Por ejercer presiones indebidas utilizando su investidura como senador para obtener en tiempo récord su título como abogado en la Universidad de Medellín, la Procuraduría General sancionó por diez meses para ejercer cualquier cargo público al excongresista Julián Bedoya Pulgarín.
En la determinación judicial se indica que Bedoya, siendo congresista por el Partido Liberal, logró notables ventajas ante las directivas de la Universidad. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular indicó que con estas presiones logró una obtención irregular del título, pues en menos de cuatro meses vio materias, aprobó exámenes parciales y finales, lo que a un estudiante le hubiera llevado al menos tres semestres.
Tras varios meses de investigación, y analizando documentos y testimonios, la Sala llegó a la conclusión que entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 se presentaron una serie de irregularidades por parte de la Universidad que beneficiaron a Bedoya a obtener de manera exprés su título como abogado en pregrado.
Por lo aquí acotado, el organismo de control disciplinario encontró que con su actuar el entonces congresista vulneró y afectó notablemente el principio de moralidad que regula la función administrativa, por lo que se concluyó que incurrió grave a título de dolo, es decir, tenía conocimiento claro de que las acciones irregulares que estaba ejecutando y aún así las continuó realizando para obtener un beneficio propio.
“Julián Bedoya Pulgarín concretó un grave daño social, al desconocer con su conducta la normatividad disciplinada encaminada a salvaguardar la dignidad y moralidad de los funcionarios públicos, pretendiendo obtener beneficios adicionales inherentes al desempeño de su cargo”, resalta el fallo de 64 páginas.
Para la Sala, la evidencia es suficiente para contrariar los argumentos presentados por la defensa del exsenador liberal puesto que es claro que utilizó su distinción para resultar beneficiado.
“La Sala advierte que existe un caudal probatorio suficientemente abundante, para poder determinar que el procesado, en su calidad de senador de la República, generó ciertas reverencias que por su investidura de parte de funcionarios de la Universidad de Medellín”, agrega. “Que la cantidad de irregularidades e inobservancias estudiadas no son mera casualidad, pues se trató pues de la obtención de beneficios adicionales inherentes al desempeño de su cargo, con la finalidad de obtener su título de abogado, ventajas que le otorgaron funcionarios de la Universidad de Medellín frente a su investidura congresual, en la consecución inusualmente veloz de su título”.
Estas ventajas hacen referencia al hecho que en pocas semanas vio y aprobó materias pese a que no estaba inscrito en las mismas, o realizó varios exámenes en un día con una aprobación sobresaliente, lo cual va en contra de cualquier lógica. Incluso se encontró que su reintegro a la universidad después de estar varios años por fuera estuvo plagado de irregularidades.
“La Sala concluye que es reprochable y lesivo para la función pública, tramitar por conductas contrarias a la moral, con actos como el reprochado al procesado, que demuestran un desprecio total por la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública”, advierte el fallo.
La decisión disciplinaria fue notificada un día después que un juez condenara a la esxecretaria y exjefa del programa de Derecho de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón, y el exsubsecretario académico de esa misma institución Juan Felipe Hernández Giraldo, por avalar el título exprés de Julián Bedoya.
En el fallo se determina que las pruebas presentadas por la Fiscalía General permiten inferir que Cossio y Hernández incurrieron en el delito de falsedad ideológica en documento público, hecho por el cual se les impuso una sentencia de 53 y 60 meses de prisión, respectivamente. En la decisión firmado por el juzgado quinto de conocimiento de Bogotá se les otorgó la casa por cárcel.
El pasado 21 de septiembre, el Juzgado 27 del circuito de Medellín negó por “improcedente” la petición presentada por la Fiscalía General para archivar la investigación que se adelantaba en contra de Bedoya por los presuntos fraudes e irregularidades que se presentaron cuando obtuvo su título de abogado.