No hubo mayores sorpresas en la entrega del informe del Ejército sobre las interceptaciones ilegales que denunció Semana.com. Tras la lectura de un resumen hecha por el inspector general del Ejército, Ernesto Maldonado, las FF. MM., ratificaron que la creación de la fachada para interceptar las comunicaciones desde el barrio Galerías en Bogotá, fue legal. A pesar de ello, señalaron que las investigaciones continuarán por parte de la Procuraduría y la Fiscalía. Para el Ejército, el ente acusador tendrá la última palabra acerca de lo que ocurrió en el restaurante en donde se tenía montada la fachada. Lo cierto es que mientras eso ocurre, se ordenó suspender a seis "funcionarios" de los cuales no se entregaron sus nombres. Según el general Maldonado todo estuvo ajustado a la ley. El “funcionamiento estaba soportado” se “autorizaron los rubros”. Además se dejó claro que “las actividades fueron desarrolladas dentro del marco legal”, es decir, que se utilizaron los procedimientos para estos casos. Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien tras conocer el escándalo ordenó que se entregara este 14 de febrero un informe en el que se revelara lo que pasó dentro de la fachada en Galerías. Sin embargo, en el informe se estableció que será la Fiscalía la que determine si se presentaron irregularidades en las interceptaciones. Sobre si se interceptaron comunicaciones de manera ilegal a los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogo en La Habana, no se dijo mucho aunque se descartó cualquier acto ilegal. "En ningún momento adelantaron interceptaciones de comunicaciones". Será la Fiscalía la que diga qué se encontró en las memorias de los computadores. En la lectura del documento también se señaló que para realizar la indagación se tuvieron en cuenta las ordenes de operaciones entre los años 2012 a 2014, emitidas por el comandante del Batallón de Inteligencia Nº3 a cargo del cual estaba la fachada. También se aseguró que se revisaron documentos relacionados con el tema presupuestal, gastos de sostenimiento y mantenimiento de la fachada. Además se entrevistaron a las personas que estuvieron laborando en ‘Buggly Hacker’ las cuales indicaron que no se realizaron actividades ilícitas. Ante eso aseguró Maldonado que será la Fiscalía y la justicia Penal Militar las que determinen si dijeron la verdad. Al final se resaltó que en adelante los lugares en los cuales se realicen este tipo de operaciones tendrán que someterse a la supervisión. Se hará de manera regular cada mes. También se solicitó el apoyo internacional de gobiernos amigos para que ayuden a la vigilancia de estas fachadas.