El Gobierno Nacional ya tiene listo el decreto para que la educación superior sea gratuita en universidades públicas del país. Se proyecta que esta iniciativa tenga un impacto de $ 17 billones en un periodo de 10 años, de acuerdo con el Conpes 4040 de 2021.
En el decreto explican que los dineros para la puesta en marcha de la iniciativa en 2024 ya se encuentran aprobados en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Asimismo, explican que en los años siguientes toca incluir ese gasto en el PGN.
“Para 2024, los recursos necesarios para la financiación de la matrícula de los potenciales beneficiarios, ya se encuentran incluidos en el proyecto de la Ley de Presupuesto General de la Nación aprobado en el Congreso de la República. Para las vigencias posteriores se realizarán las apropiaciones anuales correspondientes en las respectivas leyes de presupuesto”, se lee en el documento.
Lo único que están terminando de definir, para poner en marcha el proyecto, es la forma en la que seleccionarán a los estudiantes beneficiarios, a quienes solo se les apadrinaría una carrera.
Petro sanciona ley para establecer la gratuidad en universidades públicas
El presidente, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2307 del 31 de julio del 2023, por medio de la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones públicas de educación superior, herramienta que le permitirá al Gobierno Nacional financiar el valor de la matrícula de los estudiantes.
“La presente ley establece los lineamientos para regular la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país, con el fin de eliminar barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa”, dice el primer artículo de la norma.
Asimismo, en el segundo artículo se indica que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública”.
La Ley, además, explica que las instituciones de educación superior públicas son todas aquellas de tipo técnico, tecnológico y universitario. Por último, según el artículo 7 de la norma, el Gobierno Nacional tiene un plazo no superior de seis meses para su reglamentación, a partir de la expedición. Es decir, antes de enero de 2024.