En manos de los políticos está la última esperanza que le queda a Andrés Felipe Arias frente a la dura sentencia que le impuso, en 2014, la Corte Suprema de Justicia de 17 años de cárcel y 30.000 millones de pesos de multa. El Centro Democrático, con Álvaro Uribe a la cabeza, radicó la iniciativa para crear la segunda instancia retroactiva, el mecanismo que permitiría revisar la sentencia del exministro de Agricultura. El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno, y todos lo conocen en el Capitolio como la ley Arias. Desde ya –por los amores y odios que despierta– se anticipa que será uno de los grandes debates que agitará la nueva legislatura a partir del 20 de julio. Los proponentes enfrentan el primer desafío de probar que el proyecto no tiene nombre propio. Dado que la iniciativa coincide con la extradición del exministro, no será nada fácil persuadir a los críticos.
Aunque el debate arde por estos días como nunca antes, en realidad no es nuevo. Desde que condenaron a Arias en julio de 2014 tomó fuerza la crítica de que Colombia no garantiza una segunda instancia a los aforados especiales en la Corte Suprema de Justicia. Dicha garantía es un derecho consolidado en todos los Estados democráticos, tal como ha recordado la ONU. Los defensores del sistema argumentan que en el país esos aforados –congresistas, ministros, magistrados, entre otros altos dignatarios– tienen el privilegio de que los juzga la máxima corte, excepción que no tienen los ciudadanos de a pie. Al final, como resultado de ese debate, el Congreso aprobó hace un año en una reforma constitucional esa doble instancia para aforados. Pero la discusión persistió porque solo opera a futuro y no cobija a quienes, como Arias, ya recibieron una sentencia sin segunda instancia. Los uribistas aseguran que el proyecto con efecto retroactivo resolvería esa falencia que consideran injusta, pues afecta a centenares de personas, entre ellas el exministro. El expresidente Uribe, abanderado de la idea, lo ha explicado en estos términos: “Que todo colombiano que haya sido sujeto de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en única instancia tenga derecho a la segunda instancia, porque hacia adelante eso ya está andando y lo que se necesita es que tenga efecto retroactivo”.
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La propuesta
Al cierre de esta edición, el uribismo discutía en cónclave para decidir si tramitar la iniciativa como un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional que requiere ocho debates en el Congreso, o como una ley estatutaria, que implica cuatro debates. Incluso, algunos de los congresistas consideraban la posibilidad de una ley ordinaria. Los representantes Edward Rodríguez y Juan David Vélez redactaron los textos, y la versión final bien podría fusionar los proyectos. De cualquier forma, la propuesta esencial implica agregarle a la Corte Suprema de Justicia la nueva Sala de Garantía de Segunda Instancia.
El uribismo aspira a crear una sala transitoria de revisión sentencias en la Corte Suprema. La conformarían cinco o seis magistrados.
Según los borradores de proyecto, se trataría de una sala transitoria vinculada a la Corte Suprema de Justicia, conformada por cinco o seis magistrados. Rodríguez propone seis, tres de ellos nuevos elegidos por el Consejo Superior de la Judicatura, y los otros tres por sorteo, escogidos entre los miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Este planteamiento tiene el problema de que un número par de magistrados deja abierta la posibilidad de empate. Vélez, por su parte, propone cinco magistrados, pero que el Consejo Superior de la Judicatura los escoja a todos. Eso supone una preocupación mayor, ya que este órgano está en vía de desaparecer, precisamente, por su contaminación política, pues el Congreso escoge más de la mitad de sus togados. Un elemento clave del proyecto tiene que ver con el lapso que cubriría la Sala de Garantía de Segunda Instancia. Algunos plantean que el efecto retroactivo llegue hasta 1991, cuando entró en vigencia la Constitución Política. Por otro lado, parece haber acuerdo en dar un plazo de un semestre para accionar la garantía. En ese punto coinciden Rodríguez y Vélez. Y mientras el proyecto del primero no fija un plazo de existencia para la nueva sala, el de Vélez señala que esta operaría por dos años con posibilidad de otros dos más si el trabajo así lo exige.
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A la iniciativa del uribismo le aguardan grandes cuestionamientos. Hasta ahora, nadie tiene claro cómo contener los efectos que generaría la propuesta. De entrada, cerca de 250 sentencias de la Corte Suprema de Justicia –entendidas como cosa juzgada– tendrían la posibilidad de revivir con el proyecto. Sería nada menos que reabrir la historia judicial del país. Resurgirían para revisión casos altamente complejos como Foncolpuertos, el proceso 8000, la yidispolítica y los 70 expedientes de los congresistas condenados en la parapolítica.No hay que olvidar que cada una de esas sentencias tiene, además de condenados, víctimas y múltiples medidas de resarcimiento como multas, actos administrativos o reparaciones económicas. Eso garantiza que a cada caso reabierto le sobrevendrá un alud de cuantiosas demandas contra el Estado y entre las partes. ¿Qué ocurrirá frente a ese escenario? Nadie lo sabe. Pero cuantitativamente esa es la parte menor de lo que se vendría.
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También podrían resurgir entre 500 y 600 expedientes de personas no aforadas, absueltas en primera instancia y luego condenadas en tribunales superiores sin que hayan tenido el derecho a la doble conformidad, es decir, la garantía de que un juez distinto revise la condena. La Corte Constitucional ha exhortado al Congreso a legislar para garantizar que estas personas también puedan impugnar esas sentencias condenatorias con retroactividad. Y el uribismo se ha escudado en ese propósito para negar que la llamada ley Arias tenga nombre propio.
El proyecto en cuestión deberá enfrentar otro gran problema: el de la prescripción. Muchos casos que resurgirían por el efecto retroactivo de la segunda instancia involucran delitos ya prescritos. La iniciativa tendría que contemplar alguna contorsión legal para no crear un frankenstein jurídico: casos resucitados cuyos delitos ya no existen, pues la oportunidad para la acción penal expiró. Pero una cosa son los entuertos jurídicos del proyecto y otra la suerte que pueda correr en el Legislativo. En el Congreso, lo primero no tiene que ver con lo segundo. Que la iniciativa salga avante o no dependerá del poder político. El Gobierno ya está organizando reuniones para acumular apoyos, y el Centro Democrático cuidará la iniciativa como la niña de sus ojos en esta legislatura. El Partido Conservador lo apoyará y La U, que formalmente participa en la coalición de Gobierno, también podría hacerlo. Por su parte, la oposición (Polo, verdes y Colombia Humana) le hará la guerra al proyecto, pero no alcanza a ser mayoría. En cambio, las bancadas independientes (liberales y Cambio Radical) tendrán la fuerza decisiva. Y como estas tienen en su historia decenas de políticos condenados, algunos de sus herederos pueden terminar por apoyar la idea. Sin embargo, hay quienes consideran este último escenario un arma de doble filo para el uribismo, ya que, por ser familiares de condenados, muchos parlamentarios tendrán que declararse impedidos si no los recusan. Por donde se la mire, la ley Arias ofrece el gran drama de la temporada política que arranca.