En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación desplegó un fuerte operativo contra redes dedicadas al microtráfico en varias regiones del país, con el objetivo de afectar las finanzas de esas organizaciones ilegales.
Para ello, un grupo de fiscales adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, junto a sus uniformados de policía judicial, se desplazaron a municipios de cuatro departamentos: Cundinamarca, Nariño, Córdoba y Valle del Cauca.
Ya en esas regiones, las autoridades ocuparon ocho inmuebles urbanos, 1 establecimiento de comercio y 42 vehículos.
“Los predios se encuentran ubicados en Fusagasugá (Cundinamarca), y los barrios Simón Bolívar, Bellavista y San Albano de Pasto (Nariño), el barrio La Granja en Montería (Córdoba) y Dagua (Valle del Cauca). El valor de los activos supera los 2.000 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.
El ente acusador también indicó que el material de prueba que recaudaron evidenció que los activos sobre los que se “impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión” fueron destinados a actividades como acopio, comercialización y transporte de estupefacientes que eran comercializados en espacios públicos y a domicilio.
Entre las bandas ilegales que fueron afectadas se encuentran Los Pitbull, que delinquen en Fusagasugá (Cundinamarca), y Los del Puente, que comercializan estupefacientes en Dagua (Valle del Cauca).
Por último, se indicó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes cobijados con medidas cautelares.
Extinción de dominio a inmuebles de organizaciones criminales en Bucaramanga
La Fiscalía General de la Nación ocupó a finales de agosto dos inmuebles en la ciudad de Bucaramanga (Santander), con fines de extinción de dominio, que habrían sido utilizados por una red delictiva dedicada al tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes.
Los predios, ubicados en el barrio Alarcón y la Avenida Quebradaseca, usaban la fachada de establecimientos comerciales tipo hostales y así alquilaban habitaciones exclusivamente para el consumo de alucinógenos, el cual también era vendido en cada lugar.
“Se afectaron las finanzas de los grupos de delincuencia común organizada conocidos como Yakuza y Los de la 30, que utilizaban los establecimientos de comercio como fachada para dar apariencia de legalidad y de esta manera camuflar el almacenamiento y expendio de sustancias estupefacientes. Estos sitios se ubican en zonas neurálgicas de consumo de estupefacientes en la ciudad, con un alto flujo de habitantes de vivienda no formal”, explicó el coronel José Oscar Jaramillo, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
De acuerdo con la investigación, estos grupos criminales habían sido desarticulados por las autoridades en 2020. Sin embargo, tras no ser enviados a prisión, reinventaron el modus operandi para así poder burlar los controles de las autoridades.
Los consumidores luego de comprar el estupefaciente, principalmente cocaína y bazuco, podían pagar un costo adicional y consumir las dosis en las habitaciones de estas residencias. “Tenían como modus operandi controlar sitios estratégicos que concentran adictos a las drogas y habitantes de vivienda no formal”, agregó el coronel Jaramillo.
El actuar de estas organizaciones quedó al descubierto mediante agentes encubiertos que recopilaron suficiente material probatorio, compras controladas de estupefacientes, vigilancia de casas, entre otras labores investigativas.
“Como resultado se realizó la materialización de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de los dos bienes inmuebles, los cuales fueron avaluados en $ 1.030.000.000; estas propiedades fueron entregadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes serán los encargados de administrarlos hasta que se surta una decisión por parte de un Juez de la República”, sostuvo el comandante de la Mebuc.
En lo corrido de este año han sido ocupados para extinción de dominio 10 inmuebles que eran usados para el microtráfico y almacenamiento de elementos hurtados, según indicó la Secretaría del Interior de Bucaramanga.