En el departamento del Cauca, las Farc tienen una república independiente, una especie de zona de distensión que funciona ante los ojos del Gobierno, que perdió completamente el control. Los criminales dominan todo. Desde ese rincón del país, les declararon la guerra a los colombianos. Los habitantes describen lo que están viviendo como una dictadura del horror que secuestra, asesina, destierra, obliga a los ciudadanos a transitar carnetizados y hasta los someten a sembrar coca y marihuana. Es un ‘Estado’ aparte, donde los violentos tienen aterrorizados a decenas de miles de civiles inocentes.
Es tanto el poder de las disidencias de las Farc en el Cauca que, en menos de diez días, activaron carros bomba en la vía Panamericana y en el municipio de Miranda. También atacaron con fusil a la Policía de Corinto y Caloto en pleno casco urbano. A diario realizan retenes en carreteras principales y tienen oficinas de expedición de carnets de circulación para poder transitar sin problema en los horarios establecidos por los criminales.
Un equipo periodístico de SEMANA se internó por varios días en el corazón de la barbarie, en los municipios de Corinto, Caloto, Miranda, Toribío, Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Cajibío, Caldono, Balboa, Bolívar y Argelia, el principal centro criminal de las disidencias de las Farc y del temido Mordisco. Allí, los reporteros tuvieron que sortear varios retenes de milicianos de las estructuras Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño. En algunas ocasiones, fueron intimidados y obligados a salir de la zona.
En estos municipios, hay “manuales de convivencia” diseñados por las autodenominadas Farc-EP, en los que se prohíbe la circulación de motociclistas con casco y carros con vidrios arriba.
La velocidad por encima de los 40 kilómetros por hora está vedada, así como transitar después de las ocho de la noche, entre otras medidas restrictivas que se deben cumplir a rajatabla para evitar multas de 5 millones de pesos o secuestros que terminan con días de trabajos indignos y pesados, al sol y al agua, en carreteras que estos criminales están abriendo en medio de la selva para conectar el área montañosa con el Pacífico caucano.
Llegar a estas zonas es difícil y solo se puede ingresar con permisos previos gestionados por la comunidad. En las fachadas de las casas se lee “Territorio de las Farc-EP”, y en las zonas rurales hay pancartas con reseñas de los frentes y columnas criminales que controlan estos territorios. Los visitantes son tratados con hostilidad, en muchas ocasiones secuestrados y luego asesinados a sangre fría. A nadie parece importarle. Tampoco hay una autoridad que los contenga. Al cierre de esta edición, la Fiscalía confirmó el secuestro por parte de la Dagoberto Ramos de dos funcionarios de esa entidad que transitaban por zona rural de Santander de Quilichao.
En Argelia, sur del departamento, y el Cañón del Micay, dos hombres en moto interceptaron el carro en que se movilizaban periodistas de este medio y, luego de preguntarles qué hacían en la zona, les dejaron ver sus armas largas para decirles, con un lenguaje no verbal, que solo tenían minutos para salir de ese lugar. Situaciones como esta las viven a diario los pobladores del territorio.
A diario se reportan en el Cauca al menos tres retenciones, un asesinato y varias denuncias por desaparición. A comerciantes y finqueros se los llevan por espacios de tres a seis horas para obligar a sus familias a desembolsar gruesas sumas de dinero. Cuando no se llevan al dueño de la finca, las víctimas son los animales. “Si no pagamos, nos matan las vacas, pollos o marranos; en algunos casos también se los llevan”.
“Ustedes están en el infierno, porque esto es el infierno, sin exagerar. La vida de la gente no vale nada, ellos son la ley, son la vida y la muerte, son todo. Dicen qué sí y qué no, deciden quién gobierna, incluso deciden a qué se debe dedicar la gente. El Cauca es una república independiente con una dictadura criminal de las Farc (...). Lo paradójico es que como colombianos le pagamos impuestos al Gobierno, pero como caucanos les respondemos es a las Farc”, dice un líder de El Plateado, quien por obvias razones pidió mantener su nombre en reserva.
