El Ejército Nacional, con el apoyo de la Fundación Colombia Herida, entregará entre el jueves y viernes de esta semana lo que se conoce como un informe mixto, a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Pero además, también se presentará el Informe Génesis - Autodefensas Unidas de Colombia, Informe técnico Soldados regulares víctimas de secuestro y desaparición, Informe Aportes a la Construcción de país: Un compromiso del Ejército Nacional, Informe Jano; cuatro Informes sobre victimización de militares, el informe Soldados sin Tierra, una investigación de conflicto en las regiones, dieciséis informes de la Colección Bicentenario, ocho informes y diecinueve casos del proyecto Luces para la verdad, ocho informes y diecinueve casos del proyecto Surcos de dolores, dieciocho libros académicos y dos productos transmedia.
Según ha señalado la JEP, estos documentos abordan diversas temáticas y análisis de algún aspecto del conflicto armado interno colombiano, como son las graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que han sufrido los soldados.
Según el reporte de la Fundación Colombia Herida, más de 280.567 militares sufrieron algún tipo de impacto en medio de los enfrentamientos con los grupos armados ilegales, como la guerrilla.
“Los insumos son el resultado de análisis e investigaciones realizadas por los grupos interdisciplinares de memoria histórica del Departamento Jurídico Integral y demás dependencias del Ejército Nacional, con apoyo de la Fundación Colombia Herida, Jaime Arteaga & Asociados, entre otras entidades”, advirtió la JEP.
Según pudo establecer SEMANA, en dichos informes se mencionan temas como asesinatos, desaparición forzada, desplamiento y casos de secuestro, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de las cuales fueron víctimas los uniformados en varios puntos del territorio nacional.
Pero la otra cara de la moneda ante la justicia transicional tiene que ver con las imputaciones anunciadas por la JEP. El Caso 003 de falsos positivos, o como aclaró la Justicia Especial para la Paz que se llamará de ahora en adelante: asesinato y desaparición de personas presentadas como bajas en combate, dio su primer gran avance en el tribunal transicional con el anuncio de la imputación contra un general, nueve militares, entre oficiales y suboficiales, y un civil, dentro de la investigación por uno de los capítulos más oscuros de la guerra en el país: Norte de Santander, en especial El Catatumbo.
Esta imputación se da fruto de la sistematización de los informes judiciales de Fiscalía, Procuraduría y otras entidades y extrajudiciales que ha recibido el tribunal transicional. Para la mesa de la Sala de Reconocimiento de la JEP, estos asesinatos y desapariciones “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’, y sin la estigmatización de la población civil”.