Jorge Eliécer García Estupiñán, fue capturado y judicializado por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. La Fiscalía después de varios meses de investigación logró demostrar la responsabilidad que tiene en la desaparición de cinco firmantes de paz.
La Fiscalía, en el curso de la investigación y el juicio, demostró que García Estupiñán, presunto mando medio de la estructura delincuencial Los de Vaca o Resistencias Unidas Campesinas (RUC), participó en la desaparición forzada de cinco firmantes de paz. La investigación llevó a la condena de García Estupiñán.
“Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2017 en la vereda Isupí, en El Charco (Nariño). Las víctimas fueron retenidas por hombres armados, quienes los acusaron de incumplir las órdenes impartidas por esta red criminal en la zona”, señaló la Fiscalía tras obtener la condena contra el señalado responsable.
Las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitieron que un juez condenara a 34 años de cárcel a Jorge Eliécer García Estupiñán, responsable de los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir agravado. Los detalles de la investigación y la posterior condena quedaron condensados en el fallo contra García Estupiñán.
Según la investigación, que tardó varios años en desenredarse, los firmantes que se convirtieron en víctimas del ahora condenado, fueron amarrados de manos, y conducidos por un río. Desde entonces no se conoce su paradero.
Otra condena
Mediante acuerdo con la Fiscalía, Ferney Andrés Cuaspur Chacua, aceptó su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravada y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
De acuerdo con la investigación, el sentenciado participó en el intento de asesinato de la firmante de paz Leidy Lorena Pasu Ceromeca. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre del 2023, en Mocoa (Putumayo).
“La firmante de paz fue atacada por el hoy condenado que le disparó cuando se encontraba en su residencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida”, dijo la Fiscalía.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía fue contundente al punto de que prácticamente obligó al responsable a aceptar su responsabilidad, acercarse al ente acusador y obtener un acuerdo que no solo se convierte en la antesala de una condena en su contra, sino en la forma más clara de demostrar que participó de los hechos enumerados.
“Un juez penal especializado de Mocoa avaló la negociación judicial y lo condenó a 9 años y 1 mes de prisión. También fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la condena”, señaló el ente acusador.