La Policía nacional capturó en las últimas horas, mediante una orden judicial, a un presunto cabecilla del Clan del Golfo en el corregimiento de Caucheras, Antioquia. Las autoridades le atribuyen a este individuo el homicidio, en la modalidad de sicariato, de una persona que se encontraba en proceso de reincorporación.
Alias Kaicer, de 32 años de edad, fue requerido por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego.
“El homicidio que se le atribuye es por la participación como coautor en calidad de determinador del ciudadano en reincorporación José Isidro Cuesta, hechos ocurridos el pasado 20 de marzo del 2020 en el sector el Arrastradero de la vereda Urada baja, del municipio Carmen del Darién”, indicó la Policía Nacional.
Además, desde esa institución resaltaron que la trayectoria criminal de alias Kaicer, que era de 15 años, culminó gracias a la articulación de las capacidades entre la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación.
A propósito, un nuevo escándalo sacude la institucionalidad en Antioquia por cuenta de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En las últimas horas, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía detuvo a dos servidores públicos que habrían utilizado sus cargos para impulsar los negocios de esa organización delincuencial en el occidente del departamento.
En la redada contra el Clan del Golfo cayeron cuatro personas del municipio de Heliconia, Antioquia. Sin embargo, los nombres de Gabriel Antonio Marín Pulgarín y Bernardo Mesa Guisao cobraron importancia en la población, porque gozaban de reconocimiento público.
El primero fungía como el presidente del Concejo y el segundo estuvo a cargo del comando de la Policía.
Al parecer, los procesados serían fieles aliados de la subestructura de Edwin Román Velásquez que opera en todos los municipios de esa zona de Antioquia. Ese grupo es responsable del plan pistola contra los miembros de la fuerza pública; además, son señalados de protagonizar desplazamientos, extorsiones y reclutamiento forzado de los campesinos.
De acuerdo con el estudio adelantado por el ente de acusación, el político antioqueño -que resultó electo en octubre de 2019 con la bendición del Partido Liberal- estaría a cargo del tráfico de estupefacientes por las calles de Heliconia. También les habría entregado información a los ilegales sobre las personas pudientes del pueblo para que fueran víctimas de extorsión.
Mientras tanto, el uniformado, quien pidió su retiro antes de ser capturado, habría fijado una alianza con el brazo armado de la organización ilegal para que los homicidios no se cometieran en la zona urbana del municipio, sino en lugares donde sus responsabilidades de prevención se pudieran evadir, según lo establecido por la Fiscalía.
De igual manera, los investigadores encontraron que, supuestamente, el policía habría utilizado su comandancia para entregarles de manera irregular los automotores que eran incautados por la fuerza pública, con el fin de cometer las acciones terroristas que les dieron amplio despliegue a las cápsulas delincuenciales en los rincones de Heliconia.
En consecuencia, el concejal fue imputado por posible concusión y el servidor de la Policía Nacional, por el delito de concierto para delinquir. Los demás procesados deberán responder por concierto para delinquir agravado, extorsión, secuestro simple y desplazamiento forzado. Una vez les dieron a conocer los cargos, ninguno de los implicados aceptó los señalamientos.
Frente a ese escenario, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al político y a otras dos personas por los vínculos que, presuntamente, los asocia con el Clan del Golfo: Olmer Jair Ferraro Serna y Sebastián Arley Bolívar García. El policía fue cobijado con una medida de aseguramiento domiciliaria.