En los primeros días del mes de mayo y dos semanas después de iniciar el paro nacional, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta que ha generado inquietud hasta en la comunidad internacional: se han reportado más de 500 desaparecidos en el país. Cómo no preocuparse si el dato salía de la entidad encargada de garantizar la protección de los derechos humanos, incluso en el marco de la protesta. Fue necesario conformar un equipo interinstitucional para que, mediante el Mecanismo de Búsqueda Urgente, se conociera la realidad en las cifras.
Una semana después, más de 190 personas reportadas fueron ubicadas por la Fiscalía. Estaban en la casa, el trabajo o simplemente nunca estuvieron perdidas. El más reciente informe de la Fiscalía concluyó que, después de ubicar a más de 290 desaparecidos que estaban en ese listado de la Defensoría, aún quedan pendientes 129 personas por encontrar. Aseguraron que hacen un trabajo de verificación que implica llegar a la casa de cada registro para confirmar su situación.
La única denuncia
El hecho de que para denunciar una desaparición hay que esperar 72 horas se eliminó de la jerga de las autoridades hace varios años. Sin embargo, del centenar de reportes solo uno fue denunciado de manera formal. Un joven que participaba en las movilizaciones en el municipio de Zaragoza (Antioquia), el pasado 4 de mayo, y aún no se conoce su paradero.
Se trata de Samir David Solipas, un joven que, de acuerdo con los informes, fue detenido luego de los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Policía. Lo trasladaron hasta la estación y horas después salió para su casa, pero nunca llegó.
La Fiscalía hizo la verificación y el fiscal Francisco Barbosa confirmó que iniciaron las investigaciones para establecer qué pasó con Samir. Por ahora, se hicieron las indagaciones de rigor, con declaraciones, recuperación de evidencias y los llamados actos urgentes, labores investigativas preliminares cuando se confirma la desaparición.
Fatal
Un caso grave fue el de un joven que fue reportado como desaparecido y terminó con la trágica noticia de su muerte. La víctima fue identificada como Braian Gabriel Rojas, de 26 años, residente del municipio de La Virginia, Risaralda.
El reporte de la desaparición de Braian incluyó declaraciones sobre la última vez que lo vieron cuando participaba de las movilizaciones del 28 de abril, el día que inició el paro nacional, mientras estaba en el puente Francisco Jaramillo en compañía de su hermano y amigos.
La familia de la víctima aseguró que los testigos vieron cómo supuestamente fueron atacados por la Policía y desde esa noche perdieron comunicación. Lo reportaron como desaparecido y cinco días después recibieron una llamada que confirmó la terrible noticia, lo encontraron, pero muerto. De inmediato se abrió una investigación que reveló algunos datos que siguen en verificación.
Braian, al parecer, terminó en las aguas del río Cauca. La Fiscalía trata de establecer si fue la víctima quien se lanzó al caudal para escapar de un procedimiento de la Policía, lo lanzaron o fue presionado para saltar al río. Todas las hipótesis son materia de investigación y la familia espera conocer qué pasó realmente con Braian.
De rumba
Un reporte de desaparición que generó indignación fue el de una mujer que, al parecer, le dijo a su novio que fue detenida por la Policía, agredida y hasta abusada. Su denuncia generó una alerta de ubicación, un reporte de desaparición que solo duró unas horas, cuando llegó al hospital de Kennedy para atender las supuestas lesiones que le dejó su traumática experiencia.
La investigación que ordenó priorizar el fiscal Barbosa concluyó que no hubo abuso, ni agresión, ni siquiera fue detenida por la Policía. La mujer estaba de rumba en una bolirrana de la localidad de Usme, en el sur de la capital, y, al parecer, optó por mentir para tratar de convencer a su novio.
La Fiscalía estableció que la mujer nunca estuvo desaparecida, que las heridas eran de meses atrás y en los videos de seguridad que se recopilaron, en dos días de revisión y diez investigadores a cargo, se ve el recorrido de la mujer cuando sale de la bolirrana y llega a su casa. Al confrontarla, no le quedó otra salida que reconocer que se inventó la historia para ocultar su noche de rumba, en la que le robaron el celular.
La mentira no quedó solo en un acto de reconocimiento de responsabilidad. La mujer ahora enfrenta un proceso por falsa denuncia, que es un delito que le puede dar pena de hasta ocho años de prisión.
Aunque la mayoría de desaparecidos reportados por la Defensoría del Pueblo estaba en la ciudad de Cali, Valle del Cauca; en Bogotá las cifras también generaron alarma. Los reportes se fueron descartando conforme se hacían visitas o llamadas para confirmar que los desaparecidos ya estaban en su casa.
Pero un reporte generó controversia con el Distrito. En el listado, un desaparecido se repetía dos veces. Fue cuando la Alcaldía le pidió mayor claridad a la Defensoría del Pueblo. En cada jornada de protesta se conocen nuevos reportes de desaparecidos y en el caso de Bogotá, el trabajo de la Secretaría de Gobierno incluyó hacer verificaciones. En Medellín, el alcalde prefirió cambiar el término de desaparecido a perdidos, por lo menos hasta que los reportes se conviertan en denuncias formales.
Fake News
En el caso de las desapariciones, las autoridades también han tenido que lidiar con las fake news que salieron incluso de congresistas como el senador Gustavo Bolívar cuando alertó sobre desaparecidos que estaba enterrados en fosas comunes.
“Desaparecidos del Valle estarían en fosas comunes y habrían sido asesinados en casas de pique”, dijo en su cuenta de Twitter al pedirles a sus seguidores que compartieran una información que publicó una ONG, que luego admitió no conocer.
Se trata de una información sin confirmar, que negó de manera enfática la Fiscalía y que motivó una denuncia en su contra y la posibilidad de una compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente incurrir en el delito de instigación.
Lo cierto es que, actualmente, hay 129 personas que están siendo buscadas por las autoridades en medio del paro, y sus familias las esperan en casa.