Hace un par de semanas, las autoridades dejaron al descubierto una red dedicada a defraudar al Soat en varios municipios de Risaralda. Conductores de ambulancias, médicos y funcionarios públicos, hacían parte del entramado. En medio de las investigaciones de la Fiscalía General y la Procuraduría General, se estableció que dos policías colaboraban en el fraude.
Por eso, el Ministerio Público comenzó una investigación contra servidores por establecer de la Policía Nacional por su posible participación en acciones u omisiones que habrían permitido a varios ciudadanos cometer fraude contra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), con reclamaciones que superan los 3.000 millones de pesos desde 2019.
El organismo de control indicó que, una vez se conoció la captura de 11 personas en varios municipios de Risaralda, dos de ellos al parecer miembros de la institución castrense, se solicitaron a la seccional de la Fiscalía General de la Nación los elementos probatorios, evidencia disponible y la información legalmente disponible para adelantar las actuaciones correspondientes.
La actuación disciplinaria que ofició la Provincial de Instrucción de Pereira busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar al o los servidores públicos comprometidos en la presunta situación irregular denunciada.
El entramado para defraudar al Soat
Uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores fue el de un niño que resultó mordido por un perro y los integrantes de la red ilegal lo hicieron pasar como si hubiera sido víctima de un accidente de tránsito.
La directora de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, la general Olga Salazar, explicó que para defraudar al sistema de salud, la red distribuía volantes en el Eje Cafetero, pidiendo a las personas que se comunicaran con ellos si eran víctimas de cualquier accidente para luego hacerlo pasar como si hubiera ocurrido en las carreteras y calles del país.
“Iniciaban entregando volantes a las personas y pedían que se llamara si se presentaba un accidente común, laboral, por cada caso que les servía pagan entre 50 y 100 mil pesos, la persona era conducía por una ambulancia”, señaló la oficial.
Sobre el modus operandi, explicó la general Salazar que, “una vez reportado el accidente (no de tránsito) la persona era conducida por una ambulancia, tenemos alrededor de cuatro empresas de ambulancia identificadas, la persona era conducida a una clínica y esta clínica había personal médico que sabía de este fraude y era el encargado de atender a las personas”.
Sobre el caso del niño mordido por el perro manifestó la oficial que “el niño que fue mordido fue trasladado a esta clínica e ingresado allí como si hubiese sido un accidente de tránsito en un vehículo, defraudando así al sistema Soat (...) entregaban incapacidad, los hacían pasar como si hubiesen tenido cirugías y el director (clínica) era consciente de esta actividad ilegal que estaba realizando, es así como la Fiscalía, en ese trabajo con la Policía Nacional, logra la captura de 11 personas”.
Por su parte, el director de la Policía de Carreteras, el general Wilson González, explicó que otro de los casos que lograron documentar los investigadores fue el de una ciudadana que sufrió un desmayó dentro de un vehículo de servicio público y los integrantes de la red lo hicieron pasar como si se tratara de un siniestro vial.
“Dentro de los capturados está el gerente de la clínica, conductores de ambulancia, funcionarios públicos, guardas de seguridad, y estas personas de una manera u otra orientaban a otras para defraudar el Soat”, explicó el oficial.
Agregó que, “esta situación continuaba con algunos accidentes caseros que los hacían pasar como siniestros viales, realizaban excusas médicas para que las personas pudieran asistir a eventos sociales, entre otros”.
Respecto a los valores de los fraudes, dijo la Dijín que, “con este tipo de fraude, esta organización criminal lograba que realizaran pagos a las empresas de ambulancias, al realizar los traslados de pacientes a centros asistenciales por valores que oscilaban entre 276 mil pesos y 300 mil pesos por persona”.