La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, suscribieron este martes un convenio interadministrativo para el desarrollo de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria, como parte de una estrategia de adopción de medidas para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión de las personas que se encuentran privadas de la libertad en lugares como las estaciones de Policía y las unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía.
“Para tener segundas oportunidades necesitamos aplicar justicia oportuna, imparcial y digna; si no se cumplen estos objetivos, no se podrá reincorporar a la sociedad a ese ciudadano o ciudadana que estuvo preso”, dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Además, recordó que desde hace más de 20 años no se generaba inversión en la infraestructura carcelaria y hoy se están viendo las consecuencias.
Según lo anunciado, con este acuerdo se abrirá la posibilidad para la construcción de una segunda sede para la Cárcel Distrital en la ciudad, que contará con 2.200 cupos carcelarios y estará ubicada en inmediaciones de La Picota, en el sur de la capital del país.
El convenio da a las partes varios instrumentos para modificar el Plan de Regularización y Manejo del Predio La Picota y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para trasladar las cárceles de El Buen Pastor y La Modelo. Así mismo, facilita la viabilidad jurídica, técnica y Administrativa, para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, le entregue al Distrito una porción de los terrenos del actual predio de La Picota, para la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva sede carcelaria.
“Esto va a contribuir a la dignidad de los internos de nuestro país, para que haya un deshacinamiento de las estaciones de Policía y de las URI y para que eventualmente haya espacio para 11.000 internos”, señaló el ministro de justicia, Wilson Ruiz.
La falta de cupos carcelarios es lo que ha generado la alta cifra de hacinamiento en los lugares de detención transitoria, donde hasta el pasado 22 de abril se encontraban un total de 2.882 detenidos y condenados a la espera de ser trasladados. En el último año se han alcanzado picos de hacinamiento en los centros de detención transitoria hasta del 191 %.
Por su parte, la administración distrital asegura que a la fecha ha habilitado más de 400 cupos de detención transitoria, al tiempo que los centros de reclusión del orden nacional y la Cárcel Distrital gestionaron la recepción de cientos de detenidos y condenados en los últimos meses..
Este penal, según el Distrito, recibió 555 personas entre julio y diciembre de 2020, mientras que el Inpec, a través de sus establecimientos en Bogotá y sus inmediaciones, recibió un el mismo periodo un total de 842 personas procedentes de centros de detención transitorios. Frente a esto, el ministro de Justicia se comprometió a realizar un cronograma con el Inpec para empezar a recibir detenidos que están hacinados en esos sitios, para trasladarlos a los penales de la ciudad que son del orden nacional.