La corrupción en Buenaventura no parece terminar nunca. Sin importar que en ese puerto hay en este momento cuatro alcaldes presos o investigados por presuntas irregularidades en la contratación, un nuevo escándalo está a punto de estallar en los próximos días. La Fiscalía descubrió en una investigación métodos insólitos para sustraer los dineros públicos destinados a inversiones en obras sociales. Esa aparente mafia vendía los contratos un año antes de salir a licitación, pagaba las coimas por adelantado y usaba los anticipos para financiar campañas políticas. Dos reconocidos excongresistas del Valle podrían salir salpicados. Este caso, que desde octubre del año pasado reposa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), podría convertirse en la punta de un iceberg por la manera como parte de los recursos, que los parlamentarios patinan en Bogotá para obras en las regiones, terminan en sus bolsillos o en las arcas de campañas políticas.
Bartolo Valencia, exalcalde de Buenaventura; Édinson Delgado, exsenador liberal por el Valle y Hernán Sinisterra Valencia, ex representante a la Cámara. SEMANA tuvo acceso a una declaración inédita rendida en mayo de 2018 por uno de los contratistas, a punto de acogerse a un principio de oportunidad, que detalló la manera cómo le vendieron un contrato, el porcentaje de las coimas que pagó y los beneficiarios del chanchullo. El relato involucraría al exsenador bonaverense Édinson Delgado Ruiz, quien estuvo en esa curul desde 2010 hasta 2018. También está el ex representante a la Cámara Hernán Sinisterra Valencia y el exalcalde Bartolo Valencia Ramos; todos de origen liberal. Este último está inmerso en otra investigación por el escándalo de los 40.000 estudiantes fantasmas, cuya defraudación le costó al Estado 48.000 millones de pesos. Le puede interesar: El fallo por escándalo de estudiantes fantasma en Buenaventura Desde 2004 a la fecha, Buenaventura navega en aguas turbias. El más reciente escándalo puso tras las rejas al alcalde Eliécer Arboleda. En mayo de 2018 la Fiscalía lo señaló de apropiarse de la mitad de los 9.994 millones de pesos de un contrato para mejorar el único hospital de la ciudad. Un mes después capturaron a su hijo, Eliécer Arboleda Riascos, a quien señalan de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tanto el padre como el hijo recuperaron la libertad, pero siguen vinculados al proceso. Pero el rosario de irregularidades en la contratación pública no para ahí. Los alcaldes Bartolo Valencia (2012-2015) y José Félix Ocoró (2008-2011) estuvieron presos por participar en el escándalo de los estudiantes fantasmas y el programa de ampliación de cobertura que esquilmó los dineros de la educación. Mientras tanto, al exalcalde Saulo Quiñones (2004-2007) lo arrestaron por el detrimento de 700 millones, que debían invertirse en la construcción y mejoramiento de planteles educativos. Pese a ese historial, en los últimos cuatro años Buenaventura recibió generosas inversiones por cuenta de la estela de violencia y el reciente paro cívico. Esa bolsa suma casi 500.000 millones de pesos más los 10 billones de pesos que llegarán en la próxima década. La ‘garganta profunda’ es el ingeniero porteño Freddy Jesús Mosquera Obando, quien, según su declaración, ha sido “contratista de unas 20 obras de infraestructura”. El ingeniero ha sido socio o representante legal de las uniones temporales Antonio Nariño, Hogar Grupal, Ortec y Dismot Ingenieros Ltda.; esta última hizo parte del Consorcio Acuaparque, que ganó el contrato de reconstrucción del centro recreacional en Buenaventura por 3.800 millones de pesos. En contexto: Así inauguraron en Buenaventura un elefante blanco en ruinas que costó 3.600 millones Ese contrato resultó un fiasco total y la Contraloría dictó un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Bartolo Valencia, otros tres exfuncionarios y el contratista. Por su parte, la Fiscalía abrió una investigación que permitió vincular al ingeniero Mosquera Obando. Según el ingeniero Mosquera, un año antes