A través de un comunicado, el Ejército Nacional se pronunció frente a la captura de 23 militares activos y retirados por supuestos hechos de corrupción, en casos relacionados con presuntas irregularidades administrativas en medio de los procesos de incorporación de soldados.
La institución señaló que los operativos fueron realizados en diferentes partes del país a través de su contrainteligencia y el Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el comunicado, los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato.
“La institución, en cumplimiento a la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, seguirá facilitando el apoyo necesario a las autoridades judiciales, conforme el principio de constitucionalidad de colaboración armónica”, indicó el Ejército.
Igualmente, anunció la apertura de investigaciones internas que permitan dar más claridad sobre lo sucedido.
Por último, la institución enfatizó que no “tolerará ningún acto que vaya en contravía del ordenamiento jurídico, así como de los principios y valores institucionales”.
Se espera que en las próxima horas se entreguen más detalles del caso y de la situación judicial de los 23 capturados.
Anteriormente se habían capturado oficiales por presunta corrupción
Cabe señalar que hace poco también se registró la captura de tres oficiales por presunta corrupción en Bogotá, Antioquia y Norte de Santander.
Las detenciones se llevaron a cabo el pasado mes de marzo. De acuerdo con la información, el oficial de Bogotá, al parecer, estaría implicado en corrupción con el manejo de un contrato de combustible.
Fuentes judiciales agregaron que el oficial capturado se encontraba en curso de ascenso a teniente coronel y los hechos por los cuales fue capturado se dieron cuando estaba al mando de un batallón del Ejército. En medio del operativo, otros dos oficiales, dos suboficiales activos y dos civiles habrían sido también detenidos.
SEMANA conoció detalles de la investigación en contra del mayor, en donde se señala que los posibles hechos irregulares se presentaron el 7 de diciembre del 2020 en el Valle del Cauca, con un contrato por un valor de 6.000.000 millones de pesos para la adquisición de ACPM y lubricantes.
Entre los motivos de la investigación, se señala que se originó por “hechos económicos dejados de registrar contablemente”.
Hay que mencionar que otro de los escándalos que golpeó al Ejército por presunta corrupción se presentó en el 2021, cuando la propia institución informó que fueron capturados dos oficiales y un suboficial por presunta corrupción administrativa.
“En desarrollo de una operación enmarcada en la protección de la fuerza, con el objetivo de prevenir, detectar y neutralizar actuaciones individuales de integrantes de la institución que no corresponden a los valores y principios, ni están enmarcados en la ley, permitió dar cumplimiento a las órdenes de captura emanadas de la Fiscalía General de la Nación, especializada en delitos contra la administración pública de dos oficiales y un suboficial retirado”, indicó el Ejército.
Añadió la autoridad militar en su momento que “esta acción, que se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, en una operación de contrainteligencia, enmarcada en la política institucional de cero tolerancia ante posibles hechos de corrupción, según las primeras informaciones, habría ubicado en el Batallón de Infantería Vencedores, en Cartago, Valle del Cauca, al parecer irregularidades en solicitudes de pagos, correspondientes a rubros de gastos reservados”.
Asimismo, indicó el Ejército que “la investigación se encuentra en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación, por lo que goza de la reserva legal. (…) La operación lleva varios meses en desarrollo, cumpliendo con todos los preceptos establecidos en la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia. El Ejército Nacional tomará las acciones disciplinarias y medidas administrativas a las que haya lugar, conforme en derecho corresponda”.