El 2019 parece ser el año que va a partir la historia de Colombia en dos. Las marchas que empezaron el 21 de noviembre y que aún no han parado, le han dejado la sensación a muchos de una primavera nacional convertida en un tsunami incontenible por el cambio. En medio de esta tormenta, mucha gente ha visto en el presidente un hombre bienintencionado pero inferior a las circunstancias del momento histórico que le ha tocado enfrentar. La realidad es algo diferente. La teoría de que ha nacido una nueva Colombia no deja de ser una aspiración. La mayoría de los problemas por los cuales la gente salió a las calles no solo vienen de atrás sino que son casi imposibles de solucionar en el corto plazo. El presidente ha manejado acertadamente esta situación al tratar de arreglar lo que se pueda, pero dejando claro que el Estado no se negocia. Los miembros del Comité de Paro han sido poco realistas al pretender mucho más de lo concedido a las Farc en La Habana, lo que en la práctica significaría una revolución por contrato.
El presidente, al ver la contundencia de las marchas, decidió convocar a una “gran conversación nacional”. Invitó a diversos sectores de la sociedad, pero los integrantes del Comité de Paro se pararon de la mesa. Su posición frente a Duque es “o usted negocia solo con nosotros o no le jalamos”. El que no le jaló a esa exigencia fue el presidente, quien decidió adoptar la audaz y peligrosa estrategia de estudiar y discutir los temas del paro con sectores más amplios de la sociedad, pero sin los representantes del comité, por ahora. El Gobierno no tenía otra salida. Varios puntos de los 104 que presentó el Comité del Paro son tan absurdos que dejan la impresión de que los promotores no quieren un acuerdo sino acorralar al Gobierno y paralizar al país. Ellos tienen que saber que una buena parte de sus peticiones son imposibles por consideraciones no solo políticas, sino económicas y sociales. Por ejemplo, ningún Estado que se respete acepta negociar su política de seguridad y defensa nacional, dos de las demandas del comité. Otros de los puntos implicarían cambiar el modelo económico. En esta categoría están peticiones propias del socialismo al pretender dejar todo en manos del Estado y reducir el papel del sector privado. La sola propuesta de estatizar el 11,5 por ciento de Ecopetrol en manos de los privados costaría 15 billones de pesos. Exigir renegociar todos los tratados de libre comercio, prohibir definitivamente el fracking y renunciar a la Ocde no permiten un punto de partida para un diálogo constructivo.
El hecho es que los 13 puntos inciales del Comité del Paro constituían una agenda concreta y aterrizada sobre la cual negociar. Cuando el comité los amplió a 104 pasaron de tener un pliego de peticiones a una lista de mercado. Pedir que cese la violencia contra la mujer es una causa noble, pero no depende del Gobierno. Reconocer al campesinado como sujeto de derechos políticos suena bien, pero la realidad es que los campesinos tienen los mismos derechos que el resto de los colombianos. Ante la inviabilidad de lo anterior, el presidente buscó una alternativa más práctica. Dividir la conversación en seis ejes temáticos para organizarla y ver la posibilidad de llegar a algo concreto. Escogió los temas de educación, corrupción, medioambiente, paz con legalidad, empleo y juventud. Aunque ese esquema es más razonable que cualquier otra alternativa, no hay que esperar que sus resultados sean revolucionarios y siempre existirá el riesgo de que dejen insatisfechos a los marchantes.
El paro, sin embargo, solo copó el último mes en la agenda del presidente. Los 11 meses anteriores aunque menos turbulentos, no fueron nada fáciles. Han estado marcados por la incapacidad del gobierno de definir una agenda y de hacer aprobar sus proyectos bandera en el Congreso. La falta de gobernabilidad se ha debido en gran parte a la terquedad del presidente. Aunque en las últimas semanas ha dado señales de reconocer la necesidad de armar una coalición de gobierno, perdió los primeros 18 meses, que suelen ser los más productivos de cualquier administración. Ahora, con la popularidad en el suelo y los desgastes propios de cualquier gobierno, va a tener menos margen de maniobra para persuadir a los partidos de montarse al bus, y va a ser más vulnerable al chantaje de los congresistas. De alguna manera, hoy al presidente le queda más dificil insistir en su lucha por cambiar las costumbres políticas. El problema central de Iván Duque es que es un hombre de centro y moderado en un partido de derecha con un ala extremista. Había hecho la primera parte de su carrera con Juan Manuel Santos. Junto con Juan Carlos Pinzón, Sergio Díaz Granados y Juan Carlos Mira conformaba las juventudes santistas cuando Santos no tenía ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. Por cuenta de esa cercanía, trabajó en la Fundación Buen Gobierno, fue asesor en el Ministerio de Hacienda y terminó en el BID de segundo de Luigi Echeverri.
Al llegar su mentor a la presidencia, lo lógico era que se hubiera devuelto a Colombia a formar parte del gobierno de la ‘Prosperidad democrática’. Pero Duque siempre ha sido un hombre seguro de sí mismo, ambicioso y los ofrecimientos que le hicieron no llenaban sus expectativas. En ese momento conoció a Álvaro Uribe. El expresidente necesitaba un asistente para una misión que le había encargado la ONU y Luis Alberto Moreno le recomendó a Duque. Tuvieron una química inmediata. Uribe detectó enseguida el talento y potencial del joven funcionario y lo convirtió en su protegido. Por cuenta de esa amistad, Duque llegó a senador y posteriormente a presidente. Sin embargo, Iván Duque nunca perdió su talante de hombre de centro, conciliador y de la tercera vía. Ninguna de esas características son aplicables al Centro Democrático. No obstante, como fue elegido como el portaestandarte de esa colectividad, le ha tocado caminar la cuerda floja entre sus convicciones y las de su partido. El verdadero Duque es el que está manejando el paro y no el que se le ha atravesado al proceso de paz que heredó. Como uno de los compromisos de campaña del Centro Democrático era hacerle reformas estructurales a la justicia transicional, el presidente se embarcó en la aventura de presentar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Eso fue una pérdida de tiempo que no desembocó en nada y que tuvo un costo político muy alto. Los partidos que habían apoyado el proceso de paz, que hasta ese momento andaban cada uno por su lado, formaron un bloque que hasta la actualidad se ha convertido en un palo en la rueda del gobierno. Los coqueteos con Germán Vargas son el primer paso que ha dado Duque para salir de ese atolladero. Esa mano tendida hacia los otros partidos ha comenzaodo a dar frutos. Aunque ninguna alianza ha sido concretada la nueva actitud del presidente hizo posible que pasara la ley de crecimiento económico. Es probable que al comienzo del año entrante vengan cambios en el gabinete que logren la paz política y las mayorías en el Congreso. Sin embargo, es una lástima haber perdido 18 meses para llegar a lo que debió ser el punto de partida.
En 2020 llegará la prueba de fuego para el presidente. Las protestas de las últimas semanas no van a cambiar al país, pero sí representarán probablemente el mayor reto de Iván Duque en su gobierno. En el próximo año el pulso político no va a tener lugar en el Capitolio sino en la calle. Y la calle es dura.