Andrés Felipe Osorio y Carlos Mario Montoya Castro, dos mayores de policía que vistieron el uniforme por años, apenas si alcanzaron a colgarlos en su retiro y de inmediato empezaron un lucrativo negocio ilegal de lavado de activos. Creían que por su experiencia policial no iba a caer, pero finalmente en un operativo de la Fiscalía fueron detenidos con otras nueve personas que en su mayoría resultaron familiares de estos dos exuniformados.

El “negocio” familiar ilegal era el blanqueo de dinero con productos cárnicos y los cálculos de la Policía son largos, según las investigaciones, esta red estaría involucrada en el lavado de más de 24.970 millones de pesos, que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes.

En diligencias realizadas en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima), fueron capturados 11 de los presuntos integrantes del entramado ilegal, entre ellos los dos mayores en retiro de la Policía Nacional, identificados como Andrés Felipe Osorio y Carlos Mario Montoya Castro; algunos de sus familiares y conocidos.

Según informaron desde la Fiscalía, “los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habrían constituido dos comercializadoras de productos cárnicos, con el propósito de darle tránsito a los dineros ilícitos. Una de las compañías, en tan solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de República”.

Y es que durante los cuatro años que expolicías y sus familias estuvieron lavando dinero, lograron incrementar su capital de forma inexplicable y compraron distintos bienes mubles e inmuebles que usaban como fachada para legalizar los ríos de dinero que venían moviendo y que no se equiparaban con la rentabilidad de un negocio de carne.

Por eso, “los demás detenidos, al parecer, estaban vinculados a las empresas y figuraban como titulares de siete lotes, dos casas, 12 apartamentos, nueve vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes”, informaron desde la Fiscalía.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados. Los mayores en retiro seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tráfico de estupefacientes, en agosto de 2023.