En efecto, en ese corregimiento de Argelia patrullan las Farc constantemente uniformadas en el casco urbano, incluso en el parque principal tienen carpas con logos alusivos al frente Carlos Patiño. Por eso impera la ley del silencio. Nadie habla y el que habla es asesinado, así como lo hicieron con decenas de líderes sociales en esa zona. A muchos los amarraron en la cancha principal y luego los fusilaron al grito de “¡que vivan las Farc verdaderas!”.
A un profesor de El Plateado lo mataron frente a su familia por atreverse a decirles a miembros del frente terrorista Carlos Patiño que no llegaran a la escuela del corregimiento a llevarse a los jóvenes para la guerra. “Ahí lo dejaron”, indicó un poblador, al señalar el lugar donde fue asesinado el educador: “Lo mataron frente a todos para enviar un mensaje. Luego lo dejaron tirado por varias horas hasta que los hijos suplicaron para poder levantar el cuerpo”.
Tal como ocurre en Jamundí, Valle del Cauca, en Argelia las Farc también están construyendo una vía irregular para llegar más rápido a Timbiquí y Guapi, Pacífico caucano. La dinámica es igual: todo aquel que incumpla una de las normas de convivencia es llevado a realizar trabajos pesados y sin ninguna retribución económica.
Las Farc del Cauca ahora se presentan como ruedas sueltas del bloque Estado Mayor, es decir, unas disidencias de las disidencias, pero con un actuar más radical, violento y macabro, parecido a los grandes carteles narcotraficantes que hoy tienen en jaque a las autoridades en México. Justamente, cuando se realizaba este reportaje, 600 personas llegaron al casco urbano de Argelia, luego de 14 días de combate y asedio de dos estructuras de ese grupo terrorista que se han enfrascado en sangrientas disputas internas.
“Desde hace 16 años no vivíamos una situación como esta. Nosotros escuchamos las balas cada vez más cerca y cuando quisimos salir ya ellos estaban en el caserío. Nos dijeron que era una pelea de las Farc con la Segunda Marquetalia. Como pudimos salimos dejando todo botado, porque nos iban a matar”, le contó a SEMANA una de las personas desplazadas.
En el norte del Cauca esta crisis de seguridad ocurre a escasos 60 minutos en carro de Cali, la tercera ciudad más importante del país, y a pocos kilómetros de la Tercera Brigada del Ejército, uno de los cantones más grandes y robustos de Colombia. El Ejército, que por más de dos años cesó operaciones contra estas estructuras por orden del Ministerio de Defensa y del presidente Gustavo Petro, quiere recuperar el control, pero el actuar de los uniformados aún es tímido frente a la escalada violenta y la guerra declarada por las Farc contra todos los colombianos.
Tanto el ministro de Defensa, Iván Velásquez, como el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, reconocieron que las disidencias de las Farc se fortalecieron durante el cese al fuego. Dicho crecimiento criminal hoy tiene al Cauca ad portas de una crisis social, económica e institucional sin precedentes.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, 526.842 personas (con corte a diciembre de 2023) han sufrido algún tipo de violencia en el Cauca. La población total del departamento es de 1.243.503. Es decir, casi la mitad reconoce la injerencia criminal de los grupos armados en sus vidas.
Las cifras muestran un panorama aterrador. Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, asegura que están “enfrentando situaciones complejas. La parte de las extorsiones a los comerciantes es a todo nivel, desde el de la tienda hasta el comerciante grande están sufriendo por esto. Lastimosamente, no hay una dinámica de denuncia ante las autoridades”.
