La Fiscalía General de la Nación anunció que, en cooperación con Migración Colombia y la Policía Nacional, logró la judicialización de siete presuntos integrantes de una delincuencial conocida como Los PEP, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y tráfico de migrantes, en calidad de autores.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, al parecer los procesados se encargaban de elaborar documentación falsa a favor de ciudadanos extranjeros con problemas legales y con antecedentes judiciales. En los operativos de allanamiento y registro se encontraron más de 450 pasaportes y cédulas de ciudadanía falsificados para ciudadanos italianos, alemanes, franceses, argentinos, panameños, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y guatemaltecos, con los cuales se pretendía facilitarles el tránsito a otros países.

“Se presume que los detenidos se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual, toda vez que habrían participado en el ingreso irregular de mujeres procedentes del Estado de Zulia (Venezuela), a quienes aparentemente reclutaban como meseras en restaurantes, billares, bares y cafeterías, con supuestos salarios atractivos, en los municipios de Villanueva (La Guajira) y en Cúcuta (Norte de Santander)”, indicó la Fiscalía.

Las autoridades establecieron que cuando las víctimas llegaban a Colombia, los integrantes de la banda delincuencial les ofrecían posada, alimentos y vestuario, pero luego, al parecer las obligaban a ejercer la prostitución para pagar la supuesta deuda adquirida por todos los conceptos, de lo contrario las amenazaban con llevarlas ante las autoridades para su deportación o con publicar sus fotos desnudas en redes sociales, asegurando que eran trabajadoras sexuales con enfermedades.

“Siempre las mantienen endeudadas y explotadas sexualmente, les cobran entre 35.000 y 150.000 pesos diarios, representados en administración, arrendamientos, uso de baños y alimentación”, sostuvo el fiscal durante las audiencias.

La Fiscalía también estableció que esta banda delincuencial iniciaron su actuar delictivo desde mediados de septiembre de 2019 y, aparentemente con el apoyo de servidores públicos, tramitaba de forma ilegal el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para extranjeros que ingresaban al país por trochas o caminos veredales por la frontera colombo-venezolana.

La investigación permitió identificar a los presuntos implicados de la siguiente manera:

Daniel Fernando Yepes Domínguez, funcionario de Migración Colombia en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Valledupar (Cesar), quien habría aprovechado sus conocimiento sobre el trámite migratorio y acceso a los sistemas de información de la entidad, para manipularlos y registrar información falsa con el fin de para conseguir Permisos Especiales de Permanencia (PEP). Por estos actos delictivos se calcula que presuntamente recibía dádivas desde $150.000 hasta $250.000 por cada permiso tramitado.

Leonel Weber Polanco sería el segundo al mando de la organización delictiva. Al parecer se encargaba de la administración de la denominada ‘Mansión de La Belleza’ y de coordinar a las mujeres víctimas del tráfico de migrantes.

Alexander Corredor Riveros presuntamente realizaba los trámites para la obtención de documentos públicos falsos en Bogotá y Cúcuta, tales como cédulas de ciudadanía colombianas, pasaportes, visas y registros civiles, entre otros.

Víctor Andrés Ariño Mendoza era el supuesto encargado de trasladar a las mujeres hasta los lugares donde debían ejercer la prostitución, además de cobrarles ‘el impuesto’ y las deudas no adquiridas.

Marco William Useche González, al parecer hacía alianzas con alias Álvaro, James y Estella, con el fin de nacionalizar a personas extranjeras con documentos falsos.

James Jesús Suárez Peña, igualmente se encargaría del trámite y obtención de documentos públicos falsos.

Luz Estella Leonel Castellanos, se presume que cumplía el mismo rol que James.

A Useche González, Suárez Peña, Corredor Riveros y Luz Estella Leonel Castellanos, adicionalmente la Fiscalía les imputó el delito de falsedad material en documento público.

Entretanto, a Marco William Useche González, Luz Estela Leonel Castellanos y Víctor Andrés Ariño Mendoza les dictó detención domiciliaria. Los dos últimos aceptaron su responsabilidad en los cargos endilgados por la Fiscalía.

“En virtud de la contundencia de los elementos de prueba y los argumentos de la Fiscalía, el Juzgado 10 de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel nacional Modelo en contra de Leonel Weber Polanco, Alexander Corredor Riveros, Daniel Fernando Yepes Domínguez y James Jesús Suárez Peña”, concluyó la Fiscalía.