Dos mujeres fueron asesinadas cerca de sus viviendas en zona rural del municipio de Mercaderes, en el corregimiento de Mojarras, Cauca.

De acuerdo con datos entregados por Noticias Caracol, las víctimas fueron identificadas como Daniela Soto y Zoraida Girón. Algunas hipótesis apuntan a que fueron intimidadas por hombres armados que llegaron a sus hogares para llevárselas y habrían atentado contra sus vidas debido a que estas eran parte del consejo comunitario de la zona.

Cabe mencionar que en lo que ha corrido de este año 2022 han sido asesinadas siete mujeres en el departamento del Cauca.

Vale recordar que, según las últimas cifras entregadas por la Procuraduría General de la Nación, en el año inmediatamente anterior 630 mujeres fueron víctimas de homicidio, más de 12.281 fueron afectadas por violencia interpersonal y 24.492 eran víctimas de violencia intrafamiliar.

#SOSCauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló algunas cifras que dan cuenta de la situación que está viviendo hoy en día el departamento del Cauca. Las estadísticas recogidas señalan que al 5 de febrero del 2022 se han presentado seis homicidios a líderes sociales, masacres con un total de 13 víctimas, tres secuestros, dos desplazamientos forzados y una explosión de una mina antipersonal.

Además, hizo un recuento de los grupos armados que allí hacen presencia y se evidenció que bajo el comando coordinador de occidente esta: el frente Carlos Patiño, frente 30 Rafael Aguilera, la columna móvil Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. Por parte de la Segunda Marquetalia se encuentra el frente Diomer Cortés y la columna móvil Cristian Pérez. Y finalmente el ELN, donde está el frente José María Becerra y el Ernesto ‘Che Guevara’.

Arauca pide que el Gobierno reestablezca diálogos

Otro de los departamentos golpeado recientemente por la violencia es Arauca. Allí se han visto afectadas varias comunidades a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Es por esto que han pedido al Gobierno que establezcan un espacio de diálogo con todos los actores del conflicto, después de los últimos episodios de violencia registrados y que han dejado más de 23 muertos.

Los representantes de la sociedad civil le hicieron entrega a las autoridades estatales y municipales una lista de cuatro puntos, entre los que destaca reforzar la seguridad de los municipios afectados por la violencia y eso pasa, aseguran, por no comprometer a la población atrincherando a los efectivos de las fuerzas del orden en escuelas, centros y viviendas de estas localidades.

Ante la posibilidad de desplazamientos forzados masivos debido a la situación que se vive en la región, han pedido también a las autoridades que pongan en marcha acciones y políticas públicas con las que se pueda garantizar a los afectados el acceso a la ayuda humanitaria necesaria.

Cabe mencionar que la región en disputa es un espacio estratégico de primer orden para el control de las economías irregulares, especialmente el tráfico de drogas, aunque también el contrabando de madera y minerales, debido a su orografía y difícil accesibilidad.

Con información de Europa Press.