Toda esta situación, más la presión de las Farc para que los campesinos solo cultiven coca y marihuana, ha llevado al departamento a un escenario de inviabilidad en términos de autosuficiencia alimentaria. Según la plataforma Plasa Colombia, Cauca producía en 2019 el 33,6 por ciento de los alimentos que se consumían en esa región; en 2020 esa variación bajó a 27 por ciento; un año más tarde descendió al 25,9 por ciento; y en 2022 el descalabro fue de diez puntos, o sea que se ubica en 15 por ciento.
“Estamos viviendo una crisis. Con la llegada de los cultivos todo se encareció. Todo está caro, pero el producto ha bajado. Todo nos lo venden como si fuéramos coqueros. La situación económica está cruel”, dijo un líder social de la zona, que prefirió mantener su nombre bajo reserva.
La coca y la marihuana mandan en la tierra del Cauca. Los cultivos ilícitos más apetecidos del mundo se encuentran en el norte, principalmente en Corinto, Toribío, Miranda y Caloto. Allí el grupo criminal más fuerte es la columna Dagoberto Ramos.
Uno de los principales problemas de los habitantes de la zona es que, a pesar de que se encuentran carnetizados, vigilados y obligados a financiar a la guerrilla a través de extorsiones, no saben a quién le están obedeciendo. La rotación del poder dentro de la misma estructura es constante y, aunque los lugareños deben soportar a diario la presencia de hombres de la Dagoberto Ramos, pocos se atreven a asegurar quién es la cabeza definitiva.
Los milicianos que detuvieron a los periodistas de este medio en varios puntos del recorrido no quisieron responder la pregunta. Pero personas cercanas a la organización confirmaron que alias Choringa sería el jefe del frente, quien es descrito como un hombre de origen indígena, lentes oscuros y poco efusivo.
“La gente se encuentra con temor, asustada y desconsolada. Hace mucho tiempo no vivían una situación de estas. (...) No creo que se llegue a una paz total, como lo propone el presidente”, dijo Víctor Salas, el personero de Miranda.
En Corinto, cuyo casco urbano parece un pueblo fantasma, los policías, que temen que sigan asesinando uniformados, tienen cercada la manzana en la que se encuentra la estación. Además, instalaron una garita con el fin de defenderse de las ráfagas de rifle que les lanzan los milicianos de la Dagoberto. El colegio, en riesgo de ataques porque queda cerca a la Policía, tuvo que suspender clases. Ahora contemplan la posibilidad de hacerlas virtualmente para proteger las vidas de los estudiantes.
En Caloto, la Policía también tuvo que instalar una trinchera, a fin de que, en caso de que se desate un combate, los uniformados tengan desde dónde disparar y resguardarse. Pero la zona más importante es Toribío, el centro de operaciones de la Dagoberto Ramos en el norte del Cauca. Se trata de un municipio con una ubicación estratégica, cerca a la cúspide de la cordillera Central y colindante con el Tolima. Además, una frontera con Huila.
SEMANA intentó subir por el peligroso corregimiento de El Palo, en Caloto, pero, en el primer intento, guerrilleros impidieron el ingreso en la vereda El Tierrero, donde permanecen vigilantes desde una estación de gasolina.
En Toribío hay cerca de 9.500 cultivadores que producen aproximadamente 250 libras de droga cada cuatro meses, que es el tiempo entre la siembra y la recogida. Esto equivale a cerca de 2.375 millones de libras de marihuana y 23.000 millones de pesos en ganancias para la organización en dicho periodo. “Aquí hay una serie de grupos al margen de la ley enfrentados entre sí”, agregó Jaime Díaz Noscué, alcalde de Toribío.
Lo cierto es que el conflicto no solo se da entre la guerrilla y el Ejército, sino que también nacen nuevos grupos que se enfrentan entre sí por el poder territorial. Aún quedan algunos residuos del ELN en la zona, pero en la parte alta surgió un llamado frente 57, el cual busca darle una orientación ideológica a la guerra del Cauca. La Dagoberto Ramos es la más grande, con la mayor cantidad de hombres en sus filas. “Si se aparecen por aquí, les damos plomo”, dijo un hombre que abordó a los periodistas en zona rural de Caloto, explicando las dinámicas del conflicto con otros grupos.
