con presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. Mientras que en Buenaventura (Valle) líderes de la Iglesia católica denunciaban que las temidas casas de pique (sitios donde torturan y descuartizan personas) nunca desaparecieron, en Tuluá se reportaba el hallazgo de dos cabezas humanas en bolsas plásticas; un día después encontraron los cuerpos. Y en el Cauca, las autoridades hacían el crudo balance de un fin de semana tan violento que en un mismo día se cometieron tres masacres en igual número de municipios, con nueve muertos.

Rubén Darío Jaramillo, obispo  de Buenaventura,  ha advertido sobre el recrudecimiento de la violencia en esta ciudad./Foto: Luis Ángel Murcia Como telón de fondo de esos hechos, ambos departamentos registran el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc reincorporados a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz. Además, el Valle aparece en el radar de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de la Fundación Paz y Reconciliación como una de las regiones vulnerables ad portas de las votaciones que se avecinan: ofrece el penoso saldo de dos precandidatos a alcaldías asesinados; uno, herido tras sufrir un ataque armado en plena plaza pública; y un alcalde en ejercicio, atacado por sicarios, que salió ileso. Le recomendamos: ¿Qué pasa con la seguridad en el Valle? El tema de la inseguridad en el Valle es tan reiterado que solo este año el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha realizado dos consejos extraordinarios de seguridad. Uno fue en Buenaventura y el otro en Tuluá, pero irónicamente en esas dos ciudades es donde más hechos macabros ocurren. El primer asomo de esa estela violenta ocurrió el 9 de junio pasado, el mismo día que en Buenaventura se realizaba la presentación oficial de un proyecto por 7 millones de dólares, liderado por ocho empresas privadas y cooperación internacional. La iniciativa busca empoderar a las comunidades e incidir en las políticas públicas de la ciudad portuaria más importante que tiene Colombia sobre el mar Pacífico, pero que sigue sumida en el atraso, la pobreza y la violencia. En medio de ese evento, se conoció la noticia sobre la aparición del cuerpo desmembrado de un hombre. Desde 2014, cuando la comunidad denunció la existencia de las temidas casas de pique, los porteños no habían vuelto a padecer semejante horror. Pero fue el mismo obispo del municipio, Rubén Darío Jaramillo, quien confirmó hace poco lo que era un secreto a voces: “Antes, cuando descuartizaban a la gente, tiraban el cuerpo al mar para que desapareciera. Finalmente, aparecía una cabeza, una mano, un tronco flotando en la orilla, y los pesqueros los encontraban. Ahora, los llevan a las zonas rurales y los entierran. Otro punto es que a los cuerpos les meten baldes con cemento, y van y los tiran al mar abierto”, dijo el obispo. Esa misma semana, la escena de horror se repitió, pero en Tuluá, al centro del Valle. En esa ciudad intermedia, los habitantes del barrio Rojas reportaron un macabro hallazgo: dos cabezas humanas envueltas en bolsas plásticas. Al día siguiente, hallaron los cuerpos en La Playita, una zona cercana al río Tuluá. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Andrés Gutiérrez Saavedra, de 25 años de edad, y Cristian Andrés Mesa. Ambos se dedicaban a la extracción de material de río. 

