El pasado 20 de enero, tres sirios fueron capturados en Dallas. La sorpresa de las autoridades norteamericanas fue mayúscula cuando al revisar los pasaportes comprobaron que Al Raefee, Tuameh Tuameh y Al Harari Al Harar eran colombianos oriundos de La Guajira. Los tres hombres estaban siendo rastreados por supuestamente ser miembros de Al Qaeda. Por eso, su origen en el Caribe solo podía tener una explicación: una poderosa red de tráfico de identidades.
Había razones para concluir de manera rápida que esos pasaportes, legítimos todos, habían sido adquiridos irregularmente. Aunque tenían fechas distintas de nacimiento, los tres fueron expedidos el mismo día. Además, los hombres tenían en el papel 25 años, cuando parecía que bordeaban los 50. El episodio terminó develando un grave caso de corrupción en el interior de la Registraduría. La entidad, dirigida por Alexander Vega, comprobó rápidamente que los sirios también tenían cédula y registro civil colombiano.
No era el único caso. Qahraman Rojas Karman, un iraquí, también se había hecho colombiano de ese modo. Obtuvo la cédula haciéndose pasar por sordomudo y gracias a eso siempre tuvo el acompañamiento de un intérprete para los trámites. Cuando fue a pedir su pasaporte a la oficina de la Cancillería en Risaralda fue capturado por las autoridades. El tema del intérprete se volvió un problema, pero al pasar los días quedó claro que no tenía limitación alguna en su capacidad auditiva y vocal. Fue una artimaña para que su acento no lo delatara.
El iraquí tenía quemaduras en manos y partes del cuerpo que llamaron la atención de las autoridades. El hombre confesó que estas eran producto de la manipulación de explosivos en su país. Colombia inició los trámites de expulsión, pero al momento de subir al avión el hombre amenazó a gritos a la tripulación y no se pudo hacer el viaje. Finalmente, Migración Colombia anuló sus documentos y decidió dejarlo en la frontera de Nariño con Ecuador. Desde ese momento se le perdió la pista.
Con las pesquisas, más y más casos comenzaron a aparecer. Cuatro ciudadanos provenientes de Oriente Medio, acusados de pertenecer a organizaciones extremistas, habían logrado identidades fraudulentas en Viterbo (Caldas). En otro lado del país, en Pivijay (Magdalena) se encontraron 79 inscripciones más de ciudadanos árabes con las mismas condiciones. A solo dos horas de este municipio, en Ciénaga, el 15 de marzo de 2017 se presentó un extraño incendio y se borró la memoria de los registros, hechos presuntamente de manera fraudulenta. En total se quemaron 16.000 registros civiles. Ahora el caso está ligado a esa red que nacionaliza extranjeros en Colombia.
La investigación tiene centenares de audios y evidencias sobre este entramado. SEMANA conoció detalles de las versiones libres que entregaron los extranjeros capturados. Argelis Abreu, un ciudadano de República Dominicana, testificó el pasado 9 de noviembre. Empezó su travesía en su país natal, de donde salió con el fin de llegar a Estados Unidos con documentos colombianos. Cuando arribó a Ecuador botó los papeles que lo acreditaban como dominicano, ingresó por Ipiales a través de las trochas y se fue para Barranquilla.
En la capital del Atlántico fue entrenado por la banda para acudir a la Registraduría e iniciar los trámites, pero todo salió mal. “Pagué 18.000 dólares por todo y para tener el dinero vendí mi carro e hipotequé mi casa”, contó. Abreu había llegado al país con su amigo Jesús Manuel Báez, otro dominicano. “Me dijeron que cuando fuera a las oficinas debía decir que nací en Colombia, pero que me crie en Venezuela con mi mamá y que mi nombre era Juan. Si en la oficina me preguntaban por mis padres yo decía unos nombres y para el pasaporte me fui a Sincelejo, donde me esperaba un señor flaco, blanco y alto”, relató el otro dominicano. En el mercado negro preparan así a los extranjeros para que la suplantación o creación de un registro sea perfecta al acudir a una notaría, Registraduría o a la oficina de pasaportes.
El trámite duró 15 días aproximadamente y el ‘paquete’ ofrecido por los integrantes de la red se entregó completo: registro civil, cédula y pasaporte. Con la nacionalidad colombiana tenían todo listo para el viaje, pero fueron detenidos y se descubrió toda la operación. En este momento hay cerca de 67.000 registros en revisión por parte de las autoridades de cubanos, haitianos, ecuatorianos, sirios, iraquíes, iraníes, libaneses y chinos.
Las investigaciones tienen un precedente. En Necoclí (Antioquia), por ejemplo, capturaron a Luz Stella de Arco, alias la Registradora, a quien acusaron de vender identidades a los comandantes de organizaciones delincuenciales. El caso comenzó en 2017 y desde allí se detectó el modus operandi de la red, que continuaría operando en Arauca, Córdoba, Boyacá, Vichada, Valle del Cauca y Atlántico. Las implicaciones de una red en el interior de la Registraduría con capacidad de crear nuevos ciudadanos son enormes y alertan a las autoridades. En primer lugar, porque los ciudadanos que adquieren fraudulentamente un pasaporte tienen a veces el objetivo de delinquir en otros países. Información de inteligencia ha alertado que grupos extremistas estarían planeando atentados terroristas en el mundo con personas que tienen nacionalidad colombiana. Si esta tendencia aumenta, las consecuencias para Colombia podrían llegar hasta la imposición nuevamente de visas para el ingreso a países que dejaron de pedirlas. Tampoco es menor el hecho de que esta situación podría aumentar la estigmatización. En Francia, por ejemplo, hay 580 personas capturadas por narcotráfico, pero hoy se estudia si todos realmente son colombianos.
En el interior el país también hay problemas graves. Cabecillas del ELN, disidencias de Farc y grupos delincuenciales que conocen perfectamente el funcionamiento de esta red han hecho cambios de identidades para movilizarse tranquilamente y evadir la justicia. El caso más reciente es el del venezolano Gabriel de Jesús Rodríguez, alias Meleán, quien fue neutralizado por las autoridades. Dentro de sus pertenencias se le encontró una cédula colombiana expedida el 3 de abril de 2018 en el municipio de Galapa (Atlántico). Se está investigando si la nacionalidad la obtuvo por el mercado negro. También se investiga si alias Guacho sería otro que compró documentos para cambiar su identidad. Los delitos que más están cometiendo los nacionalizados fraudulentamente son los relacionados con el narcotráfico, trata de personas, suplantación y tráfico de armas.
En segundo lugar, el aumento de registros de nacionales podría alterar el censo electoral e incidir en cualquier contienda política en el futuro. De cara a 2022, este ha sido un tema que ha alertado algunos sectores que señalan que ciudadanos de países vecinos podrían ingresar a Colombia a hacer estos trámites solamente para poder votar. En la actualidad se están revisando 600.000 registros civiles de venezolanos con padres colombianos. “Hemos detectado que puede haber irregularidades de ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad venezolana, que quieren afectar el certamen electoral de 2022”, advierte el registrador nacional, Alexander Vega.
Por esa razón, por el momento las solicitudes de registro están suspendidas. A la fecha hay 379.334 colombo-venezolanos listos para votar. Hay quienes incluso hablan de un supuesto plan del régimen de Nicolás Maduro para influir en los comicios de Colombia. La Fiscalía, la Registraduría, la Cancillería, la Policía y los Gobiernos de algunos países le han puesto lupa al tema. A la fecha, 36 funcionarios de la Registraduría han sido suspendidos por presuntos actos de corrupción. Lo que puedan contar en los procesos que se adelantan seguramente podría destapar uno de los carruseles más impactantes que ha tenido el país.