Los patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá Erwin Stid Quintero Acosta y Fabián Mauricio Castillo Bernal quedaron en libertad por orden del Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Bogotá, que determinó que se presentó un vencimiento de términos.

En la audiencia en la que se revisó el recurso de apelación presentado por la defensa de los patrulleros se determinó que en efecto han transcurrido 244 días desde la presentación del escrito de acusación. Las demoras –según señaló la defensa de los dos procesados– recaen sobre la Fiscalía General, que ha demorado la presentación de las pruebas durante las audiencias preparatorias y no ha aclarado varias dudas del escrito.

Los agentes son procesados por el secuestro e intento de hurto de un comerciante de San Andresito en hechos registrados a comienzos de 2021. En medio de un supuesto operativo de requisa, los patrulleros retuvieron durante horas al comerciante y le incautaron los 753 millones de pesos que llevaba en un maletín, señalándole que ese dinero era producto de actividades ilícitas.

En el escrito de acusación, presentado el 21 de julio de 2021, se señala que los dos patrulleros interceptaron al comerciante en inmediaciones al centro comercial San Andresito de San José, ubicado en la calle 10 con carrera 20 en el centro de Bogotá. Luego de preguntarle por lo que llevaba en su maleta, lo amenazaron con llevarlo hasta la estación de policía puesto que tenían información que ese dinero era de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Pese a las explicaciones del comerciante y de la persona que le había entregado el maletín, los policías procedieron a llamar a un superior, que se presentó como el capitán Edwin Jovanny Cardona Ramírez, adscrito a la Sijín. Tras amenazarlo con un proceso penal, les dio la orden a los agentes que procedieran según ordenaba la ley.

Mientras seguían amedrantando al comerciante, los patrulleros lo montaron en un taxi y lo transportaron a diferentes lugares mientras le decían que todo se tenía que “arreglar”. Después de muchas horas, el comerciante fue subido a otro taxi y trasladado a una estación de servicio ubicada en el calle 26, occidente de la capital de la República.

En ese lugar apareció un hombre que se presentó como el mayor Nelson Ríos. Esto aumentó la presión para el comerciante a quien, en diferentes oportunidades, le aseguraron que le iban a abrir un proceso por lavado de activos y narcotráfico, lo que representaba penas muy altas, según el Código Penal Colombiano. Pocos minutos después arribó el mismo hombre que ya se había presentado como capitán de la Sijín.

Después se ordenó el traslado del comerciante a las instalaciones de la Sijín, hecho por el cual fue montado a una camioneta. En el recorrido se le insistía en la necesidad de contar toda la verdad y de contactar a la persona que le había entregado el dinero para que no se metiera en más problemas.

Por esto, se pararon en un puesto ambulante donde vendían minutos de celular y le dijeron que llamara y que arreglara toda la situación. En medio de la llamada, la camioneta en la que se encontraban los policías y la moto que los estaban escoltando arrancaron con el maletín con el dinero en efectivo.

Las placas del vehículo y la denuncia hecha por el comerciante fueron clave para ubicar e identificar a las personas que habían participado en la acción. La investigación reveló que el verdadero nombre del mayor era Andrés Alberto Salazar Borrero, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Mientras que los dos patrulleros de la Policía eran parte del esquema de seguridad del excontralor de Bogotá y magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados. Una cuarta persona, quien se hizo pasar como capitán de la Sijín, se encuentra prófuga de la justicia.

Por estos hechos enfrentan un juicio por los delitos de secuestro simple y hurto calificado. Tras conocer estos sucesos, los patrulleros fueron retirados de la Policía.