"El acceso a la tierra ha sido el eje del conflicto armado"

Marco Romero, director de la organización Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), explicó por qué es tan importante el debate sobre la tenencia de la tierra y el uso del suelo en Colombia. En su criterio, el acceso a la tierra ha sido el problema central del conflicto armado. Para Romero, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento a la Política para el Desplazamiento Forzado, la ley de víctimas es de suma importancia para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de quienes han sufrido por el conflicto armado. Pero también para la reactivación del campo. Sin embargo, no es suficiente para lograr la paz. Semana.com: en la historia del conflicto, ¿qué papel ha jugado el acceso a la tierra? Marco Romero: Ha sido el eje básico del conflicto armado colombiano. Las guerrillas de los llanos, que luego formaron las Farc, surgieron de campesinos excluidos de la frontera agrícola, que reivindicaban el acceso a la propiedad de la tierra. Esos campesinos colonizaron territorios que en ese momento estaban poblados por indígenas y afrodescendientes. Hoy Colombia tiene uno de los modelos, de uso y tenencia de la tierra, más anacrónicos del mundo. El propio ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha dicho que no solo se ha reversado la Reforma Agraria, sino que se ha producido una contrarreforma. Semana.com: ¿La reforma de Alfonso López Pumarejo, en el 36, qué importancia tuvo? M.R.: López Pumarejo introdujo un criterio en la Ley 200 del 36: los campesinos podían reclamar al Estado que se decomisaran las tierras donde no había título de propiedad y las “inadecuadamente explotadas”, que en criterio de López eran las que no estaban tecnificadas ni propendían por una agricultura comercial ni tenían una fuerza agremiada de trabajo. Tan pronto los campesinos comenzaron a denunciar predios que no tenían títulos, o que estaban inadecuadamente explotados, fueron reprimidos por las bandas de “pájaros”, equivalentes a las “águilas” de ahora -parece que eran de la misma familia-, y se desató un fenómeno de violencia contra el campesinado. Sectores latifundistas utilizaron la violencia para sacar a los campesinos y pedir el archivo de la reforma agraria. Este proyecto se frustró con la salida de López del poder y después llegó la violencia de los años 50. Semana.com: ¿Y la de Carlos Lleras Restrepo, en el 66? M.R.: Lleras quería la inclusión del campesinado en la estructura capitalista dándole tierras y posibilidades productivas. El programa se llamaba el “Frente de transformación nacional”. Su idea era preventiva: contener los avances de la Revolución Cubana. Para ello trató de solucionar el problema de 5 millones de campesinos que él contaba como “los que no tenían nada qué perder” y podían caer fácilmente en una propuesta revolucionaria. Cuando llegó el gobierno de Misael Pastrana Borrero se reversó ese proyecto. En una reunión que se llamó el “Pacto del Chicoral” (Tolima) entre el Gobierno y los grandes propietarios de la tierra, se reversó la reforma y se frustró la posibilidad de avanzar en una modernización del agro. Allí comenzó la sobrerrepresentación del poder latifundista en el Congreso de la República. Semana.com: Hoy, ¿cuáles son los problemas más protuberantes del sector agrícola? M.R.: El primero es la concentración de la propiedad. Colombia es un país de grandes latifundios que no solo genera conflictos sociales, sino una menor productividad. Los campesinos reclaman una reforma social y sectores neoliberales buscan que se liberen tierras para la creación de grandes agroindustrias o para la minería, porque cuando la tierra se vuelve un bien costoso, con renta alta, tiene una baja productividad. El segundo problema es el uso de la tierra. Colombia tiene 12 millones de campesinos y destina a la agricultura 4.7 millones de hectáreas a la agricultura. Pero ha destinado 40 millones de hectáreas a la ganadería extensiva. Colombia tiene un hato de 21 millones de vacas. Si bien es rentable para los propietarios, comparando la economía global, es una ganadería improductiva. Es un uso irracional del territorio que ha asfixiado a la agricultura. El tercer problema es la crisis social rural. En Colombia los estándares de acceso a salud, vivienda, educación y servicios básicos es mucho más bajo en las zonas rurales que en las urbanas. Un estudio del Instituto Agustín Codazzi demostró que hay regiones en las que el coeficiente Gini llega al 0.8 (donde o es menos desigual y 1 es más desigual). Es decir, hay regiones con una desigualdad feudal. Cuando el campesino llega a la ciudad encuentra mejor cubrimiento de esos servicios, y aunque quisiera volver al campo, allá hay un déficit de ciudadanía más alto que en el mundo urbano. En Chocó, por ejemplo, la población tiene un índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) del 70 por ciento. Semana.com: Y el cuarto es… M.R.: En los últimos 12 años se ha producido una mayor concentración de la tierra debido al despojo por parte de las mafias, del narcotráfico, grupos paramilitares y bandas criminales. Estos grupos han aprovechado la situación para invertir capitales ilícitos en la compra de tierras o han ejercido la coerción directa sobre los campesinos para adueñarse de sus territorios. Semana.com: La ley de víctimas y de restitución de tierras, que fue aprobada en su primer debate en el Congreso, ¿de qué manera aporta a la solución de esos problemas? M.R.: