El escándalo por la licitación para llevar internet a centros educativos ubicados en regiones apartadas del país, presuntamente amañada para que la ganara la Unión Temporal Centros Poblados, y la posibilidad que se pierdan 70.000 millones de un anticipo, ya tiene duras decisiones de parte la Fiscalía.

Este lunes fueron capturados, en horas de la madrugada, en Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia), al contratista Emilio Tapia, quien ya había sido condenado en el marco del carrusel de la contratación que se dio en Bogotá; a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, y a Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, a quien indagan por el presunto trámite irregular de garantías bancarias.

Por esa razón, desde Estados Unidos, el presidente Iván Duque aseguró que estas capturas son la muestra de que se está trabajando en el camino correcto, hay un avance importante y “las capturas son una gran noticia”.

Así mismo el presidente Duque reveló que se continuará haciendo todo el esfuerzo para evitar que los recursos que se dieron de anticipo se pierdan y por eso anunció un trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

“No vamos a descansar hasta que no caigan los responsables, estamos trabajando con las autoridades de Estados Unidos, estamos trabajando con todos los organismos de control y ojalá la justicia tome decisiones importantes frente a aquellos que intentaron defraudar el Estado”, dijo el mandatario.

La Unión Temporal Centros Poblados entregó documentación falsa que llevó a un error en el proceso de adjudicación y a un delito que ahora es materia de investigación por cuenta de la Fiscalía General de la Nación. El representante legal de ese grupo de empresas aseguró que ellos hicieron la solicitud de una garantía bancaria a través de un corredor de seguros, y la misma fue entregada a la firma interventora del multimillonario contrato para su revisión.

Justamente entre esa unión temporal se encontraba un consorcio de quién se dice, en la sombra, era manejado por el contratista y condenado en el Carrusel de Contratos de Bogotá, Emilio Tapia, que ahora resultó también en el proceso que adelanta la unidad anticorrupción de la fiscalía por las presuntas irregularidades en el contrato de conectividad.

La investigación de la Fiscalía es por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado, delitos que serán puestos a consideración de un juez en una audiencia de imputación de cargos que se espera realizar una vez legalicen las capturas.

Una denuncia que está en poder de los fiscales anticorrupción fue radicada por quienes, según Centros Poblados, sirvieron de intermediarios en la obtención de las garantías bancarias presentadas en el proceso de adjudicación y sobre las que pesan dudas de legalidad.

Se trata de la empresa Rave, una corredera de seguros con experiencia de 45 años en el mercado y que ahora denunció como su nombre fue involucrado en las presuntas irregularidades en el contrato para la conectividad de 7.000 puntos en las zonas más apartadas en el país, el mismo contrato que terminó en la caducidad y una dura sanción para los contratistas.

“En virtud de la experiencia comercial antes referida y con la confianza generada durante los años transcurridos, el señor Jorge Molina Mayorga me manifestó que poseía un lote en la ciudad de Santa Marta de un alto valor comercial pignorado a través de una banca de inversión al banco Itaú - Corbanca Colombia y por tal motivo era que tenía la facilidad de conseguir los cupos de crédito y garantías bancarias”, se lee en la denuncia que está en poder de la Fiscalía.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los nombres de los otros capturados en este primer operativo de la Fiscalía en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el multimillonario contrato de conectividad que dejó por fuera del ministerio a Karen Abudinen.