Este lunes se reactivará el trámite para trasladar al exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza a la cárcel La Picota de Bogotá para que siga cumpliendo su condena de cuatro años y diez meses de prisión por intentar sobornar con 200 millones de pesos a un juez de la República para que decidiera favorablemente un proceso judicial en el que tenía intereses cercanos una poderosa familia para el manejo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

El trámite se reanuda después que el excongresista del Partido de la U fuera dado de alta de la Clínica La Misericordia de Barranquilla. Durante este tiempo, poco o nada se supo sobre los malestares que lo aquejaban.

El centro médico aseguró que no podía dar información sobre el exsenador puesto que la historia clínica era reservada y solamente se la podía entregar al Inpec.

Sin embargo, el Instituto tampoco reveló el diagnóstico de Pulgar, reseñando que no había obtenido toda la información. El único dato que se conoció fue emitido por el mismo Inpec, que en la mañana del 24 de marzo informó que el dirigente político había sido trasladado de urgencia debido a que manifestó tener un dolor “en el pecho parte superior izquierda y la presión arterial alta”.

Por el momento, el exsenador se encuentra en las instalaciones del batallón militar de Matambo (Atlántico), recibiendo atención médica y siendo sometido a los respectivos controles. Información extraoficial indica que Pulgar sufrió un cuadro hipertensivo agravado por depresión.

El pasado 22 de marzo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad (Atlántico) resolvió una acción de tutela presentada por la pareja sentimental del excongresista del Partido de la U que reclamaba la protección a los derechos fundamentales a la unión familiar y el debido proceso.

En la acción judicial presentada por la esposa de Pulgar se manifestaba la necesidad de que él continuara privado de su libertad en el batallón militar de Malambo (Atlántico), esto con el fin de que siguiera teniendo una relación cercana con su hija, que es menor de edad. Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el juzgado concluyó que existen diferentes herramientas tecnológicas con el fin de mantener esta unión.

“En consideración a las amplias consideraciones de la jurisprudencia tenemos que el derecho fundamental a la unidad familiar puede reivindicarse o, mejor, ante la posibilidad de traslado, como ocurre en el presente evento, su protección se garantiza a través de la utilización de las tecnologías o la virtualidad cuando no sea posible presencialmente”, precisa el fallo de 15 páginas conocido por SEMANA.

En el análisis jurídico, el juez consideró que la esposa de Pulgar “no adujo carecer de recursos económicos o tecnológicos para, en el primero de los casos, desplazarse a las visitas presenciales, ni en el segundo para hacer las visitas virtuales, ni se alegó afectaciones en salud ni de la accionante, la menor o el recluso. Que impongan la protección deprecada”.

“Dado lo anterior, conforme con lo cual, no se vulnera el derecho fundamental invocado con el traslado del recluso, toda vez que el derecho fundamental principal invocado de la unión familiar se suple con las visitas virtuales, se negará el amparo solicitado”, destaca la decisión.

Pulgar fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia tras aceptar su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.

Esto por haberle ofrecido sobornos al juez promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico) con el fin de que lo beneficiara con el restablecimiento del derecho en un litigio que adelantaban personas muy cercanas a él para manejar la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la cual era uno de sus fortines políticos.

Pulgar invitó al juez a su casa en Barranquilla y le ofreció 200 millones de pesos con el fin de que tomara una decisión. Sin embargo, ante la negativa del funcionario, el dirigente político le insistió en que al menos retrasara la toma de la decisión.

Todo esto fue grabado por el juez que, como precaución, llevó una grabadora a la casa de Pulgar. Esto debido a que este tipo de invitaciones no eran normales.

Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura, lo que representa que Pulgar no podrá volver a presentarse a cargos de elección popular el resto de su vida. Mientras tanto, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos.