En la Casa de Nariño el Gobierno nacional entregó detalles de una multimillonaria inversión en el marco del programa Integra que realizó Estados Unidos para atender a la población migrante en Colombia, que en su mayoría ha huido del señalado régimen de Venezuela de Nicolás Maduro.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) invirtió 40 millones de dólares, recursos que según la Presidencia de la República estarán destinados para mejorar la situación de la población migrante.
El evento contó con la participación del mandatario colombiano, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el gerente de Fronteras, Lucas Gómez, y el director de Usaid en Colombia, Larry Sacks.
De acuerdo con las autoridades, Integra pretende apostarle a Colombia para que tenga una política más robusta que permita mejorar la gestión migratoria y facilitar una integración sostenible, la cual se pueda ver reflejada en oportunidades para la población migrante y retornada desde Venezuela, en la cual se garantice sus derechos y beneficios.
“La iniciativa trabaja bajo los principios de la articulación, construir sobre lo construido y la co-creación con todos los sectores de la sociedad, fortaleciendo a nivel nacional y local las capacidades institucionales y la cohesión social, y a nivel individual y comunitario las capacidades humanas”, explicó el Gobierno nacional.
La iniciativa se focalizara en nueve departamentos del país: Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena), Cartagena (Bolívar); Barranquilla y Soledad (Atlántico), Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios (Norte de Santander), Bucaramanga (Santander), Medellín, Itagüí, Envigado y Bello (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), y Bogotá y Soacha (Cundinamarca).
De la misma manera, se especificaron los puntos de trabajo de la estrategia de apoyo migratorio:
- Mejorar la gestión fronteriza del Gobierno colombiano y la gobernabilidad migratoria.
- Fortalecer la capacidad de los gobiernos territoriales para proveer acceso de la población migrante a servicios sociales de calidad.
- Reducir la xenofobia hacia las personas migrantes, en áreas específicas, mediante el fortalecimiento de la cohesión social.
Por otro lado el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló este martes las cifras del Pulso Migratorio para Colombia de enero y febrero de este año, con las dinámicas de vida, movilización, trabajo y conformación de familia de los migrantes venezolanos en el país, las cuales revelan que solo el 15 % tiene permiso para trabajar en territorio nacional.
En ese sentido, estas cifras del Dane indican que Bogotá, con el 24 %, sigue siendo la ciudad que más recibe a personas que por primera vez llegan a Colombia desde Venezuela, seguida por Norte de Santander (14,3 %), Antioquia (9,5 %), Atlántico (8,3 %) y Valle del Cauca (7,0 %).
“El 15,4 % de los migrantes encuestados entre enero y febrero de 2022 reportaron tener Permiso Especial de Permanencia (PEP), mientas que el 84,6 % no lo tenía. De este 15,4 % que tienen el PEP, el 15,7 % eran mujeres y 15,0 % hombres. Desde el año 2018, el 41,3 % de esta población tiene el permiso y desde el año 2019, el 24,2 %”, indica el Dane.
Antes de obtener el PEP, de acuerdo de las cifras de esa entidad, el 51,7 % de migrantes consultados respondieron que la actividad que ocupó la mayor parte de su tiempo fue trabajar; el 24,3 % buscó trabajo, el 6,8 % estaba estudiando y el 14,3 % estaba dedicado a oficios del hogar.
“Los migrantes venezolanos, antes de obtener el Permiso de Protección Temporal (PET) se desempeñaron como trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercancías, con un 39,4 %, seguido por vendedores elementales, con 34,4 %, y oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios, con 14,5 %”, dice el informe.
Este informe del Dane, por último deja ver un panorama de desfavorecimiento en el mercado laboral para la población venezolana, en la cual muchos se ven expuestos a jornadas laborales extenuantes, sin percibir el pago de horas extras o seguridad social, quedando expuestos incluso en caso de accidentes laborales.