Una forma de nutrir las filas ha sido el reclutamiento de menores. Según los líderes con los que conversó SEMANA, los milicianos reclutan niños y adolescentes desde los 8 años. Los seducen con celulares, recursos y motos para que dejen el colegio y se unan a ellos. El frente Jaime Martínez manda en el noroccidente, al pie de la cordillera Occidental, principalmente sobre los municipios de Suárez, Buenos Aires, Morales, Cajibío y Piendamó. Esta estructura también tiene fuerte presencia en Jamundí, a tan solo 25 minutos de la capital del Valle del Cauca.
En los cascos urbanos del noroccidente se vive en tensa calma, dado que los atentados y enfrentamientos cerca de la zona de mayor tránsito y comercio son esporádicos, pero ocurren. Los milicianos transitan vestidos de civil, con gorras alusivas a las Farc y armas cortas en el cinto. Las motocicletas patrullan camufladas entre la gente para alertar a los jefes de las disidencias, quienes permanecen en las veredas.
La Policía Nacional y miembros del Ejército reciben bombazos y ráfagas de fusil con frecuencia. En Suárez, la base militar se encuentra abandonada por hostigamientos de las Farc, a pesar de encontrarse en inmediaciones del embalse de Salvajina, una hidroeléctrica a cargo de la empresa Celsia. Así también ocurre con estaciones en los cascos urbanos y veredas, de las cuales algunas se encuentran destruidas por ataques, lo que provoca que los uniformados tengan que cercar el área alrededor del predio con el fin de garantizar la protección de quienes laboran en las oficinas.
“No podemos vender las tierras”
El otro flagelo que tiene secuestrado al departamento es la extorsión, de acuerdo con Hernán Garcés Sandoval, gerente del Comité de Ganaderos del Cauca. En el último año muchos miembros de esta organización campesina tuvieron que abandonar sus tierras por el asedio y los altos precios de las vacunas exigidas por las Farc.
“Aquí las extorsiones pueden alcanzar hasta los 60 millones de pesos, y es un dinero que les obligan a pagar a personas que, por ejemplo, apenas tienen cinco o seis cabezas de ganado. Muchos han optado por comenzar a vender”, señaló Garcés.
Sin embargo, ante la intención de vender, reaparecen los criminales de las Farc para advertirle al nuevo comprador que la operación no se puede hacer, pues el anterior dueño les debe 500 millones de pesos de extorsión; es decir, la advertencia es clara: compra, pero paga la vacuna del año por adelantado. “No podemos vender nuestras tierras sin el permiso de ellos”.
“Entonces, ¿qué pasa con esas tierras? Se están quedando sin producir porque las personas tienen temor de regresar. Ya ellos no están visitando sus fincas porque no tienen el dinero para hacer estos pagos que les están exigiendo los grupos armados (...). Han tenido que despedir a sus trabajadores”, agregó el representante ganadero.
Ahora el miedo es que, ante la improductividad de esas tierras, corren el riesgo de ser consideradas como latifundios baldíos y pasen a ser declaradas improductivas por el Gobierno. “Ahí se abre una brecha con lo que se ha dicho, que estos terrenos serán expropiados. Entonces, la disyuntiva es que no nos ofrecen seguridad ni garantías, pero sí estamos ante la amenaza de la expropiación (...). Es una preocupación muy grande de nuestros productores”. Los ganaderos son partidarios de los frentes de seguridad propuestos por Fedegán para tratar de ponerles freno a las todopoderosas Farc.
El Cauca vive sus peores días en medio de un abandono a todo nivel. La comunidad no puede salir ni entrar. Hay un secuestro colectivo por un régimen del terror. En el departamento, la violencia ha acabado con todo, hasta con la esperanza.