Un hombre condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo y extorsión, se convirtió en el responsable de distribuir los estupefacientes que un dragoneante del Inpec le entregaba en la cárcel La Picota, sur de Bogotá. El funcionario, de acuerdo con la Fiscalía, montó una “olla de estupefacientes” en la cárcel más importante del país.
Se trata de Jonathan Alexander Tulcán Quispe, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec y quien es señalado de recibir dinero por ingresar celulares, estupefacientes y bebidas embriagantes a un cabecilla de las disidencias de las Farc, privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
“El material de prueba indica que una tercera persona le entregaba los elementos al funcionario, quien presuntamente se encargaba de entrarlos al centro carcelario y llevárselos a Luis Carlos Cifuentes Puerta, alias Diomedes, condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo y extorsión”, explicó la Fiscalía.
Adicionalmente, la Fiscalía estableció que el funcionario no solo entraba los estupefacientes, el licor y los celulares, sino que lograba movilizar al interno por los pabellones de la cárcel y así controlar el tráfico de drogas.
“Asimismo, el dragoneante Tulcán Quispe es señalado de facilitar el traslado del interno a diferentes celdas y de interceder para que asumiera el control de la venta de sustancias psicoactivas y licor en los patios a los que llegaba”, señaló el delegado contra la Criminalidad Organizada, Ricardo Romero.
Durante la imputación de cargos, la Fiscalía presentó el material probatorio en contra del funcionario del Inpec, que incluyó algunas transferencias que recibió de parte de las organizaciones criminales encargadas de la distribución de drogas en el interior de la cárcel. El dragoneante fue capturado en el sur de Bogotá el pasado sábado, 20 de enero.
“En el curso de la investigación se acreditó que, por estas actuaciones ilegales, el integrante del Inpec habría recibido pagos en efectivo y transferencias, a través de plataformas virtuales. Por estos hechos, fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá”, advirtió el delegado de la Fiscalía.
En el curso de las audiencias preliminares, la Fiscalía no solo imputó cargos, sino que solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario tras advertir al juez de control de garantías que el funcionario representa un peligro para la sociedad y para los testigos incluidos en el proceso, los que justamente entregaron información relevante para adelantar la investigación e identificar la responsabilidad que tendría en el tráfico de estupefacientes.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer. El procesado no aceptó el cargo y, por disposición del juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia”, dijo la Fiscalía.