La Secretaría de Seguridad del Valle reconoce que la región está bajo una modalidad de violencia de gran impacto y reiteración de homicidios. El problema persiste por fenómenos de narcotráfico y microtráfico. Para las autoridades esos crímenes fueron producto de un ajuste de cuentas entre bandas locales que se pelean las ollas para el expendio de droga. El coronel Guillermo Carreño, comandante del distrito policial en esa ciudad, argumentó que las cabezas “las dejaron como un mensaje”. Desde 2012 en Tuluá no se oía hablar de los decapitados; ese año la guerra a muerte entre dos capos de tercera generación, conocidos con los alias de Porrón y Picante, sembró el pánico con la aparición de al menos media docena de cuerpos decapitados, cuyas partes eran esparcidas por la ciudad como un mensaje de terror y dominio. En los primeros cinco meses de este año, el Valle ya registró 855 asesinatos, según cifras de Medicina Legal. Después de Cali, las ciudades intermedias con más homicidios son Palmira (55), Candelaria (31), Tuluá (39) y Buenaventura (38). De ese grupo llama la atención Candelaria, ya que se trata de un municipio de apenas 30.000 habitantes y que desde el año pasado sostiene una preocupante racha con 50 homicidios. Es tan desesperante la situación que el propio alcalde, Yonk Jairo Torres, a comienzos de año denunció la existencia de una banda con presuntos nexos con el cartel de Sinaloa, que estaría reclutando a jóvenes a quienes les exigen como prueba de ingreso “que deben matar a alguien”. Jesús Antonio García, secretario de Seguridad del Valle, reconoció que en la región “estamos bajo una modalidad de violencia de gran impacto y reiteración de los homicidios”; y agregó que “se ha llegado a la conclusión de que el problema persiste por fenómenos de narcotráfico y microtráfico”. El mismo presidente Iván Duque presentó ante el país la recaptura de Greylin Fernando Varón Cadena, más conocido como Martín Bala, exjefe del Clan del Golfo y presunto capo de tercera generación de la mafia en el Valle. Las autoridades lo detuvieron el pasado 22 de mayo, en una operación que incluyó balacera con sus escoltas, persecución en carro y un choque. Le puede interesar: El norte bajo amenaza del narcotráfico y las bandas criminales Entre el prontuario criminal de Martín Bala, revelado por el presidente Duque, se incluyó que “era el jefe de una estructura que se conoce como la Gran Alianza, una unión de mafiosos que incorporaba a muchos delincuentes del norte del Valle”. Ese dato es relevante porque desde hace un par de años se habla de la intención de los viejos narcos por reagruparse, recuperar territorios, rutas y bienes, pero en su momento las autoridades desvirtuaron esa versión. Esa misma puja mafiosa se presenta en el Cauca, un departamento golpeado por los cultivos de coca, marihuana, minería ilegal, y la presencia de grupos armados ilegales como disidentes de las Farc, ELN, Clan del Golfo y los Pelusos. Así quedó demostrado hace dos semanas cuando esas organizaciones criminales habrían ejecutado tres masacres en tres municipios (Bolívar, Argelia y El Tambo), con el saldo fatal de nueve muertos. En la primera incursión armada fueron acribillados tres miembros de una misma familia, en zona rural de El Tambo, tras ser interceptados por hombres con fusiles en la vía que conduce a la vereda Los Llanos. Luego de ese atentado, otra banda criminal atacó a dos antioqueños y un venezolano que departían en un sitio público del corregimiento El Plateado, en Argelia. Y en Bolívar, otro grupo armado ilegal asesinó a tres campesinos, sin razón aparente. El primero en reaccionar fue el gobernador del Cauca, Óscar Campo, quien no dudó en conectar la violencia que padece su departamento con los cultivos ilícitos y el narcotráfico. “La gran mayoría de estos homicidios tienen que ver con las dificultades que generan las economías ilegales”, dijo, tras insistir en lo que para él sería la solución del problema: “Lo hemos dicho a todas voces, las economías ilegales del Cauca necesitan sustitución, necesitan inversión; el proceso de paz en el departamento del Cauca, más que el anuncio del Plan de Desarrollo, necesita recursos”. La situación de violencia es alarmante. Esta semana, dos arzobispos y cinco obispos de la zona se reunieron en Popayán y propusieron la creación de un grupo de Servidores de la Paz, que trabaje por las víctimas de la violencia, lo acordado en La Habana, se prohíba el uso del glifosato y se reactiven los diálogos con el ELN. Para empeorar, hace pocos días capturaron en el oriente de Cali a un hombre que llevaba dos morrales con 100 granadas de fragmentación. Pese a ese oscuro panorama, las autoridades aún están a tiempo de impedir que esa región del país se convierta en el salvaje suroeste colombiano.