Un juez penal de Santa Marta acaba de dictaminar el castigo que recibirán altos directivos del hotel Irotama por un caso de fraude procesal y falso testimonio, que llevaba más de seis años en los tribunales. La historia comenzó cuando Jorge Díaz adquirió un lote contiguo al prestigioso resort para construir su proyecto hotelero. Según esgrimió por años, desde ese momento, empezó a ser víctima de calumnias y falsas denuncias que tenían la única intención de que fracasara en su negocio para, por esa vía, ahuyentar la competencia.
El juez 4 penal del circuito de Santa Marta anunció hace unas semanas el sentido del fallo condenatorio en contra de Héctor Mario Díaz, dueño del hotel Irotama, y Margarita Perdomo, entonces directora jurídica del hotel. Esta condena se produjo porque el personal del Irotama mintió ante la Fiscalía y utilizó falsas declaraciones para impugnar el otorgamiento de una licencia de construcción al señor Jorge Díaz Jacded, argumentando que nunca se fijó la valla de información.
Por su parte, el juzgado estableció que esta situación no ocurrió, y que la valla sí fue fijada y era visible para los pobladores y transeúntes. Así se demostró que el propietario y los trabajadores del Irotama buscaron poner palos en la rueda al hotel que quería construir Díaz Jacded.
Este viernes hizo pública la tasación de la pena. En un comunicado, la oficina del penalista Juan David Riveros, que representa a Jorge Díaz, explicó el alcance de la decisión. “Héctor Mario Díaz y Margarita Perdomo fueron condenados como coautores del delito de fraude procesal, mientras que Rubén Darío Sossa, Carmen Cecilia Parra y José Alfredo Noche fueron condenados como autores del delito de falso testimonio. Todos deberán pagar una pena de 7.5 años bajo el sistema de vigilancia electrónica, además del pago de una multa de 400 SMLV, inhabilidad para ejercer funciones o cargos públicos, y el pago de una caución de 10 millones de pesos para poder tener el beneficio del subrogado de vigilancia electrónica”, aseguró.
La sentencia también cobija a Rubén Darío Sossa, Carmen Cecilia Parra y José Alfredo Noche, quienes fueron condenados por haber dado falsas declaraciones a la Fiscalía General de la Nación en el 2007. Ellos contaron que nunca habían visto la mencionada valla.
Una pelea de vieja data
En el fallo del juez, se explica la historia del pleito de manera detallada. La narración comienza cuando, el 10 de julio del año 2006, el ciudadano Jorge Díaz Jacded, en representación de Hecol LTDA, radicó una solicitud de expedición de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana No 1 de Santa Marta.
Agrega que en el contexto de dicho trámite administrativo, Jorge Díaz Jacded instaló, junto a otras personas, la valla, que es el eje del pleito, en una esquina del muro que encerraba el lote en donde se iba a adelantar el proyecto de construcción. Para demostrar que la valla se había fijado, se aportaron a la Curaduría 3 fotografías.
El día 8 de septiembre de 2006, la Curaduría otorgó a HECOL la licencia urbanística de construcción, por estimar cumplidos todos los requisitos en la materia, entre los cuales se encontraba el requisito de instalación del aviso o valla. En medio del proceso, Héctor Mario Díaz dijo que las “vallas no estuvieron fijadas durante todo el trámite de la licencia y que, de manera irregular, las mismas se quisieron fijar después de expedida la licencia ilegal que nos ocupa”.
En octubre de ese año, José Alfredo Noche Ramírez, jefe de seguridad del Irotama; Rubén Darío Ossa, administrador del edificio Irotama XXI; Carmen Parra Mesa, representante legal del conjunto cerrado Irotama, y Gloria Patricia Díaz Toro aseguraron ante una notaria que nunca se había instalado una valla relativa a una licencia de construcción en el predio de la sociedad Hecol.
Con esas declaraciones, Héctor Mario Díaz Herrera denunció penalmente a Jorge Díaz Jacded por el delito de urbanización ilegal. Pero, con ocasión de ese proceso, el 7 de noviembre de 2007, José Alfredo Noche Ramírez y Carmen Parra Mesa rindieron testimonio ante el fiscal tercero de la Unidad Nacional Anticorrupción, asegurando que las declaraciones extrajuicio no correspondían a los hechos.
La historia de este camino aún no termina. La defensa de los condenados, liderada por la oficina del penalista Jaime Granados, apeló la decisión del juez. En un comunicado, la defensa aseguró que el señor día respeta la decisión de la justicia, pero no la comparte. El tema quedó en manos de la sala penal del Tribunal de Magdalena. La defensa de Jorge Díaz espera que la decisión de segunda instancia ocurra antes del mes de noviembre del 2024, ya que, en esta fecha, prescribirán todos los delitos.