SEMANA: Concluye su labor al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El caso de Odebrecht fue muy sonado...
ANDRÉS BARRETO: Históricamente, en casos de competencia, nunca se habían tomado más decisiones. Hemos sancionado 43 casos con multas superiores a los 620.000 millones de pesos. Eso incluye la multa más alta impuesta hasta ahora, contra Odebrecht, y es inédito el hecho de que el despacho queda en ceros en casos por decidir. Tiene la mayor cantidad de casos resueltos y de sanciones.
SEMANA: La sanción por competencia, al final, movió el tema penal en el caso de la multinacional brasileña...
A.B.: El de Odebrecht fue un caso trasnacional. La empresa tenía tentáculos de corrupción en muchos países y hubo cooperación internacional. El expediente era muy antiguo, venía de hace seis años, y en menos de dos años lo pudimos resolver. Impusimos sanciones por 295.000 millones de pesos. Fue una victoria del programa de delación, hubo condenas penales y logramos que esa decisión de competencia influyera positivamente en que el expediente penal también se empezara a mover.
SEMANA. Sin duda, fue muy escandaloso que se haya descubierto la trampa con la reventa de boletas al Mundial de Rusia.
A.B.: No sé de dónde salió esa idea de que cuando son esquemas privados o entidades sin ánimo de lucro, es como si fueran inmunes al régimen de competencia. Falso. Todos, públicos y privados, están conminados a cumplir ese régimen. Pudimos determinar varias cosas gracias a un delator. Fue una estratagema de la Federación Colombiana de Fútbol para adjudicarle el contrato a una empresa que no cumplió con las expectativas, e igual lo adjudicaron a dedo como quisieron. Los hinchas no podían acceder a las boletas porque se estaban restringiendo para una reventa. La Federación obró de mala fe y por eso ha habido consecuencias en lo penal. Es importante anotar que cualquier investigado o sindicado por la Ley del Deporte no puede tener un puesto directivo en ninguna organización deportiva. Nos llama la atención que aquí hubo sancionados y hay personas que siguen con esos puestos, por lo que también daremos traslado nuevamente de esos expedientes al Comité Olímpico Colombiano y al Comité de Ética de la Fifa para que tomen decisiones. El señor Ramón Jesurún fue reelegido como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol pese a haber sido sancionado.
SEMANA: En el PAE, quedó en evidencia la conformación de organizaciones delictivas para saquear los alimentos de los niños. ¿Eso ya cambió?
A.B.: Muchas de las conductas son colusiones, es decir, contratistas que se coluden en los contratos para infringir la ley. Se reparten contratos, mercados, se prestan experiencias. El PAE es muy simbólico porque tiene que ver con la alimentación escolar. Se afectan no solamente las finanzas públicas, sino a los menores de edad de los estratos más vulnerables. La ley ya cambió, así como la manera en que se adjudican esos contratos. Ese es un beneficio. Pero esa fue una práctica que se dio durante casi una década.
SEMANA: Usted decía que quería que la SIC redoblara sus esfuerzos para proteger a los consumidores. ¿Hasta dónde llegan los abusos?
A.B.: Tenemos 1.200 sanciones por 56.000 millones de pesos. En la pandemia, la SIC pudo robustecer su capacidad de atención virtual y de presencia en el terreno. Empezamos a influir en modalidades como el comercio electrónico y eso nos permitió expedir la guía de influenciadores. Fortalecimos los canales de solución directa a través de SIC Facilita y lo complementamos con PrevenSIC y PrevenTIC, en materia de prevención.
SEMANA: Se la jugó por multar a influenciadores que en las redes incurren en publicidad engañosa o promocionan dudosos productos para la salud…
A.B.: Expedimos la guía del influenciador, señalando qué se puede hacer y qué no, y eso, en últimas, también protege a ese creador de contenido. Evaluamos ejercicios similares que se han hecho en otros países, como en Reino Unido. Y así, de la mano de la industria, construimos la guía. Llevamos 39 sanciones a influenciadores.
SEMANA: En la lucha contra los carteles, ¿cuál fue el que más lo alarmó?
A.B.: Hay un cartel que pasó desapercibido para la opinión y tuvo una de las multas más altas de la historia: el del cloro y soda. Hubo tres empresas que se cartelizaron para proveer el cloro y la soda cáustica a los acueductos para potabilizar el agua. No son muchas empresas las que pueden hacer esto. Fue muy grave. El cloro y la soda no tienen sustituto. Y, al final del día, todos terminamos pagando eso en las facturas de agua. En la pandemia se elevó el consumo de agua por el lavado de manos. Detectamos esa práctica, sancionamos a ese cartel y les impusimos una multa de 126.000 millones de pesos. En mi gestión pudimos demostrar que las cosas sí se pueden hacer, sin vulnerar el debido proceso, y de manera eficiente. Haber sancionado 43 casos en menos de cuatro años es un récord de cualquier autoridad de competencia. Además, el 90 por ciento de las multas se sostuvieron en el contencioso-administrativo.
