Todo lo que tiene que ver con los pasaportes en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al parecer, sale mal. A la preocupación por la suerte del actual contrato para la fabricación de los documentos, que finaliza el próximo 2 de octubre, y se mantiene en el aire, se suma que el trámite para la expedición se ha convertido en un proceso imposible, lleno de trampas, tramitadores, cobros ilegales, incompetencia, filas y, nuevamente, corrupción.

El mayúsculo problema se vive en las propias oficinas del Ministerio de Relaciones de Exteriores, es conocido y hasta ya tiene nombre: el cartel del pasaporte, como lo denominan en la Procuraduría, donde ya existe un expediente que involucra incluso a funcionarios de la Cancillería y que fue conocido por SEMANA. El anuncio y la gravedad de los hechos lo manifestó la procuradora general, Margarita Cabello, quien advirtió: “Tenemos información de que hay algún tipo de problemas con los tramitadores y se están vendiendo los puestos. Vamos a estar muy vigilantes para ver dónde está el acto de corrupción”.

El material audiovisual en poder de esta revista revela cómo se mueve el negocio a plena luz del día, en la calle y ante la mirada impotente de los usuarios que no han logrado conseguir una cita para sacar el documento. | Foto: josearbelaez@hotmail.es

Entre las pruebas con que cuenta la Procuraduría están denuncias ciudadanas con videos en los que se demostraría cómo se mueven los tramitadores a las afueras de las oficinas de pasaportes, venden las citas para sacar el documento, y hasta los vínculos que tendrían con los funcionarios que trabajan en la Cancillería.

El material audiovisual en poder de esta revista revela cómo se mueve el negocio a plena luz del día, en la calle y ante la mirada impotente de los usuarios que no han logrado conseguir una cita para sacar el documento. Sin embargo, los propios tramitadores involucran a funcionarios en todo este entramado.

En uno de esos videos, un hombre que vende las citas advierte que “esas son mafias que se apoderan de todo el Estado y manejan todo esto”. Dejando a la luz el complot que existiría entre particulares y funcionarios para hacer negocio con el servicio que en la página de la Cancillería se ofrece como gratuito y sin tramitadores.

Es decir, que además de los 207.000 pesos que se deben pagar por sacar el pasaporte ordinario, a los colombianos les está tocando meterse la mano al bolsillo para pagar por un servicio que estaría cooptado por la corrupción y los intereses de unos pocos.

El trámite de pasaportes es un dolor de cabeza. La única manera de obtener la cita es pagando a tramitadores como los captados en video.

El tramitador que ofrece sus servicios a pocos pasos de la oficina de pasaportes sede norte, en Bogotá, explicó que “con correo y fotocopia de la cédula, para mañana mismo se le saca la cita. Ya cuando esté, usted paga. Cobran 120.000 pesos por la sacada de la cita. Se le verifica por pantallazo la cita a la hora que quiera y después paga”.

El hombre parecía saber de más, explicó que en la actualidad no es fácil conseguir una cita después de las cinco de la tarde, como lo sugiere la propia página del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque “son 1.200 citas no más que dan diarias y hay dos oficinas donde sacan pasaportes. Yo creo que eso lo están manejando”.

El ciudadano desesperado que grabó con una cámara oculta el modus operandi de los tramitadores le sugirió al hombre que lo atendió en plena calle si existía alguien adentro de la oficina que les ayudara para agendar la cita con tanta eficacia, a lo que respondió sin titubear: “Sí, eso debe ser alguien que haga eso”.

En redes sociales y números de WhatsApp se realiza el trámite de las citas. La red está tan incrustada en la Cancillería que incluso señalan que el pago solo se debe hacer cuando esté confirmada la cita. Quienes no pagan se enfrentan a largas filas sin solución.

Otro de los videos que llamó poderosamente la atención de la Procuraduría es el de un hombre que, con total descaro, vende el agendamiento de citas a pocos metros de la oficina de pasaportes en la carrera 19 con calle 100 y viste un chaleco del Ipes (Instituto para la Economía Social de la Alcaldía de Bogotá), que acompaña la labor de los vendedores informales en la ciudad.

“Nosotros cobramos 70.000 por la cita, usted me da sus datos y yo se la tengo mañana. Nosotros a las 5:00 p. m. no podemos hacer nada, toca a las 4:00 p. m. y me envía los datos porque tenemos otro contacto que hace eso. La garantía de nosotros es que le cobramos cuando salga del trámite”, dice el hombre que porta el chaleco.

SEMANA también conoció el testimonio de una persona que duró dos meses siguiendo todas las instrucciones de la Cancillería en la página web para expedir el pasaporte, pero nunca encontró cupo en la agenda y ante la necesidad terminó cayendo en las garras de los tramitadores.

Para conseguir las citas las personas deben pagar a tramitadores que hacen negocio con la necesidad de sacar el documento.

El hombre, que prefirió guardar su identidad por seguridad y para no afectar la legalidad de su documento, explicó: “Me sugirieron que fuera a una de las oficinas de pasaportes, que ahí entregaban citas. Solo bastó con poner cara de que necesitaba una cita para que apareciera un tramitador a ofrecer el servicio. Me cobraron 50.000 pesos para agendarme y fue inmediato. El tramitador me dijo que ellos trabajaban con gente de la Cancillería, que tomaban todas las citas y vendían los cupos. Así que, según él, parte de la plata termina en manos de los funcionarios”.

Con toda esta situación en el radar, la procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, Claudia Patricia Hernández, le envió dos solicitudes al canciller Luis Gilberto Murillo para que tome cartas en el asunto sobre los “tramitadores privados que se están quedando con todas las citas para expedir el pasaporte y quienes están causando un efecto colateral contra la ciudadanía”.

El pasado 18 de julio, la Dirección de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que para evitar a los tramitadores se implementarían mejoras en la página web por medio de validación de datos con la Registraduría, doble autenticación y habilitación de elementos de seguridad. Sin embargo, todo sigue funcionando igual.

Las personas se quejan de la dificultad para sacar las citas por internet.

De hecho, SEMANA encontró un patrón que se estaría replicando en la red social X. Cuando los usuarios que se quejan del pésimo servicio que ofrece la página web para obtener una cita no reciben una respuesta de la Cancillería, casualmente aparecen los perfiles de un hombre y una mujer que ofrecen el agendamiento.

Al final de cada mensaje, dejan el número de teléfono al que se pueden contactar. En uno de esos casos, un hombre trinó: “Cancillería, el sistema a partir de las 5:00 p. m. es lento y cuando falla las primeras veces te bloquea y te indica que debes hacer el proceso desde otro dispositivo. Son cuatro pasaportes para mi familia, llevo intentando varios días y no he podido”.

De inmediato, como respuesta a esa publicación, aparecieron mensajes de los dos perfiles mencionados ofreciendo el servicio y hasta publicando pantallazos de citas que han sacado en el pasado para soportar el producto que venden y que debería ser gratis.

SEMANA se comunicó con el número de teléfono que publican esos perfiles, responden de manera rápida y eficiente, piden datos personales, cobran 100.000 pesos, que se deben transferir a una billetera digital, y agendan citas para el día y la hora que se necesite. Un servicio pirata que funciona como un reloj y que solo puede operar así con apoyo de funcionarios que la Procuraduría ya tiene en el radar.