Bajo la lupa de las autoridades nacionales se encuentra la entidad del Gobierno encargada de la distribución de armas, Indumil, así como el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos, que es una dependencia de las Fuerzas Armadas. Ambas organizaciones velan porque los elementos bélicos lleguen a buenas manos, pero habría ocurrido todo lo contrario recientemente.
Y es que este 1 de agosto, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que se comenzó una investigación previa o fiscalización contra las dos firmas por un proceso de distribución y comercialización de material y sustancias explosivas.
La alerta del Ministerio Público se activó luego de la detonación de explosivos en la mina del municipio de Buriticá, Antioquia, la cual es propiedades de la empresa Zijin Continental Gold.
Así las cosas, el ente de control público se vio en la obligación de visitar en repetidas ocasiones la región donde sucedieron los hechos, logrando evidenciar un presunto incumplimiento u omisión de los deberes constitucionales de los organismos involucrados, ya que los mineros que accedieron a los productos no cumplen con el título ni acreditación de permiso para utilizar artefactos explosivos.
Además, el órgano rector indicó que “los explosivos están causando la afectación de los derechos humanos de los trabajadores mineros de la empresa y de los integrantes de la Policía Nacional que se encuentran en el sitio, además de afectaciones al orden público y a la seguridad de los habitantes del municipio”.
Por lo ocurrido, la PGN recordó que precisamente una de las responsabilidades del Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos es expedir las autorizaciones para que cualquier persona capacitada acceda a un artículo de tal naturaleza, por lo que dispone el Decreto 2535 de 1993.
A su vez, recalcó que “los explosivos son una sustancia controlada, sujeta al monopolio del Estado, por lo que Indumil no puede comercializar estos explosivos a sujetos diferentes a aquellos autorizados por el DCCAE”.
Dado todo lo anterior, la Procuraduría dio instrucciones para que se realice una inspección disciplinaria en las dependencias de la Policía Nacional (Unimil) con sede en Buriticá y a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional con sede en Medellín. Asimismo, se dio orden de escuchar a los encargados del manejo y custodia del material explosivo en este caso.
Hombre que habría asesinado a una joven por la supuesta pérdida de $100.000 en una vivienda en Antioquia fue liberado por mal procedimiento
En el sector El Coliseo del municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia) se presentó un terrible hecho en el que una joven, de 25 años de edad, identificada como Leidy Paola Osorio Serna, fue asesinada con arma cortopunzante.
De acuerdo con información preliminar, el crimen habría ocurrido en medio de un caso de intolerancia. Al parecer, se habrían perdido $ 100.000 que estaban destinados para comprar licor y seguir con una rumba. Por ello, la joven habría sido atacada por la espalda por un hombre, a quien señalan como el presunto homicida y quien sería un periodista independiente de la región.
Aunque la mujer alcanzó a ser trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios, de Rionegro, finalmente falleció por la gravedad de las heridas.
“El capturado y la víctima estaban departiendo dentro de una vivienda y, al ver que se les acabó el licor, decidieron ir a comprar más. Ahí se generó el altercado, debido a que a uno de ellos se le perdió el dinero en cuestión”, aseguró el mayor Camilo Andrés Suaza, comandante del distrito 6 de la Policía Antioquia.
Se conoció, además, que el presunto homicida tiene anotaciones por los delitos de extorsión y por agresión y acoso en contra de dos mujeres. Y aunque fue capturado en flagrancia y, supuestamente, iba a ser presentado ante un juez de control de garantías para que respondiera por el delito de homicidio y tentativa de homicidio, fue liberado por mal procedimiento.
“Esta persona fue capturada en flagrancia por la Policía, por un factor procedimental fue dejado en libertad, pero sigue vinculado al proceso y sigue siendo materia de investigación”, dijo el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Carlos Martínez, quien reconoció que hubo un mal procedimiento al momento de la captura y que por eso el hombre fue dejado en libertad.
Entretanto, en medio de una velatón, donde exigieron justicia por Leidy Paola Osorio, pidieron dar con la pronta recaptura del presunto homicida.