En diciembre pasado el gobernador de Magdalena, Luis Miguel Cotes, inició un proceso para caducar el contrato para la administración del chance en su departamento. Este le había sido entregado durante su gobierno a Aposmar S. A. la controvertida empresa en la que Enilce López, la ‘Gata’, tenía una participación mayoritaria. Según el mandatario, su entidad y los organismos de control avanzaban en las discusiones de si era conveniente o no caducar el millonario contrato, pues había preocupación por los antecedentes, advertidos por la Fiscalía, de algunos de los socios de la mencionada empresa. En medio de esas discusiones, aparecieron en la gobernación dos documentos presuntamente emitidos desde la Fiscalía, en los que supuestamente el Fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema daba una especie de visto bueno para que el contrato fuera caducado. Se trata de un informe detallado que ese fiscal le envía al fiscal general, Eduardo Montealegre, sobre la situación de Aposmar S. A. En el documento falso –con firma, número de radicado, logo, fecha y recibido por la gobernación– el fiscal 11 delegado propone declarar la caducidad del contrato, bajo el poderoso argumento de los presuntos nexos de esa empresa y su colaboración con grupos al margen de la ley. Pero además asegura que el gobernador fue denunciado por presuntos nexos con la ‘Gata’, pero que exparamilitares habían desvirtuado esas denuncias. El documento fue publicado por Semana.com y concordaba con las actividades, investigaciones e indagatorias que en Santa Marta se desarrollan para determinar la viabilidad de la caducidad del contrato a Aposmar. Unido a ese oficio, al gobernador le llegó otro documento firmado por una supuesta asistente del fiscal delegado, en donde le dice al gobernador que para la Fiscalía “es viable ordenar la caducidad del contrato de concesión y por ende su liquidación”. Hasta ese momento todo se enmarcaba dentro de un aparente concepto de un fiscal sobre un tema regional. No obstante, el pasado 27 de enero del 2015 el gobernador Cotes recibió una comunicación del fiscal 11 delegado donde le informa que él no suscribió “concepto, opinión ni informe alguno con relación a la procedencia o improcedencia de la declaratoria de caducidad del contrato que la Gobernación suscribió con la empresa”. Es decir, asegura que los documentos son “falsos”. De inmediato el mandatario, quien se encontraba en Bogotá, interpuso a través del secretario de Interior del departamento, Felix Ospino Acevedo, una denuncia por falsedad en documento público. En la denuncia el funcionario hace un detallado recorrido de la manera como llegaron los documentos a la gobernación y pide que el ente acusador investigue el tema y dé con los responsables. ¿Cuál es el origen de los documentos falsos? En conversación con Semana.com el gobernador asegura que se trata de un hecho grave y que se debe llegar hasta las últimas consecuencias sobre este caso de falsedad. “A la gobernación llegaron esos documentos por correo certificado a la oficina de correspondencia. Es un hecho lamentable”. Sobre este bochornoso episodio, el fiscal 11 delegado aseguró que “verifiqué la existencia de ese oficio y me percaté que no se encuentra en el sistema y que no existe el radicado. Hice las averiguaciones y las firmas no corresponden y nunca he dado concepto sobre ese tema del chance. Tan pronto como me percaté, avisé sobre esta falsedad a la Policía Judicial”. Al mismo tiempo la Fiscalía abrió una investigación urgente para dar con los responsables de la falsedad. Los investigadores están tras la pista de los responsables. Se trata de un hecho que merece toda la atención investigativa, pues está en entredicho el nombre del ente acusador. ¿Quién está detrás de los documentos falsos? ¿Por qué involucrar a un fiscal que no tiene nada que ver con el proceso de caducidad a la firma de la ‘Gata’? ¿Quién está interesado en que el contrato que tiene la firma de la ‘Gata’ sea caducado? ¿Dónde se hicieron estos documentos? Estas son las preguntas que tendrá que absolver la investigación que adelanta la Fiscalía.