Un simple hecho, la pérdida de unos documentos, se convirtió en un calvario para una mujer. En 2004 reportó a la Policía que sus documentos de identificación se extraviaron, cuatro años después empezó a recibir notificaciones por deudas en impuesto y de carros que nunca compró. Fue allí cuando denunció ante la Fiscalía.
Más de una década buscó alguna respuesta de la Fiscalía, mientras en su contra corrían impuestos, deudas, gastos de abogados, trámites y un verdadero infierno en su vida crediticia, por obvias razones en su tranquilidad. Como la Fiscalía no investigó, ella optó por investigar a la Fiscalía.
A través de una demanda le advirtió a la justicia que su caso era un ejemplo claro de impunidad. Ella denunció, entregó las evidencias, recopiló declaraciones, hizo todo lo que estaba en potestad de la Fiscalía, pero no pasó nada. Fueron más de 10 años de suplicio que terminan con un contundente fallo de la justicia y que deja a la Fiscalía como la única responsable de la inoperancia del sistema judicial.
“Si bien después de esta fecha se observa una serie de actuaciones judiciales en términos razonables, no lo es menos que pasaron casi 7 años de inactividad en los procesos adelantados con ocasión de las denuncias presentadas por la acá demandante, inacción que conforme el material probatorio allegado no se encuentra debidamente justificada”, advierte el fallo que conoció SEMANA y se convierte en una precedente de relevancia en el sistema de justicia.
El abogado Alejandro Carranza, que durante años acompañó el proceso en representación de la víctima, advirtió que el fallo del juzgado 62 administrativo de Bogotá, no solo fija una indemnización para la mujer que buscó una respuesta de la Fiscalía, sino que anticipa lo que muchas víctimas podrían entender respecto de sus casos y ante la “inoperancia” del ente acusador.
“Falsificaron la firma y la Fiscalía jamás hizo nada de nada y la señora siguió recibiendo de forma sistemática y anual los requerimientos, quedando reportada por no pagar los impuestos de esas motos, quedó fuera el sistema como deudora del Estado y la Fiscalía no hizo absolutamente nada”, señaló el abogado.
El juzgado hace duros llamados de atención a la Fiscalía por lo que consideran una flagrante inoperancia en su labor básica, que es investigar. La víctima de la suplantación de identidad, tuvo que soportar un calvario durante años, sin el apoyo de la entidad que, en teoría, tenía la obligación de darle una respuesta a la ciudadana.
“Por ello, resulta imperioso hacer un llamado de atención a la entidad demandada Fiscalía General de la Nación en cuanto el criterio de defensa adoptado en la contestación de demanda se ve amilanado por la contundencia de las pruebas documentales allegadas al plenario”, advirtió el juzgado en su decisión.
En el fallo de la demanda que interpuso la víctima de suplantación de identidad, el juzgado le insiste a la Fiscalía que no hay forma de excusarse por la inactividad en las labores de investigación, la prioridad para la víctima era encontrar una respuesta del Estado a través del ente acusador y no fue posible, por tanto, el daño es económico y moral es flagrante.
“Con fundamento en lo analizado, la prescripción de la acción penal sin duda alguna genera un daño a la víctima, pues conllevó a la vulneración del postulado de acceso a la administración de justicia al no proferir una decisión definitiva dentro del término con que se contaba para ello, dejando con ello, en vilo la realización de la justicia material”, advierte el fallo del juzgado.
Lo peor de todo el asunto es que la defensa de la Fiscalía fue a advertir que el caso prescribió, es decir, que pasó el tiempo y no se logró ni demostrar la conducta, ni encontrar a los responsables de haber ocurrido. Ahí el juzgado hace nuevamente una advertencia de que ese hecho no puede ser entendido como una respuesta del ente acusador a las necesidades de los denunciantes.