Paula Marcela Moreno, Ivy Xiomara Suárez y Andrés Julián Ulloa Moreno, tres de los contratistas que se vieron beneficiados con la obra para el reforzamiento del Estadio Alfonso López y otros escenarios de la Villa Olímpica en Bucaramanga, fueron vinculados formalmente a un proceso penal por las presuntas irregularidades y actos de corrupción que se presentaron en la celebración de este convenio que tuvo un valor cercano a los 29.700 millones de pesos.
En la imputación de cargos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción señaló que Paula Marcela Moreno, como representante legal de la unión temporal que asumió el polémico contrato, y los subcontratistas Ivy Xiomara Suárez Gómez y Andrés Julián Ulloa Moreno participaron en la elaboración de 21 órdenes de giro, doce cuentas de cobro y una factura de venta que realizaban actividades de obra que nunca se realizaron.
Con estos documentos, el contratista habría soportado parte de los dineros del anticipo para terminar la obra y además presentó una solicitud para la adición presupuestal que le fue reconocida por la Gobernación de Santander, liderada en ese momento por Richard Aguilar. “La investigación da cuenta de que esta maniobra, supuestamente, permitió la desviación y apropiación de recursos por parte del contratista, particulares y funcionarios”, precisó la Fiscalía.
Tras la pregunta del juez de garantías, Paula Marcela Moreno Martínez y Andrés Julián Ulloa Moreno, aceptaron su participación en el delito de falsedad ideológica en documento privado. Por su parte, Ivy Xiomara Suárez Gómez se declaró inocente del delito de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Por estos hechos de corrupción, recientemente, la Fiscalía General le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y concusión al contratista Édgar Fabián Báez; la supervisora del contrato, Ana Lucía Wandurraga, y el exasesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura de Santander, Sergio Andrés Pitta. Esto por presuntamente haber filtrado información reservada y haber asesorado a los contratistas que finalmente resultaron beneficiados con el contrato de reforzamiento.
Recientemente, se conoció que Artemio Sánchez, quien fue uno de los contratistas beneficiados, aceptó los cargos de peculado por apropiación y cohecho (entrega de sobornos) durante la imputación de cargos y se comprometió con la entrega de 1.430 millones de pesos, los cuales fueron apropiados de manera indebida en la celebración del multimillonario contrato.
Por su parte, Julián Jaramillo, quien fue el asesor de Aguilar en la Gobernación, se comprometió a devolver 682 millones de pesos, referentes a las coimas que le otorgaron por este mismo caso.
En la firma del preacuerdo se fijó además una condena de cuatro años de prisión para Sánchez y cuatro años y dos meses para Jaramillo. Por su parte, la Fiscalía General señaló que estas dos personas trabajaron de la mano de Richard Aguilar en las obras de infraestructura del departamento, formando parte de la “empresa criminal” que se conformó para el cobro de coimas del 10 % sobre el valor total del contrato.
La obra, que tenía como objeto el reforzamiento estructural del estadio de fútbol de la capital santandereana, la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, suscrito en febrero de 2014, tuvo un valor cercano a los 15.278 millones de pesos. Además, el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos.
Sin embargo, el entonces mandatario departamental habría recibido dádivas por 2.300 millones. De igual manera, según señala la Fiscalía General, hay indicios de que se le permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos.
El contratista Artemio Suárez, por medio de su defensa, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía General. En él se comprometería a dar información sobre este caso de corrupción. El juez octavo municipal de garantías le impuso medida de aseguramiento en su domicilio.
Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía General ya llamó a juicio al exgobernador Richard Aguilar, que se encuentra actualmente privado de su libertad en centro carcelario, y al exrepresentante a la Cámara, Edwin Ballesteros, que se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT), entre noviembre de 2013 y enero de 2016.
El proceso contra Richard Aguilar
Según la Fiscalía General, Richard Aguilar constituyó una verdadera empresa criminal con el fin de direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.
Para darle apariencia de legalidad creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento. Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura, con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.
Para garantizar la entrega de los millonarios contratos, exigía el 10 % del valor total. Por estos hechos de corrupción fue acusado formalmente el pasado 8 de febrero ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.