SEMANA: Hablemos de datos personales. Hay malos usos de los correos electrónicos y de los números telefónicos. La gente exige medidas contundentes.
A.B.: La de datos era una delegatura muy olvidada. Entre 2018 y 2019, por ese tema, impusimos el monto de multas equivalentes a diez años. Hemos impuesto casi 400 multas por 35.000 millones de pesos. A nivel continental, la SIC es la autoridad de datos más respetada de la región. Hemos tenido impacto en investigaciones transnacionales y sancionado a Uber, Facebook, Google y TikTok, entre otros. Asimismo, logramos la primera reforma que ha habido en la SIC en materia de protección de datos. Antes había una delegatura y una dirección de investigación, y ahora hay dos direcciones. Desde la pandemia la gente empezó a entender más el habeas data.
SEMANA: Vimos la sanción a Credivalores. ¿Cómo atropellaban a los clientes?
A.B.: Expedimos una circular en la que explicamos cómo se deben hacer esos reportes y cómo se deben eliminar. Es una obligación que esos reportes negativos sean borrados en los términos que fija la ley. Sancionamos a Credivalores por 800 millones de pesos porque ha reincidido más de 30 veces en no atender las peticiones, quejas y reclamos de sus clientes, y ha incumplido la obligación de borrar los reportes negativos cuando las personas han hecho el pago de sus obligaciones. Hay una burla con la confianza de sus clientes.
SEMANA: Superintendente, en los próximos días deja el cargo. ¿Qué casos sonados quedan en apertura?
A.B.: Hay 40 aperturas, varias relevantes: le abrimos a Bavaria por abusar de sus contratos de exclusividad en la distribución del mercado de cervezas, a la Sociedad Portuaria de Buenaventura por prácticas restrictivas a los demás agentes del mercado en un puerto, a Avianca y Tiquetes Más Baratos por incumplir un condicionamiento en una operación de integración y así restringir el mercado, y está la de lactosueros (empresas que diluyen sus productos lácteos con lactosueros). En esta última, podría haber conductas de defraudación, estafa y producto engañoso. El caso está en conocimiento de la Fiscalía.
SEMANA: ¿Qué pasó finalmente con las medidas contra los monopolios en telecomunicaciones?
A.B.: Hace más de un año, la Comisión de Regulación de Comunicaciones declaró que uno de los participantes del mercado tenía posición de dominio y aún no ha decretado las medidas que la SIC debe vigilar. Lo que vamos a hacer es oficiar al regulador para que nos defina cuáles son las medidas que se van a imponer y qué debemos vigilar, y anunciarles que tenemos varias quejas de varios competidores. Esperamos que haya decisiones que corrijan.
SEMANA: Hay versiones sobre malas prácticas en la Liga Femenina de Fútbol. ¿Qué se ha descubierto hasta ahora?
A.B.: Estamos analizando si de pronto en la Liga Femenina de Fútbol hay prácticas restrictivas de la competencia. Asimismo, en fútbol abrimos un caso por la restricción a los pases de los jugadores, los contratos y los agentes deportivos. Hay que decir que la Dimayor y la Federación están presentándoles garantías a la SIC con el fin de ver si se puede cerrar anticipadamente la investigación por cuanto harían las reformas a las que los hemos invitado. Hay quejas por derechos deportivos y televisivos.
SEMANA: Finalmente, su próximo rol será como comisionado en la Creg. ¿Cómo llega al cargo?
A.B.: Si la gente revisa la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, allí, además de los comisionados expertos, hay tres ministros: el de Hacienda, el de Minas y Energía y el director de Planeación Nacional, y dos superintendentes: el de Servicios Públicos y el de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque la SIC tiene la vigilancia del mercado regulado de combustibles. Y vigila, ni más ni menos, los proyectos regulatorios del sector Minas y Energía, pero además de eso, las potenciales prácticas restrictivas en el sector. Es decir, el paso natural de un supervisor, en el caso de un superintendente, es hacia un regulador. Es un puesto que tiene requisitos, y los cumplo afortunadamente. Sigo en el servicio público, en la rama ejecutiva, donde he estado la mayor parte de mi vida profesional.