“Cuatro personas que tomaron la vocería por parte de las comunidades afirmaron que, efectivamente, el Ejército llegó a intimidarlos, a amenazarlos, los encañonaron, los colocaron boca bajo, durante varios minutos mientras proferían palabras soeces. Este maltrato duró tres horas y media”. De esta forma detalló el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, los testimonios que han recolectado hasta la fecha sobre los graves hechos que se presentaron el pasado 11 de septiembre en la vereda Boca de Manso, en Tierralta, Córdoba.
En estos testimonios se confirmó que diez personas fuertemente armadas, y que se presentaron como disidentes de las Farc, atacaron a la población civil, aumentando el miedo y la zozobra en la región. Las declaraciones han sido contundentes para evidenciar el vacío del Estado y la falta de protección para los habitantes de la vereda. “Solicitan que se haga justicia y eso es lo que reclaman”, enfatizó el procurador que lidera la comisión especial encargada de recolectar elementos materiales probatorios dentro de la investigación disciplinaria.
Frente a la gravedad de la situación, la Procuraduría General pidió una comisión de primer nivel del Gobierno para que se traslade a la zona y escuche los reclamos de los pobladores. “Tienen algunos cuestionamientos sobre la estrategia de sustitución de cultivos
La situación se torna mucho más grave si se tiene en cuenta la falta de presencia del Estado en esa zona y los oídos sordos a los fuertes reclamos de la población civil. “No hay construcción de escuelas, no hay un puesto de salud, están sufriendo, semanalmente, de paludismo, no cuentan con los medicamentos”, explicó el procurador delegado para Derechos Humanos citando las declaraciones de varios habitantes.
Por esto, advirtió el procurador Sarmiento, las personas pusieron sobre la mesa sus exigencias, reclamos y peticiones a los entes gubernamentales. “También piden mayor presencial estatal, quieren conversar con la Unidad de Víctimas”.
El comandante del Ejército, general Luis Fernando Ospina, confirmó en la mañana del pasado jueves, desde Montería, que fueron retirados del servicio 10 de los uniformados involucrados en este hostigamiento. El hecho es tan grave que en las denuncias, incluso, señalan que se dio la violación de una mujer indígena, un caso que está en investigación.
“Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar”, aseguró el general Ospina desde la capital del departamento de Córdoba.
Hostigamientos, abuso sexual y robos en Tierralta
La tranquilidad de la vereda Bocas del Manso Camino, ubicada en el municipio de Tierralta, al sur de Córdoba, se vio sacudida por un escalofriante episodio de violencia que ha conmocionado a toda Colombia. El pasado 11 de septiembre, un grupo de uniformados generó una ola de terror en la comunidad.
Según relatos de testigos, alrededor del mediodía, aproximadamente diez individuos llegaron a la vereda, haciendo creer a los habitantes que eran disidentes de las Farc. Sin embargo, los uniformados llevaban prendas militares que revelaban su verdadera identidad. En un acto de violencia indiscriminada, comenzaron a amedrentar a los residentes, incluyendo a mujeres con niños en brazos, menores de edad y adultos mayores.
La situación alcanzó su punto culminante cuando las víctimas lograron documentar los horribles eventos en un impactante video de 4 minutos y 14 segundos. En la grabación, se puede ver a los uniformados profiriendo insultos verbales, amenazando con disparar e incluso apuntando sus armas directamente a la cabeza de algunos de los presentes.
La situación alcanzó su punto culminante cuando las víctimas lograron documentar los horribles eventos en un impactante video de 4 minutos y 14 segundos. En la grabación, se puede ver a los uniformados profiriendo insultos verbales, amenazando con disparar e incluso apuntando sus armas directamente a la cabeza de algunos de los presentes.
Además de las amenazas y la intimidación, la comunidad denuncia abusos sexuales y robos por parte de los militares. Una mujer indígena embera katío fue presuntamente abusada sexualmente, mientras que los uniformados habrían robado objetos como ropa, bolsos, productos de higiene personal, dinero en efectivo, joyas y también llevaron a cabo saqueos en las tiendas de alimentos.
Testigos afirman que los militares forzaron a los habitantes a abandonar sus hogares, incluyendo a niños, mujeres y adultos mayores, a quienes también les exigieron que se acostaran en el suelo durante aproximadamente tres horas. Además, se conoció que los uniformados obligaron al profesor de la escuela local a recopilar información de todos los presentes en la comunidad, llevándose consigo la lista con los datos de los residentes.
Cuando finalmente se retiraron del lugar, se dirigieron hacia una dirección que ya era conocida por la comunidad debido a la presencia previa del Ejército Nacional en la zona, durante los últimos cinco días.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer estos perturbadores hechos y garantizar que se haga justicia. La comunidad de Bocas del Manso Camino espera respuestas y medidas adecuadas para proteger sus derechos y seguridad en el futuro.