Esperamos que impulse la restitución de los derechos a verdad, justicia y reparación. Pero un punto clave es el de la restitución de tierras, pues según la Comisión de Seguimiento a la Política para el Desplazamiento Forzado, en Colombia hay 6.6 millones de hectáreas de tierra que fueron abandonadas o despojadas. Muchos despojos se hicieron legalmente: se aprovechó la coerción para comprar predios baratos, y se obligó a la gente a firmar escrituras. El proyecto de ley de víctimas y restitución hace un aporte fundamental porque reconoce, desde el gobierno, que ese despojo existe. Semana.com: Pero… M.R.: El gobierno actual ha contemplado un mecanismo de restitución interesante consistente en la inversión de la carga de la prueba. Eso quiere decir que los poseedores son los que deben acreditar que son los propietarios. Si no lo logran, tienen que devolver las tierras. Pero surge una inquietud sobre la implementación del mecanismo -no sobre su intención- y es que ocurra lo que ocurrió con la ley de Extinción de Dominio. Esa ley establece que quien no pueda demostrar un incremento patrimonial debe entregar los bienes al Estado, porque se presume que fueron conseguidos con dinero del narcotráfico. Hasta ahora han sido incautadas 2 millones de hectáreas de tierra, a través de la extinción de dominio. Sin embargo, solo se ha hecho efectiva para 100 mil hectáreas; y un millón y medio ha regresado a sus propietarios. Eso quiere decir que la justicia expropió de manera ilegítima las tierras, o, lo más probable, fue que los narcotraficantes se salieron con la suya y ganaron los juicios. Si ocurre lo mismo con la restitución, al final del día, los expropiadores terminarían legalizando el despojo. Semana.com: ¿Y desde el punto de vista institucional? M.R.: No se puede desconocer que los campesinos tienen menos seguridad jurídica sobre la tenencia de sus predios que quienes los han despojado. Los grupos ilegales podrían utilizar sus instrumentos para corromper jueces y presionar a los encargados de ejecutar el programa, como ha ocurrido. Además cuentan con equipos jurídicos muy fuertes, con influencia política, mientras que las víctimas van a tener que defender su tierra con defensores de oficio. Hay que decirlo, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para que la cantidad de abogados sea suficiente. Semana.com: Para la reactivación del campo y pagar la “deuda social”, como ha dicho el Gobierno, ¿es suficiente con la ley de víctimas? M.R.: El debate sobre la ley de tierras es tan importante como la ley de víctimas o el de reforma rural. Los campesinos han perdido todo: el 82 por ciento está bajo línea de indigencia y el 95 bajo línea de pobreza. Antes del desplazamiento era del 50 y 25 respectivamente. Quiere decir que se han empobrecido. Por eso creemos que hay que crear condiciones para que puedan crear un proyecto productivo sostenible. Si eso no se logra, el campesino restituido puede fracasar y puede volver a la periferia urbana, donde a pesar de que tiene cubiertas algunas necesidades tiene que enfrentarse a la violencia urbana, a la exclusión y a la indiferencia. Semana.com: La Comisión de Seguimiento también ha anotado el problema de la seguridad de las víctimas… M.R.: El Gobierno colombiano quiere restituir, pero los titulares del despojo enviaron un mensaje muy fuerte al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, con el asesinato de Hernando Pérez un dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, días después de la entrega de unas tierras. En el marco de Justicia y Paz ya han asesinado cerca de 50 líderes de desplazados que han reclamado tierra. Semana.com: ¿Qué impacto tendría una reforma agraria que contemple la restitución y la inserción del campesino en el conflicto armado? M.R.: Infortunadamente el Gobierno ha puesto más énfasis en la formalización de la tenencia de la tierra, que en la reforma rural, porque un país no puede entrar en un modelo de agricultura comercial si no está claro quiénes son los dueños de la tierra. El ministro Restrepo ha planteado objetivos de una reforma, que si llegan a tener el aval del Congreso, el escenario para la paz sería interesante y dejaría a la guerrilla sin piso político. Esos objetivos, ha dicho el Ministro, son: crear zonas de reserva campesina, entregar Carimagua a los desplazados, reducir la extensión de tierra ganadera y liberarla para otros proyectos, hacer compatible la minería con la agricultura. Si los logra, por primera vez un régimen político, en un escenario representativo de la democracia y no en una mesa de negociación con la guerrilla, como ha ocurrido, resolvería el problema de la tierra.  Semana.com: Usted será profesor en la cátedra de la Universidad de Nacional sobre conflictos sobre la tierra y el territorio. ¿En qué consistirá? M.R.: En la Cátedra Manuel Ancízar, que es abierta a todo el que quiera, vamos a estudiar esos problemas. En el Departamento de Ciencia Política creemos que hay una buena oportunidad para eso. La cátedra abordará temas como las dinámicas de poblamiento y los conflictos históricos que éstos han generado; el uso del territorio en su dimensión ambiental, cultural y de seguridad, que es distinto al problema de la propiedad de la tierra; los conflictos contemporáneos, por ejemplo, si el país opta por el desarrollo minero y de agroindustrias, cuál será su impacto en las comunidades indígenas, en el medio ambiente y en la economía. Necesitamos discutir a fondo los problemas territoriales.