Cuando la Fiscalía le apuntó a los traficantes de migrantes, la información los llevó hasta la frontera con Ecuador, donde arrancaba este delito en Colombia. En la ciudad de Ipiales, la eterna vecina de los ecuatorianos, los investigadores ubicaron varios hoteles que, de acuerdo con la investigación, fueron usados para alojar a víctimas de los traficantes. Por eso fueron ocupados bajo la figura de la extinción de dominio.
Al menos una docena de hoteles pasaron a la administración del Estado y sin saberlo a una lenta destrucción. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió su manejo, pero de acuerdo con los afectados, los hoteles quedaron a merced de la humedad y las telarañas. Se empezaron a desmoronar a la vista de quienes fueron sus dueños.
Los propietarios de las casas que hace tres generaciones se convirtieron en hoteles, insistieron que no tenían conocimiento de las actividades que desarrollaban los administradores, un argumento que no excluye de responsabilidad, pero que se complementa con lo dicho por las autoridades municipales, en el sentido de que allí efectivamente se alojaban migrantes que buscaban ruta al norte del país, pero nunca estuvieron sometidos o encerrados.
Más de un año después de la publicitada extinción de dominio, el Tribunal Superior de Bogotá, tumbó las medidas cautelares contra los inmuebles y hace un llamado de atención a la Fiscalía en el que advierte que los argumentos del ente acusador descansaron en meras “especulaciones”.
“No obstante, se extraña una verdadera fundamentación en la resolución en las que se expongan las razones de por qué se hace indispensable decretar el embargo y el secuestro sobre los bienes de la señora María del Carmen”, señala la decisión del Tribunal que abre un debate sobre la necesidad de las medidas cautelares en todos los proceso de extinción de dominio.
En su momento, la Fiscalía advirtió la necesidad de las medidas cautelares de embargo para los bienes que, en su criterio, fueron usados en el entramado criminal para llevar migrantes de punta a punta en Colombia. El ente acusador argumentó las medidas cautelares en contra de los implicados.
“i) Esos bienes están dispuestos para seguir prestando el servicio a la migración ilegal; ii) Conseguir que esas propiedades se mantengan en buen estado mientras se adelanta el proceso y se emite la correspondiente sentencia; e iii) impedir la venta, transferencia o gravamen de los predios”, señaló la Fiscalía.
Esos argumentos se quedaron sin piso, de acuerdo con el Tribunal, porque la Fiscalía se limitó a unos conceptos teóricos que se alejan de los hechos y la realidad. “Suposiciones” para advertir que los bienes embargados serían utilizados para la misma actividad ilegal.
“Aseveraciones que se quedaron en meras suposiciones, puesto que el ente instructor en la resolución omitió explicar cuáles eran los motivos que conllevaron a concluir que de manera potencial se podía inferir razonablemente que esos bienes se van a continuar destinando ilícitamente”, señala la decisión que tumbó las medidas cautelares.
para los magistrados, que hicieron el llamado de atención, la Fiscalía no logró demostrar la necesidad de las medidas cautelares y no puede la judicatura solidarizarse con la petición del ente acusador sin tener en cuenta que se dejaron por fuera elementos fundamentales para el embargo de los bienes, más allá de las especulaciones.
“Con todo, para señalar que en realidad al observar la argumentación del ente instructor para imponer tales limitaciones al dominio no tiene evidencias, ni realizaron una verdadera inferencia que lo llevara a realizar el pronóstico de la posible continuidad de la destinación ilícita de dicha propiedad, reiterando que este se limitó a efectuar especulaciones”, señaló el Tribunal.
Destruidos
El asunto central del embargo de los hoteles y el enfrentamiento con la Fiscalía, fue resuelto en favor de los propietarios. Sin embargo, el ente acusador continúa en su propósito de demostrar que los bienes fueron usados en el fin ilegal, ese es otro asunto que también debe resolverse en la justicia.
Ahora el problema está en cómo fueron devueltos los bienes, dicho por los propietarios, en situaciones tan precarias que hace imposible ponerlos en funcionamiento, siquiera para habitarlos. Ellos, los dueños, advierten demandas por la situación que convirtió sus propiedades, hoteles familiares, en esqueletos desvalijados por el tiempo y los ladrones.