El panorama es desolador. La victimización por minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados afectó de manera desmedida a los miembros de la fuerza pública, pues de los 12.136 hechos victimizantes totales, 6.774 (más de la mitad) corresponden a miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Estas cifras están contenidas en el libro Aporte a la verdad: contexto de la fuerza pública para la memoria histórica, que tiene más de 700 páginas y que fue publicado por el Gobierno nacional, justo en momentos en los que el presidente Iván Duque le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un macrocaso para investigar los hechos violatorios del derecho internacional humanitario cometidos contra miembros de las Fuerzas Militares y la Policía.
Cuando se habla de víctimas en Colombia, generalmente se hace referencia la población civil, que evidentemente fue la más afectada por el conflicto.
Y en el contexto del conflicto armado interno en Colombia, las armas explosivas no convencionales han sido un medio y un método de guerra común empleado por los grupos armados ilegales y una amenaza latente para la vida y la integridad corporal de la población civil y de los miembros de la fuerza pública.
Entre este tipo de armas se encuentran las minas antipersonales y los artefactos explosivos improvisados que se ubican, casi siempre, debajo de la tierra o sobre el suelo y pueden permanecer inactivas durante mucho tiempo, incluso décadas, hasta que una persona o animal activa su mecanismo de detonación.
Incapaces de distinguir entre la pisada de un miembro de la fuerza pública y la de un civil, las minas antipersonales no pueden apuntar a un objetivo, por lo que asesinan o hieren de manera indiscriminada a todos por igual.
En buena parte de los casos, según narra el documento publicado por el Gobierno, “las minas se crean con lámina galvanizada, un material de fácil consecución en el mercado, pues es utilizado en la industria de refrigeración, carrocerías, aires acondicionados y vallas.
Para su fabricación, se emplea brea y tubos de PVC e incluye fragmentos de proyectiles y distintos explosivos como pólvora negra, nitrato de potasio, ANFO y R1 (una mezcla de nitrato de amonio, aluminio en polvo y clorato de potasio). Además de estos componentes, se sabe que los grupos armados ilegales han estado agregando materiales como tuercas, tornillos, vidrio y material fecal (humana y animal), los cuales agravan las heridas causadas por la explosión”.
Ahora bien, las minas no se instalan de manera aislada. Más bien, son utilizadas en conjunto para ser ubicadas en un área específica, denominada campo preparado.
Los primeros registros que se tienen en Colombia sobre el uso de minas antipersonales provienen de los años setenta, cuando el ELN empezó a usarlas como método y medio de guerra, pese a su prohibición por el DIH. Dada su efectividad letal, esta práctica fue replicada por los demás grupos armados ilegales.
Según Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre los años 1990 y 2018, en Colombia se reportaron 11.701 víctimas por causa de las minas antipersonales. De estas, el 89,33 % fueron personas mayores de edad, el 10,67 % menores, el 5,31 % de género femenino y el 94,35 % de género masculino.
El 80,41 % de estas víctimas quedaron heridas luego de explosión, mientras que el 19,59 % perdieron la vida. El 68,11 % de las víctimas por minas antipersonales se produjo entre 2002 y 2010, siendo las Farc el grupo armado ilegal autor del 46,32 % de los hechos victimizantes; seguido por el ELN con el 6,98 %.
Por último, cabe mencionar que el 59,54 % del total de las víctimas fueron miembros de la fuerza pública, mientras el 40,46 % fueron civiles.
Objetivos claros
En cuanto a los miembros de la Fuerza Pública víctimas de minas antipersonales, el resultado fue de 7.112 militares y policías afectados, de los cuales el 79,81 % quedaron heridos y 20,19 % murieron.
“Los datos relativos al período de mayor afectación por minas antipersonales coinciden con la época en la cual las FARC enfrentaron su mayor crisis. A partir del año 2002, este grupo armado ilegal entró en su punto de inflexión, perdió la iniciativa, la táctica y sufrió un grave retroceso en términos de corredores estratégicos, presencia urbana y áreas de control territorial”, señala el libro dado a conocer por el Gobierno de Iván Duque.
La decisión tomada por el Gobierno Nacional de hacer frente al desafío de los grupos armados ilegales, apoyándose en un mayor esfuerzo por parte de la Fuerza Pública, hizo que esta guerrilla compensara su inferioridad recurriendo al uso de medios y métodos prohibidos por el DIH, como las minas antipersonales.
Si se observa, los territorios donde se presentó el mayor número de afectaciones correspondían a zonas de presencia histórica, áreas de retaguardia estratégica, corredores de movilidad estratégicos y lugares con grandes extensiones de cultivos de uso ilícito, siendo estos territorios estratégicos.
De acuerdo con el documento, los atentados a los miembros de la Fuerza Pública por la activación de minas antipersonales tenían distintos objetivos: uno era evitar la persecución cuando ocurrían combates, retrasar el desplazamiento de las tropas para evitar operaciones que procuraban la captura de algún cabecilla o evitar el desarrollo de operaciones de control territorial.
Otro de los propósitos era atacar a los miembros de la Fuerza Pública mientras se movilizaban a bordo de vehículos oficiales en estado de indefensión. Para ello, instalaban minas al lado de la carretera, y con la explosión lograban aturdir, disminuir y poner en franca desventaja a los uniformados. Muchas de estas acciones delictivas trascendieron el hecho de ser un ataque a categorizarse como masacres.
En algunas ocasiones, las minas fueron utilizadas para proteger áreas campamentarias donde permanecían poderosos cabecillas de la organización, zonas que comprendían un vasto número de hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito o laboratorios para el procesamiento y producción de cocaína, y territorios donde se ubicaban corredores de movilidad.