Las autoridades ecuatorianas deportaron a Jaime Edilson Rodríguez Moreano, un colombiano de 36 años que tiene deudas pendientes con la justicia por liderar una supuesta comisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur del país.
La Policía Nacional reveló que este sujeto, presuntamente, tendría diez años de actividad criminal donde habría atormentado a los habitantes del Triángulo de Telembí en el departamento de Nariño: los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán.
Principalmente, se le reclama por sus funciones al interior del Frente de Guerra Sur Occidental de la guerrilla: “Liderar las finanzas criminales a través de extorsiones a comerciantes, narcotraficantes y mineros para financiar su componente delictivo”.
Se conoció que el 6 de febrero de 2018 solicitó refugio en el vecino país y, un año después, fue aceptado por el gobierno de turno. Sin embargo, la medida fue revocada este martes 12 de diciembre cuando fue expulsado hacia su lugar de origen.
Entre tantas cosas, se le acusa de ordenar el homicidio de Wilmer García, un líder indígena de la comunidad Awá del municipio de Barbacoas. Mientras que en Ecuador fue vinculado con el grupo delincuencial Los Lobos, por lo que fue detenido en abril de 2022.
Él cargaba con una circular azul de Interpol por los supuestos delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, aunque ya no tendría nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), según la investigación adelantada por la Policía Nacional.
Con su deportación, las autoridades creen que se garantiza la protección de los derechos humanos de las personas que se vieron afectadas por él mientras delinquía en la guerrilla, el esclarecimiento y justicia frente al crimen de García y un declive para la organización.
“Se genera una afectación a la estructura, generando un declive en la ejecución de delitos en el departamento de Nariño, contribuyendo al mejoramiento de la convivencia y seguridad ciudadana”, se lee en el expediente de Jaime Edilson Rodríguez Moreano.
Cayó el hombre que le declaró la guerra al ELN y era mano derecha de Iván Mordisco; aquí, su impactante prontuario
El pasado 7 de diciembre fue capturado en Santander el señor Fredy Romero, conocido en el mundo criminal con el alias de Giovanny Tesoro. Según las investigaciones de la Policía Nacional, él sería el cabecilla financiero de la subestructura 28 del Estado Mayor Central de las Farc y le habría declarado la guerra al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Se sospecha que venía realizando coordinaciones para reorganizar a las disidencias en los departamentos de Boyacá, Casanare y Santander, cuyo propósito sería consolidar una zona de retaguardia para hacerle contrapeso al Frente de Guerra Oriental del ELN. Así mismo, mejorar su billetera a costa de las extorsiones a los comerciantes y transportadores.
Por todo esto, es requerido por la Fiscalía para que responda por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, terrorismo, secuestro extorsivo, tráfico de armas de fuego, extorsión y hurto en hechos acumulados en los últimos 24 años, tanto en las disidencias como en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las unidades de la Policía Nacional creen que Romero fue reclutado en 1999 por alias Alfonso Cano: recibió tres cursos político-militares; formación especializada para instalar explosivos, disparar y adelantar misiones de inteligencia en la Compañía Uriel Londoño del Frente 10; se negó a respaldar el proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
La experiencia lo convirtió en el hombre de confianza de alias Iván Mordisco, el cabecilla del Estado Mayor Central. Hasta el día de su captura, tenía bajo su mando un componente armado con presencia en los municipios de Tame (Arauca); Támara, Sácama, Paz de Ariporo y Pore (Casanare), y Salina (Boyacá), donde venía extorsionando.
En el expediente se lee que, supuestamente, el 24 de julio de 2019 ordenó una acción terrorista en el municipio de Arauquita mediante la modalidad de motobomba donde dejó una persona muerta y tres heridas. El 9 de agosto de ese mismo año habría pedido el asesinato de un soldado en Saravena y más de diez acciones contra la fuerza pública.