La historia comienza en enero de 2006. En ese momento el jefe paramilitar Jorge 40 hizo dos anuncios. Uno público: confirmó que se iban a desmovilizar los 16 frentes del Bloque Norte a su mando. Y otro clandestino: le ordenó a Don Antonio, uno de sus más famosos lugartenientes, tomarse la zona de los Montes de María, entre Bolívar, Sucre y Córdoba, y crear el Frente Social por la Paz de Sucre, para conformar una alianza política armada con el propósito de influir en las elecciones de marzo de ese año. En otras palabras, algo parecido al polémico Pacto de Ralito que firmaron paramilitares y políticos con la idea de “refundar el país”. Para concretar ese Frente Social por la Paz de Sucre, Don Antonio convocó a una reunión en Santa Marta en enero de 2006 (la desmovilización se hizo efectiva un mes después, en febrero). Entre los asistentes a la cumbre estuvieron el médico Pedro Pestana Rojas y su compañero de causa Antonio Martínez Hernández. La reunión fue grabada por Don Antonio y en ella consta que los asistentes se comprometieron a trabajar a favor del grupo paramilitar desde sus cargos y etnias. Martínez, por ejemplo, quedó planillado para las elecciones a la Cámara de Representantes con apoyo de la organización indígena y estaría al servicio de las autodefensas. Esa grabación llegó a manos de la Fiscalía y con ella, el 21 de noviembre de 2006 la Fiscalía les dictó a Pestana y a Martínez medida de aseguramiento y tres años después el Tribunal Superior de Bogotá los condenó a seis años de prisión por concierto para delinquir. Ambos se presentaron a las autoridades pero desde ese momento exigieron ser juzgados bajo las leyes indígenas. Pero ninguna Corte se los ha aceptado. Aún hoy, exigen que les reconozcan haber cumplido la pena tras siete años de ‘reclusión’ en una cárcel del resguardo de San Andrés de Sotavento. Lo que resulta insólito –o macondiano– es que la orden de detener a Pestana y su socio está en firme, la condena ya fue ratificada por la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura también sentenció que el caso es de la Justicia ordinaria y no de la indígena, y que tienen que pagar la condena en una cárcel del Inpec. ¿Por qué Pestana sigue bajo protección del Cabildo Mayor del resguardo? La ‘cárcel’ que ha servido de refugio al médico Pedro Pestana está a solo dos kilómetros de la carretera que une a Lorica con Sincelejo. Todos la llaman ‘las tablitas’, es un complejo de casas de madera y palma con dos quioscos, cerrados por una cerca de alambre de púa y una puerta de golpe. Se compone de tres bloques de vivienda, donde están los dormitorios de los dos condenados, separados por un comedor, una casa para los miembros de la guardia y de los encargados del aseo y cocina. Todas las viviendas están construidas con los mismos materiales y piso de cemento pulido. El caso no tendría mayor trascendencia, sería una pelea más sobre cuál jurisdicción se debe aplicar a Pestana, si no fuera por el enorme poder que ha acumulado este personaje en la región. Desde su ‘cárcel’ maneja los hilos de la próspera EPS Manexka que hoy cuenta con 250.000 afiliados y, de acuerdo con versiones brindadas a SEMANA por diferentes fuentes, el lugar es un centro de reuniones desde donde se organiza el trabajo político. Además de haber logrado hacer elegir a dos alcaldes –el de Tuchín, por ejemplo, es su hermano Eligio– y de participar en alianzas para la elección de mandatarios de 12 municipios más de Sucre y Córdoba, Pestana también tiene a su hermana Sandra como diputada en Sucre, así como dos representantes a la Cámara, uno por Córdoba y otro por Sucre. Oriundo de Momil, Córdoba, Pedro Pestana se vinculó al resguardo de San Andrés de Sotavento, Córdoba, como médico a mediados de los años noventa. Es hijo de una mujer blanca y de un indígena zenú que era jornalero a machete en las fincas de la familia Guerra Tulena. Pestana fue estudiante destacado y logró terminar sus estudios de medicina en Barranquilla vendiendo cerdos y haciendo rifas, y con un préstamo del Icetex. La gente en la región lo relacionaba con alias Cadena, fallecido jefe paramilitar y existe un video que los muestra en una parranda vallenata. Pestana se defiende diciendo que era un sitio público a orillas del mar y que ahí llegaban todas las personas de la región. También ha dicho que estuvo en la reunión de Santa Marta, por la cual lo condenaron, por “miedo insuperable”. La EPS comenzó con 1.000 afiliados y hoy tiene 250.000 afiliados de los 129 cabildos indígenas de la zona, así como ocho IPS. Para poder controlar la EPS hay que contar con los capitanes de cada cabildo, que son elegidos cada dos años y son quienes nombran a los miembros de la junta. En la última elección Pestana alcanzó 117 capitanes y a través de ellos eligió a nueve de los miembros de la junta de la EPS. Mucho se ha dicho sobre la influencia de alias Cadena sobre la EPS y sobre el mismo Pestana, hasta que fue la caja menor de ese grupo armado. Y aunque no existe evidencia, hay quienes sostienen que algunas reuniones se hicieron bajo la sombra del célebre ‘palo de caucho’, donde el temido paramilitar citaba a sus aliados y víctimas. Pestana lo niega, dice que son recursos auditados por la Contraloría. Pestana está protegido por una guardia indígena de 20 jóvenes que se ubican desde la orilla de la carretera hasta el centro de reclusión. Usan un uniforme de camiseta blanca, pantalón y chaleco color caqui, sombrero vueltiao y bastones de guayacán. Quien quiera entrar debe presentarse ante los guardias y recibir autorización del propio Pestana. La influencia política de Pestana y la independencia de la organización indígena frente a las fuerzas políticas tradicionales han generado resistencia. El poder político es consecuencia del poder económico que le proporciona Manexka. La EPS maneja más de 150.000 millones de pesos y empleos directos que se podrían traducir, según los cálculos, en más de 20.000 votos. Pestana los estaría ofreciendo a un aspirante a la Cámara que apoye a otra de sus hermanas al Senado. Dicen que ‘las tablitas’ se ha convertido en una especie de Ralito. En un día cualquiera pueden llegar decenas de funcionarios de alcaldías de Sucre o Córdoba, o funcionarios del Ministerio del Interior para verificar la legalidad de las elecciones de los capitanes de los cabildos. Pero Pestana dice que hoy los indígenas tienen la atención que nunca antes habían recibido y que no es un cacique ‘intocable’, solo que se encuentra bajo la protección del resguardo.