La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reveló que entre los años 2002 y 2008 se llevaron a cabo 6.402 ejecuciones extrajudiciales contra personas inocentes por parte de agentes del Estado, también denominados como ‘falsos positivos’.
La cifra presentada por el tribunal de paz representa un aumento superior a los 4.100 casos adicionales a los que habían sido reportados por la Fiscalía General de la Nación sobre este tipo de crímenes, pues la cifra inicial entregada por el organismo judicial había apuntado a 2.248 casos.
Sin embargo, uno de los reportes que se sumaron a la revelación hecha por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz indica que aproximadamente el 76 % de los crímenes cometidos contra personas inocentes, bajo la modalidad de ‘falsos positivos’, han quedado en la impunidad.
En ese sentido, según los reportes entregados por la Fiscalía General de la Nación, solamente el 24 % de los casos llegaron a la justicia ordinaria para su respectivo estudio, lo que deriva en solo 1.282 condenas y sanciones contra militares que estuvieron involucrados en los crímenes.
“El fenómeno descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las fuerzas militares con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos”, señala la JEP a través de su sitio web.
Antioquia es el departamento en el que más casos de ‘falsos positivos’ se han identificado, pues registra el 25 % de las víctimas inocentes que fueron asesinadas por miembros de la fuerza pública para presentarlas como bajas en combate contra grupos subversivos.
La IV Brigada del Ejército, ubicada en territorio antioqueño, sería la mayor responsable con el 73 % de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante ese periodo de tiempo.
Tras las nuevas cifras entregadas por la JEP, este tribunal se encargará de liderar una investigación denominada caso 03 con el objetivo de determinar la presunta participación de 19 generales de las fuerzas militares en la comisión de estos delitos.
¿Quiénes eran las víctimas?
El tribunal de paz explicó que se adelantarán estudios en otros territorios del país en los que también hubo evidencia de estos crímenes, por ejemplo, la costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. En una segunda fase de la investigación también se estudiarán hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo.
El 66 % del total de casos se concentran en 10 departamentos de los 32 que tiene el país, cuyas víctimas eran principalmente habitantes de zonas rurales.
“Posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y en condición de discapacidad”, agrega la JEP.
En los próximos meses la Jurisdicción Especial de Paz plantea brindar resultados oficiales sobre las investigaciones del caso 03, en el que será fundamental la cadena de mando; aunque las imputaciones serán individualizadas.
El alto tribunal tiene claro que hubo “un aparato” de muerte detrás de las ejecuciones. Así como en las Farc cada caso se investiga por Bloque, en el caso de los militares se desarrolla por batallón.
Decenas de uniformados retirados y víctimas han pasado por la JEP y ya se sabe que los relatos y testimonios son aterradores. En este caso rige la misma norma: si los responsables imputados no aceptan sus delitos se van a la justicia ordinaria y pueden tener penas de más de 20 años. Pero si aceptan, tendrán entre 5 y 8 años de restricción territorial y serán sometidos a las llamadas penas propias.