El país amaneció este miércoles con una grave denuncia por cuenta del preesunto caso de abuso sexual a una indígena de 12 años que habría sido cometido por siete soldados del batallón San Mateo, adscrito a la Quinta División del Ejército. Aunque Iván Duque ya había calificado el hecho como "ruin", y pidió una investigación rápida al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, durante su intervención en la firma del Regiotram de Occidente dijo una frase contundente: "Si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar. Y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño", señaló. El presidente fue enfático al decir que Colombia debe "enfrentar con contundencia y drasticidad cualquier agresión a un menor. Cual asesinato o violación, sea quien sea". Duque también expresó que le duele que miembros de la fuerza pública sean presuntos responsables de este crimen, pero que ante todo priman los derechos de esta menor que, según la comunidad embera, desapareció el fin de semana y fue encontrada un día después en un colegio de la zona.
Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Do Kabu, dijo en un comunicado que la menor "fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército de Colombia" el pasado 21 de junio. Pese a conocerse la denuncia por la violencia contra la niña, el señalamiento sobre el secuestro no había sido ratificado por ninguna autoridad indígena.
Según detalló más temprano Juan Guillermo Arenas Nacavera, gobernador del Resguardo Unificado de Pueblo Rico (Risaralda), la niña desapareció el domingo y fue encontrada en el colegio Pío XXII Agroambiental de Santa Cecilia, donde hacían presencia los militares. "La niña no caminaba bien, fue remitida al centro de salud y ahí fue donde se dieron cuenta de que fue violada por siete soldados", indicó a RCN Radio. SEMANA se comunicó con el defensor de derechos humanos Raúl Guasiruma, quien durante años ejerció como la máxima autoridad del Resguardo Unificado Chamí de Pueblo Rico, y este dijo que previo a la denuncia del pueblo embera no se habían presentado otras agresiones por parte del Ejército en la zona. "En 2012 sucedió un hecho confuso, de confrontaciones con el Ejército, donde fue asesinada una mujer embarazada", expresó. De igual forma, Guasiruma agregó que en su comunidad "condenamos y rechazamos esa atroz violación que ha surgido en nuestro territorio".
Lina María Arbeláez, directora del ICBF, dijo en un tuit que pidió al instituto "activar de inmediato una ruta de atención de restablecimiento de derechos, ante el repudiable acto de violencia sexual en contra de una niña indígena de 12 años".