En Colombia se volvió un lugar común decir que los subsidios de Familias en Acción sirven como caballito de campaña. La primera vez que se supo que estos podrían estar siendo aprovechados políticamente fue en 2007, cuando surgieron cientos de quejas ciudadanas que acusaban a algunos candidatos a alcaldías, concejos y asambleas de hacer proselitismo con los resultados del programa estatal. Casi tres años después, en los meses previos a elecciones al Congreso, las denuncias se agravaron. Más de treinta demandas fueron interpuestas a lo largo y ancho del país para señalar que algunos candidatos y funcionarios no solo cobraban a su favor los éxitos de Familias en Acción sino que, además, hacían afirmaciones temerarias al sostener que, de no ser elegidos, la iniciativa llegaría a su fin. El voz a voz sobre el uso del programa Familias en Acción para efectos proselitistas también llegó a la reciente campaña presidencial. Según Votebien, hubo una presunta invitación de funcionarios de Acción Social en Bucaramanga a beneficiarias de los subsidios para que asistieran a una manifestación en honor a Juan Manuel Santos. "En abril, luego de invitarnos a un día a la caja vacacional Cajasan, ubicada en la vía a Piedecuesta, nos entregaron una tarjeta sobre la campaña del candidato. En la campaña al Congreso también nos habían dicho que si no votábamos por la U se acababan los subsidios. Esa vez votamos por el representante Gerardo Tamayo", dijo una de las asistentes a Votebien.Las denuncias sobre este caso y sobre otros similares en la campaña al Congreso fueron recopiladas en un extenso informe de la ONG estadounidense Global Exchange. Esta organización, que ha hecho acompañamiento electoral en 11 países, fue la misma que en 2008 anunció que en las elecciones a Congreso de 2006 en Colombia hubo "un fraude significativo" y la que a comienzos de este año levantó ampolla cuando el jefe del equipo de investigadores en el país, Ted Lewis, denunció que algunos congresistas estaban cobrando electoralmente los réditos de Familias en Acción. En dicho informe se advierte que es imposible probar cuántos de los votos de un candidato pueden deberse a su promesa de continuar con Familias en Acción o a las amenazas de que, si no resulta elegido, el programa se va a acabar. Sin embargo, se recogen denuncias en contra de algunos aspirantes al Congreso por el presunto uso político de Familias en Acción y se hacen otras nuevas. Por ejemplo, el informe cita los casos del candidato a la Cámara por Bogotá Julián Rivera; el de la senadora Dilian Francisca Toro, en el Valle, y el del representante Efraín Torrado, en Norte de Santander. En el caso de Rivera, antes de lanzarse por Cambio Radical fue coordinador de Familias en Acción en Ciudad Bolívar donde obtuvo el 37 por ciento de su votación. Noticias Uno reveló un video en el cual el candidato, que no fue elegido, prometió convertir a Familias en Acción en una política pública. Lo que no sabían muchos de sus electores es que desde 2002 el programa ya tiene ese estatus.Las menciones del informe de Global Exchange sobre los senadores Toro y Torrado -ambos de la U- parten de las denuncias que en contra de los dos se hicieron en Buga y en Cúcuta, respectivamente, sobre presiones electorales apoyadas en los subsidios. En ambos casos, dice la ONG, hay evidencias de que desde las campañas de los candidatos se dijo que si no salían elegidos, el programa dejaría de invertir en sus regiones.Pero no solo candidatos -particularmente de la U, el partido que según los investigadores es identificado por la mayoría de ciudadanos como el 'benefactor' de Familias en Acción- son los motores de un proselitismo apoyado en estos recursos estatales. Hay casos documentados por los autores en los que funcionarios públicos determinan quién tiene acceso a los subsidios. En Quinchía (Risaralda), por ejemplo, los ciudadanos denunciaron que la Alcaldesa es quien decide cuáles de ellos deben permanecer en él y cuáles no. En otros lugares son las Juntas de Acción Comunal las intermediarias en la decisión de qué familias reciben las sumas cercanas a los 150.000 pesos bimensuales a cambio de demostrar un compromiso con la educación o la alimentación de sus hijos.El otro nivel en el que Familias en Acción se estaría conduciendo con un criterio más político que técnico es en el de la asignación municipal y departamental de subsidios. La desigualdad más evidente se ve entre Chocó y Caldas. Mientras el primero tiene 29.778 Familias en Acción, el segundo tiene 31.017. Si bien Caldas tiene casi el doble de población, el número de pobres que tiene este departamento (173.000) es menos de la mitad del que tiene Chocó (375.000). El informe señala que, en parte, el favoritismo de Caldas se explica porque "en la dirección de Planeación de Acción Social está Mario Ramírez Zuluaga, un familiar del senador de la U Jaime Alonso Zuluaga". Este último es originario de Pensilvania, uno de los municipios de Caldas que, según Global Exchange, estaría entre los más favorecidos por Familias en Acción.Un caso similar ocurriría entre Buenaventura y Neiva. Mientras el puerto tiene 355.736 habitantes, el 35,8 por ciento de necesidades insatisfechas (NBI) y solo 11.631 Familias en Acción, Neiva tiene 327.618 habitantes, un NBI del 17,7 por ciento y 17.463 Familias en Acción. Igualmente sucede en Sabanalarga (Antioquia), que con 8.000 habitantes y 1.078 Familias en Acción entre vulnerables y desplazados, dista mucho de Bojayá (Chocó), que posee 9.000 habitantes y 707 familias en el programa. Más allá de su intención de combatir la pobreza, las iniciativas de subsidios condicionados, que existen en 17 países de América Latina y de los cuales son pioneros los programas de Asignación Familiar de Honduras, Progresa de México y Bolsa Escola de Brasil, pueden convertirse en un buen caldo de cultivo para el clientelismo. No en vano, sus beneficiarios suelen seguir a ciegas a quienes prometen que darán continuidad y muchos políticos se aprovechan de las necesidades extremas para ocultarles a sus electores que los subsidios son derechos y no favores. El director de Acción Social, Diego Molano, dice que ya se han tomado medidas para contrarrestar la eventual politización del programa. Entre ellas, crear líneas de atención de quejas ciudadanas; trasladar las mismas a la Unidad de Reacción Inmediata Electoral y a la Procuraduría e informar que los subsidios hacen parte de una política de Estado que no está condicionada a la elección de un candidato o un partido político. Sin embargo, hay otras medidas necesarias: mejorar los mecanismos de inscripción ciudadana a Familias en Acción y fortalecer las estrategias de comunicación para que los beneficiarios del programa entiendan que es una política de Estado, son algunas de ellas.En la segunda mitad del año, Global Exchange presentará los resultados de su investigación ante el Congreso de Estados Unidos y ante la Unión Europea, donantes de recursos de cooperación internacional. Y en la semana que comienza, el informe se hará público en Colombia. Políticos y ciudadanos deben verlo como una advertencia para el proceso electoral que aún no ha terminado y para otro que, como la campaña por alcaldías, concejos y gobernaciones de 2011, ya casi comienza.