Varias coincidencias se confunden con una decisión de la Unidad Nacional de Protección que finalizó el esquema de seguridad al abogado Víctor Mosquera, representante legal del expresidente Álvaro Uribe en escenarios internacionales. Esa defensa es justamente la primera coincidencia. Lo segundo tiene que ver con las demandas que incluyen al director de la UNP, Augusto Rodríguez, y que fueron radicadas por el abogado Mosquera.
El mismo Rodríguez, demandado por Mosquera, y como director de la UNP, firmó la resolución que puso fin al esquema de protección del abogado. Ahora la justicia, a través de una tutela, sienta un fuerte pronunciamiento sobre la actividad y los procedimientos de la Unidad Nacional de Protección. Asegura un juez que hubo falencias y la UNP “transgredió los derechos al debido proceso, a la vida y la seguridad personal del demandante”.
La acción de tutela se convierte en un llamado de atención, principalmente en momentos que personas, líderes y profesionales, que no comulgan con los planteamientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron marginadas o excluidas de los esquemas de seguridad, con argumentos basados en estudios y datos, que para el juzgado no se compadecen con la realidad.
“En efecto, se constató que la UNP no observó diligentemente las pautas que la jurisprudencia constitucional ha decantado en torno a la motivación de los actos administrativos que afectan las medidas de protección otorgadas a una persona”, señaló el juzgado al concluir que la UNP no cumplió con lo ordenado por la ley y al contrario toma decisiones sin el argumento legal correspondiente.
El abogado Mosquera, al interponer la tutela, advirtió que desde hace varios años contaba con el esquema de protección, dada la compleja situación de seguridad del país y las denuncias que había radicado en la Fiscalía por cuenta de las amenazas en contra de su integridad y del equipo de trabajo; sin embargo, varias de esas denuncias fueron archivadas.
El juzgado llama la atención tras advertir que si bien la Fiscalía archivó varias de las denuncias, una se encuentra en etapa de indagación, incluso con órdenes a Policía Judicial, y otra está en curso y que resulta suficiente para garantizar la seguridad del denunciante. En ese punto la UNP se quedó corta, de acuerdo con los estudios de riesgo.
“Así las cosas, resulta claro para el despacho que la Unidad Nacional de Protección, ni en la Resolución 7303 del 9 octubre de 2023, ni en la Resolución 9558 del 15 de diciembre 2023, realizó mención a las directrices que le sirvieron de guía para disminuir el esquema de protección del accionante, que a su vez correspondieran a criterios objetivos”, señala la decisión del juzgado.
Luego de concluir que existen los argumentos para advertir un riesgo en la seguridad del abogado Víctor Mosquera, el juzgado dio una orden perentoria a la Unidad Nacional de Protección, para que restablezca el esquema de seguridad del defensor en las condiciones en las que se encontraba, previos estudios de seguridad.
“Se dispondrá que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, se restablezca el esquema de seguridad que tenía asignado Víctor Javier Mosquera Marín antes de proferirse la Resolución 7303 del 9 de octubre de 2023 confirmada a través de la Resolución 9558 del 15 de diciembre de 2023, por las razones expuestas”, explicó el juzgado.
De igual forma, y a partir de la notificación de la decisión de tutela, la UNP tendrá que hacer un nuevo estudio de seguridad de acuerdo con las condiciones que fueron analizadas por el juzgado y que ampliamente advierten el riesgo para el abogado, el mismo estudio que fue descartado sin el lleno de los requisitos legales por la UNP.