La Secretaría de Gobierno de Bogotá realizó graves denuncias sobre la vulneración de los derechos de 290 niños y niñas emberá que están con sus padres a la intemperie en el Parque Nacional desde hace casi dos meses, reclamando recursos para sus viviendas.
Según denunció el Distrito, los manifestantes exigen contratos y otras financiaciones de actividades por voceros políticos ajenos a esta comunidad indígena emberá.
Estos indígenas se instalaron en el Parque Nacional el pasado 29 de septiembre, cuando según ellos, la Alcaldía Mayor de Bogotá dejó de financiar su estadía en posadas, ya que fueron desplazados por la violencia en sus comunidades de origen.
El Distrito evidenció que 290 niños emberá están en riesgo el Parque Nacional. A la fecha, 29 fueron trasladados a hospitales, de ellos cuatro niños y dos adultos siguen hospitalizados, 26 mujeres están embarazadas en riesgo y tres partos han sido atendidos en condiciones precarias.
Ante este panorama, la Secretaría de Gobierno les reiteró el ofrecimiento de lugares con mejores condiciones, con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía para que abandonen las instalaciones públicas del parque.
El subsecretario de Gobierno Daniel Camacho precisó que denunciaron ante la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y el ICBF Colombia la presunta vulneración de derechos de los niños emberá en el Parque Nacional. “Hacemos un llamado para que las autoridades procedan de inmediato a verificar y reestablecer los derechos de los menores”, dijo el vocero municipal.
Otra de las revelaciones graves que hizo Camacho es que evidenciaron intereses económicos de los voceros de los emberá que, según dijo, no pertenecen a esta comunidad y han priorizado sus privilegios por encima de los niños. “Han exigido contratar doce personas por $ 114 millones para seguir en el proceso de diálogo con esta comunidad”, criticó.
Asimismo estos voceros políticos de los emberá exigieron mediante correo electrónico la realización de cuatro ollas comunitarias por un costo de $ 104 millones.
El pasado 23 de octubre, luego de que un inspector de Policía avalara el desalojo de los indígenas emberá del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá, la Unidad de Víctimas hizo un llamado para que se logre un proceso de concertación y así evitar que este procedimiento se cumpla a la fuerza.
El director de esa entidad, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, pidió a los dirigentes de la concentración permitir adelantar el proceso de caracterización, con el propósito de avanzar en un proceso de concertación para lograr la recuperación de ese espacio público localizado en el centro oriente de la ciudad.
“Esperamos con estas familias no llegar al desalojo, como lo señaló el inspector de policía, si no que se pueda llegar a un proceso de concertación”, señaló en ese momento Rodríguez.
“La población que hoy está acá es del pueblo (emberá) katío, estaban en una medida de arriendo que ya se terminó y el distrito no quiere ampliar”, declaró en octubre a la agencia AFP María Violet Medina, una vocera de los indígenas.
Los emberá improvisaron una docena de carpas con plástico negro en el centro del parque y cocinan en fogones que afectan el espacio público y los jardines. Según ha contabilizado la Defensoría del Pueblo, suman entre 300 y 400 personas incluyendo decenas de niños, bebés y mujeres embarazadas.