La Procuraduría General de la Nación se pronunció este fin de semana frente a uno de los temas más sensibles y recurrentes que hay actualmente en el país y que involucra a la educación y los derechos miles de niños, niñas y adolescentes de estratos bajos en todo el territorio nacional, se trata del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que sin duda ha sido tan bueno como controversial, aunque esto último, por culpa de los corruptos.
En esta ocasión, la procuradora Margarita Cabello instó a los mandatarios departamentales y municipales a verificar la idoneidad de los contratistas que administrarán el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 2023 y evitar que se presenten otra vez los retrasos e irregularidades vividos durante 2022. Agregó que esto solo se traduce en un riesgo para miles de menores que cuentan, muchas veces, solo con esta comida.
El organismo de control reportó que estas afectaciones al correcto funcionamiento del PAE generaron al menos 245 denuncias ciudadanas y llevaron a la Procuraduría a abrir 80 actuaciones preventivas, 28 disciplinarias e interponer acciones de tutela contra las gobernaciones de Guaviare, Chocó y Sucre; las alcaldías de Cartagena, Neiva, Sincelejo y seis municipios de Boyacá.
La jefe del Ministerio Público relató cómo desde 2015 la entidad ha encontrado dificultades que impiden que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.
“Estamos hablando de que hoy hay 5,464,689 beneficiarios de este programa. No estamos ante un desafío cualquiera. Gran parte del desarrollo del país depende de que ellos sigan cursando sus estudios y se les garanticen unos mínimos nutricionales”, aseguró la procuradora.
Entre los problemas más frecuentes que se han encontrado hasta ahora, la Procuraduría ha emitido alertas sobre entrega de raciones por un periodo inferior a las 40 semanas del calendario escolar, demoras para gestionar la contratación de operadores, malas condiciones de los alimentos y reporte tardío de los recursos ejecutados y de la población beneficiada.
Así mismo, las zonas que han presentado mayores dificultades en la operación y prestación del servicio son: el departamento de Magdalena, y los municipios de Cúcuta, Buenaventura y Malambo. En estos lugares, los procesos de contratación han sido declarados desiertos en varias ocasiones y a raíz de esto se está estudiando la posibilidad de establecer un pliego tipo para los servicios de alimentación, que permita la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y una competencia sana.
“Nos preocupa, además, que el departamento de Amazonas sea la única Entidad Territorial Certificada que no cuenta con una planeación clara y ordenada, que visualice las acciones que se deben adelantar para garantizar que el programa se preste con la suficiente antelación”, anotó la procuradora.
Otro de los inconvenientes recurrentes que encontró la Procuraduría está asociado al inicio tardío en la prestación del servicio y, nuevamente, el caso más alarmante en la vigencia 2022 fue el de Magdalena, con 102 días de retraso, seguido por la ciudad de Sincelejo, con 88 días, y el departamento de Sucre con 81.
“El Gobierno nacional debe enfrentar retos importantes para garantizar que este programa contribuya efectivamente a la materialización de los derechos a la educación, salud y alimentación equilibrada de sus beneficiarios con mecanismos que aseguren sostenibilidad financiera, además de trabajar con las entidades territoriales para lograr un mejor uso de los recursos”, puntualizó Cabello.
Ante todo esto, también pidió a los gobernadores actuar de acuerdo con las directivas de la Procuraduría, dirigida a las 96 entidades territoriales, para que aseguren la disponibilidad de recursos, inicien el proceso de planeación contractual y garanticen la suscripción de los contratos necesarios para la operación en 2023.