de la licitación, el entonces exconcejal y candidato al Congreso Hernán Sinisterra le “vendió el contrato”, faltando una semana para las elecciones legislativas de 2014. Aseguró que “ese contrato me lo ofrece inicialmente en 2014, en mi oficina, el candidato a la Cámara de Representantes Hernán Sinisterra. (…) él me dice que había un contrato de 4.000 millones de pesos y que había que pagar un peaje o coima del 15 por ciento inicial”. El responsable del acuaparque le contó a la Fiscalía cómo le dieron el contrato un año antes, sin estudios y pagando aparentes coimas por adelantado. Añadió que el candidato Sinisterra le argumentó que “de ese 15 por ciento necesitaban en el momento 400 millones de pesos; que eran 200 millones para su campaña como representante a la Cámara y los otros 200 millones para la campaña del senador Édinson Delgado (…)”. Luego detalló la entrega de ese dinero que retiró del banco Davivienda y repartió en cinco tandas. Dos de 100 millones supuestamente para el candidato Sinisterra; y tres entregas de 120, 50 y 20 millones de pesos, que presuntamente recibió un hermano del senador Delgado. El ingeniero Mosquera aseguró que hizo todas esas operaciones junto a su asistente y que nunca se sentó con el senador Delgado para lo de las coimas, pero que “le correspondían porque él (el senador) hizo un trámite en el Congreso, donde él fue el que prácticamente aprobó esos recursos de regalías para Buenaventura (…)”. Los restantes 170 millones de la coima se los habría entregado al entonces alcalde Bartolo Valencia. “Me citó a su casa en el barrio Las Olas, donde vivía con la mujer de nombre Patricia Mosquera. Ahí me dijo que le sirviera de aportante en la campaña de Hernán Sinisterra y que le suministre 200 millones de pesos en unos pagarés o préstamos. Lo anterior era para maquillar los 200 millones que yo le había dado por el negocio del Acuaparque”. En efecto, al revisar las cuentas de ingresos y gastos de la campaña del candidato Sinisterra, figuran tres préstamos por 25, 45 y 130 millones de pesos, cuyo acreedor es el ingeniero Mosquera, a través de su empresa Ordec. Lo que sigue a continuación dentro de la confesión del ingeniero Mosquera resulta macondiano. Aseguró que el proyecto arrancó sin contar con los diseños terminados, ni licencias de construcción ni permisos de la CVC. El terreno era distinto al área de los planos y estaba invadido. Pese a todas esas irregularidades, en noviembre de 2015, o sea, tres meses después de firmado el contrato, desembolsaron el 94 por ciento del valor de la obra, aunque la misma reflejaba un avance si mucho de un 24 por ciento. Como era de esperarse, la obra nunca terminó y el contratista Mosquera explica que al menos 1.000 millones de pesos de ese anticipo se fueron en coimas y préstamos para campañas políticas. Cuando Bartolo estaba en la cárcel, “me llamó y pide que le preste 120 millones de pesos más para cerrar la campaña del candidato que él tenía a la alcaldía”, afirmó, tras aclarar que ya le había entregado 300 millones de pesos de los dineros del contrato. Le recomendamos: El círculo vicioso de la corrupción en Buenaventura Frente a esos señalamientos, el excongresista Sinisterra admitió conocer al ingeniero Mosquera y aseguró que los 200 millones de pesos que entraron a su campaña fueron producto de un préstamo y no de coimas. “Él mismo se me ofreció, no sé con qué intención”, explicó después de reconocer su cercanía con el exalcalde Bartolo Valencia: “Hacemos parte de un proyecto político con él, pero en sus actuaciones como alcalde las tomó de manera autónoma e independiente”. Esta revista intentó obtener las versiones del exsenador Delgado y del exalcalde Valencia, pero no atendieron llamadas ni mensajes. Mientras tanto, el ingeniero Mosquera se ratifica en su denuncia y promete encender a toda máquina el ventilador de uno de los casos de corrupción más insólitos de Buenaventura. Porque como él mismo lo asegura en su confesión: “Tengo conversaciones de celular, documentos (…) y testigos presenciales”.